Gerardo
Raynaud
Comenzando la década de los años setenta, en Cúcuta
comenzó a gestarse una época de bonanza, fruto de las nuevas políticas
económicas aplicadas en Venezuela que en buena parte coincidieron con el inicio
de la crisis petrolera mundial y que le produjo al hermano país una avalancha
de recursos financieros, que los aturdió y los cogió por sorpresa, al punto que
los medios comenzaron a aplicarles el término de ‘Venezuela Saudita’, situación
que, dicho sea de paso, terminó por beneficiar a la ciudad y la región.
Entonces, había dinero a raudales, al comprador venezolano se le podía
clasificar en dos categorías: el de la clase alta o pudiente, que se desplazaba
a Miami a realizar sus compras y demás gastos, en su mayoría superfluos y el
comprador de las clases menos favorecidas pero no por ello con menos poder
adquisitivo, quien venía a Cúcuta, no solo a comprar sino a divertirse.
Esto lo digo con conocimiento de causa, pues por esa
época, le fue contratada a la Universidad Francisco de Paula Santander, un
estudio sobre el ‘gasto venezolano’ en la ciudad y del cual tuve la fortuna de
participar, siendo esa una de las principales conclusiones. La temporada del
‘tá barato, dame dos’ todavía la añoramos los cucuteños, ahora con la situación
tan diametralmente opuesta que tienen los ‘pobres venezolanos’. A la par de las
ventas minoristas que se les hacían a los compradores venezolanos, comenzó a
crecer el comercio exterior formal hacia Venezuela y cada día era más
apremiante tener una infraestructura que permitiera agilizar los trámites y
permitir mayor fluidez en las operaciones, tanto de exportación como de
importación. Recuerdo que durante un
buen tiempo se estuvo planteando la necesidad de un ‘área internacional de
trasbordo’ que permitiera que lo anterior se ejecutara, sin que ello se
lograra, ignoro las razones.
Sin embargo, el gobierno regional, por intermedio de
la Gobernación del Departamento, preocupado por esas mismas razones, optó por
contratar un estudio que le permitiera, tomar decisiones al respecto y por
ello, contrató con el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (ITT),
dependencia del Ministerio de Desarrollo Económico de la época, el estudio de
Factibilidad de la Zona Franca de Cúcuta. El contrato se firmó a comienzos de
1971, no tengo el dato exacto y se entregó en 1973, fecha en la cual se
socializó ante las autoridades, los
empresarios y gremios de la ciudad, en el salón de actos del Banco de la República,
segundo piso para ser más exactos, reunión a la cual tuve el privilegio de
asistir.
Hizo la presentación del estudio el director del
Instituto, quien venía acompañado de los principales asesores que habían
participado de la investigación y quienes en conclusión, dijeron que la Zona
Franca de Cúcuta, no era viable, por lo menos en ese momento. Los argumentos
esgrimidos fueron muy simples y lógicos y se apoyaban en la situación de
‘mediterraneidad’ de la ciudad y la región, de la falta de vías y del
aislamiento general que se presentaba, algo de lo cual no hemos superado
todavía, casi cuarenta años después. Adicionalmente, presentaban como factores
adversos, el escaso desarrollo empresarial, la falta de recursos físicos como
la mano de obra y las limitaciones en los servicios públicos, especialmente el
de suministro de energía eléctrica.
Los empresarios y gremios presentes, pusieron el grito
en el cielo, esgrimían como argumento en contra que habían concebido una Zona
Franca que utilizaría el trasporte aéreo y que por eso, los terrenos proyectados
estaban cercanos al aeropuerto. Aunque todos coincidían que la Zona Franca se
había proyectado para aprovechar la situación del mercado venezolano, mediante
la instalación de empresas manufactureras, esto no se presentó por las
características de la legislación de entonces, la falta de estímulos a la
inversión y los altos costos en los que incurrirían las empresas que allí se
instalaran.
El hecho es que a pesar de la conclusión negativa del
estudio de factibilidad, días después, como una decisión política tomada más
por la presión de los intereses locales, el Ministerio de Desarrollo Económico,
autorizó la creación de la Zona Franca Industrial y Comercial de Cúcuta y
procedió a darle vida jurídica para que cumpliera con los objetivos que le
señalaban las normas.
Fue en octubre de 1974 cuando se inauguró formalmente.
Fue nombrado como primer gerente, la persona que más trabajó y abogó por su
creación, quien lideró y participó en los momentos claves, desde su concepción
hasta la inauguración, el abogado y periodista José Neira Rey. En su discurso
inaugural hizo especial énfasis en los efectos económicos que para el
departamento tendría la nueva institución y les solicitó a todos los sectores
su apoyo para darle impulso necesario para lograr su despegue definitivo. La
ceremonia inicial tuvo una masiva asistencia, la bendición corrió por cuenta
del obispo de la ciudad, Pedro Rubiano Sáenz, vinieron los ministros del
Desarrollo y Obras Públicas, José Raymundo Sojo Zambrano y Argelino Durán
Quintero y toda una pléyade de funcionarios públicos tales como el gerente
nacional del SENA y todos los mandos altos y medios del ministerio de
Desarrollo Económico, muchos de ellos invitados especialmente por un empresario
de la ciudad, el director de Aduanas y los presidentes de Fenalco y Acopi, los
gerentes de las principales Zonas Francas del país, los cónsules de Colombia en
las ciudades venezolanas fronterizas, los presidentes de la cámaras de comercio
de las ciudades vecinas, los presidentes de los Almacenes Generales de Depósito
y hasta el presidente Carlos Andrés Pérez iba a venir pero en últimas envió un
mensaje de felicitación y de buen augurio para la nueva empresa.
Ahora, no cabe preguntarnos por qué la Zona Franca de
Cúcuta nunca funcionó como hubiera debido, si las razones fueron claras desde
el comienzo. Ante todo primaron, desde el principio, otros intereses que se
antepusieron a los generales del proyecto. El lánguido transcurrir de las
operaciones, sumado a la evolución que sufrió el concepto de zona franca cuando
se creó la Organización Mundial del Comercio, que prácticamente las sentenció a
muerte lenta, fueron parte de los factores que la llevaron a la situación que
hoy estamos observando: la subasta de sus instalaciones y por ende, su formal
desaparición.
Recopilado
por: Gastón Bermúdez Vargas
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