Gerardo Raynaud
Desde la época de la Colonia, cuando en los pasillos de la Real Audiencia,
funcionarios, tinterillos, lagartos y demás especímenes de la fauna política
rondaban a los oidores y burócratas de la administración, se oían las
discusiones, que en torno a los problemas y conflictos de la población, se
debatían por fuera del recinto donde se reunían los legisladores de entonces y
tal como hoy sucede, allí se “arregla el país”.
Esa costumbre tan nuestra no se ha perdido y en algunas oportunidades sirve
de “lobby” o cabildeo, como ha dado por nombrarse en castellano.
A mediados del siglo pasado, en nuestra calurosa ciudad, se oían esas
discusiones en los corredores que circundaban el salón de reuniones de la
Asamblea de Norte de Santander, algunas de las cuales vamos a narrar, para
demostrar que poco han cambiado las posiciones y las actitudes de las gentes,
que de una u otra forma tiene la política como una de sus formas de vida.
Antes de las sesiones de la Duma, oíamos algunos contertulios conversando
acerca de aquellos diputados “llegados recientemente a la ciudad, de los que
residen fuera” sobre temas generales, como el Estado de Sitio, la censura de
prensa o la escasez de combustibles, agregando que el general Matamoros
(gobernador militar) hubiera podido hacer de Norte de Santander un
departamento modelo, si prevalido de sus funciones omnímodas y discrecionales
de que estaba investido, hubiera acabado con los vagos y rateros, hubiera llevado
a feliz término el desarme general sin contemplaciones de ningún género,
hubiera echado fuera del mercado, todo lo que no son víveres y comestibles,
hubiera implantado por la fuerza el uso del litro y no la botella de 720 c.c. y
del kilo y no la libra incompleta, hubiera organizado las rentas y sobre toda
consideración, hubiera hecho lo que dejó de hacer, por su natural bondadoso, su
deseo de no agravar la situación que encontró, el anhelo de lograr con guante
de seda la franca armonía entre los nortesantandereanos, para no hacer sentir
más grave, la situación y el momento.
Un grupo, algo más optimista, ventilaba sus creencias arguyendo que los
diputados venían con las mejores intenciones, dispuestos a trabajar, alejados
del propósito de seguir como antes, en tardes y noches de zambra por causas
bizantinas, más ahora que la presencia de los militares en las posiciones de
poder no les permitía el accionar violento que algunos políticos estaban
acostumbrados a esgrimir cuando veían perdidos sus argumentos.
Los analistas “de pasillo” estaban seguros que, ahora sí, la Asamblea se
disponía a organizar las Rentas, con un criterio comercial, de negocio, donde
jugaran los intereses de lucro y prescindiendo de la política. Entre ellos
mismos se ponían ejemplos. Miren, decían, durante el gobierno liberal, siempre
se tuvo un grupo de estampilladoras de tabaco o un contrato con un favorito del
régimen, para llenarlo de dinero.
Ahora, la Compañía Colombiana de Tabaco ha solicitado que le entreguen las
estampillas y ella las coloca mediante un sistema mecánico, aseado, higiénico y
práctico, pero esto no ha sido posible porque hay que seguir pagándoles, ya que
son amigas de alguien, hijas de alguien o hermanas de alguien.
En medio de la discusión, otro de los compadres trajo a colación el caso
del anterior Secretario de Hacienda, don Efraím Villamizar, como ejemplo de
eficiencia y trasparencia en el manejo de las finanzas departamentales.
Durante su gestión, don Efraím se preocupó por esos problemas y para
llevar a cabo la supresión del estampillaje de la cerveza por cuenta del
Departamento, estudió el procedimiento que Bavaria había establecido en otros
lugares de la geografía nacional y lo implantó en su jurisdicción “con bastante
economía y ventaja para el fisco departamental.”
En el caso del impuesto al tabaco, lo que más preocupaba a los diputados
era el desempleo que generaba la supresión de las estampilladoras, a pesar de
las propuestas de la tabacalera de vincularlas en sus depósitos de
calificación, clasificación, empaques y despachos de la materia prima a otros
departamentos y al exterior.
Al parecer, era más importante la pérdida de los votos y el trabajo fácil,
que el desempeño de labores productivas en una gran compañía.
Pero las reales intenciones de los honorables diputados era el estudio “en
forma meditada y premeditada” del monopolio de los productos destilados de la
fábrica de licores, toda vez que los gravámenes sobre los licores solo podían
establecerse sobre los de producción nacional, puesto que para los licores
extranjeros se tenían varias restricciones, entre ellas, la de las
indemnizaciones a los comerciantes que llevaban muchos años importándolos y que
le costaría “un ojo de la cara” al Departamento, además de tener que garantizar
un stock que satisficiera la demanda y que se calculaba en unos cien mil litros
anuales.
A todo este complique, había que añadir la jurisprudencia que en este
sentido habían establecido, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de
Justicia, que sólo se permite el monopolio sobre lo que puede producirse y el
Departamento no puede fabricar brandy, ni whisky, ni champaña y lo que es más
grave aún, el factor contrabando que se generaría por un alza en los impuestos
de estos productos.
Antes de empezar sus sesiones ordinarias, este grupo de analistas empíricos
comenzó por acomodarse en sus respectivos lugares de las barras, con la firme
esperanza que la Asamblea se dedicara a trabajar en bien del Departamento y no
a hacer política de partidos ni de intereses particulares.
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