Gerardo Raynaud (La Opinión)
Recibimiento del presidente Alfonso
López Pumarejo a Cúcuta en 1942.
A comienzos de la
década del cuarenta en la apacible Cúcuta, las principales noticias de los
medios estaban enfocadas en difundir las actualidades de la Segunda Guerra
Mundial y en
una que otra
a nivel nacional.
Las noticias
locales que ofrecían
algún interés eran las políticas y una que otra como
noticias breves en las que se daban a conocer informes y más que todo,
decisiones que se tomaban en beneficio de la ciudad y sus ciudadanos.
He llamado
esta crónica como
“notinovedades” para narrarles
algunas informaciones que fueron
difundidas, unas como verdaderas primicias y otras que muestran el tradicional
acontecer de una ciudad en plena evolución.
Empecemos con la
Resolución que lleva el número 5, de fecha 10 de julio, expedida por el señor Director de Circulación
y Tránsito Miguel E. González G., que mediante la cual comunica a las empresas
que prestan el servicio de buses urbanos y a los camiones de trasporte
urbano de mercancías,
que los colectores de los primeros y los ‘caleteros’
de los segundos debían
portar sus respectivos
uniformes.
Los ‘colectores’
para aquellos lectores
más jóvenes, eran
los encargados de cobrar la tarifa o pasaje que debían pagar
quienes se subían
a los buses,
valor que incluía tanto el precio que pagaba el
pasajero como los paquetes o cualquier otro elemento que excediera
un volumen que
requiriera un espacio
adicional dentro del
bus, bultos, paquetes,
animales, por ejemplo.
Para ellos
establecía la Resolución, que el uniforme era un overol azul y una boina
con placa en orden numérico y además debía poseer un carnet que
lo acreditara como
‘colector’, expedido por la empresa a la cual prestaba su
servicio.
Para los
‘caleteros’ o ‘bulteros’
sólo se les
exigía portaran un overol, sin importa el color pero en
buenas condiciones de
aseo, pues en ambos casos, la Resolución fue
expedida por las reiteradas quejas de
los usuarios de estos servicios debido
a las condiciones
de desaseo y
suciedad que presentaban
estos individuos.
La Resolución
notificaba a todos los propietarios de vehículos destinados a esta clase de
servicios, “que deben abstenerse, en lo sucesivo, de dar ocupación a las
personas que no vayan provistos en la forma señalada, incurriendo en caso
contrario, en multas de $2 a $5, convertibles en arresto en proporción legal.
De otra parte, debido
a una amenaza sanitaria generada por una epizootia porcina producida por un
“virus filtrable”, el Gobierno Departamental expidió el Decreto Ejecutivo No.
277 del 26 de junio, mediante el cual se impedía la movilización y traslado de
cerdos procedentes de los municipios afectados que se extendía
desde Toledo, Labateca y Pamplona hasta Arboledas, Salazar, Gramalote
y Puerto Villamizar.
La Comisión
Nacional de Médicos Veterinarios, dirigida por el doctor Rafael Colmenares, fue
enviada por el Ministerio de la Economía, en razón de la gravedad de la
amenaza, toda vez que las bajas ocurridas estaban en el 100% de las piaras
infectadas. La Comisión,
integrada por un
selecto grupo de profesionales,
trabajó activamente estableciendo un doble cordón sanitario en los municipios
antes citados, permitiendo aplicar los sueros de inmunización y vacunación con
los que pudo controlarse la situación.
Con el desarrollo
de la industria petrolera en la región del Catatumbo, la actividad constructora
de la ciudad comenzó a expandirse y por ello se hacía necesario disponer de
terrenos céntricos que pudieran dedicarse a edificar viviendas para quienes se
afincaban en la ciudad, siendo necesario, en ocasiones, proceder ‘a las malas’
cuando los propietarios de los lotes no cedían a las propuestas del municipio o
de los constructores privados, para que fueran entregados para este propósito.
A mediados del año
del título, no le quedó más remedio al alcalde Marco Fidel Colmenares, que
solicitarle, previa petición de la Junta de Vivienda Popular, autorización al
Honorable Concejo para expropiar
un lote de
terreno en el cual se construiría
el Barrio Popular.
El terreno en
mención, tenía una superficie de cinco hectáreas y era de propiedad conjunta de
Juan Tomás Sayago y las señoritas Ilda, Isolina y Ana Francisca Bautista.
Notificadas estas personas del proceso de expropiación, le manifestaron a la
Junta de Vivienda su voluntad de llegar a un arreglo satisfactorio, sin
necesidad de adelantar el juicio de expropiación.
Toda esta situación
se presentó debido a la urgencia que tenía la Junta de Vivienda de iniciar el
proyecto, pues ya se había aprobado una partida de $180.000 para tal efecto y
urgía comenzar a la mayor brevedad. Se sabe que en los días siguientes propietarios
y municipio llegaron a un mutuo acuerdo, con lo cual, pudieron levantarse
los planos respectivos
que fueron enviados
al Ministerio y
recibir el primer
anticipo oficial con
el que quedó
sellado el proyecto.
Para terminar esta
crónica con noticias que tuvieron alguna trascendencia en la época
señalada, cabe mencionar
una de las
tantas controversias en las que
se vio enfrascado
nuestro muy reconocido
padre Daniel Jordán, cuando publicó en el diario El Siglo,
una columna con el título de ‘Punto
Final’, en la cual pretendía dar por terminado un incidente en el que algunos
personajes se excedieron en el uso del lenguaje, con términos que para muchos
resultaban injuriosos y ofensivos.
Muchos se
sintieron ofendidos por
el escrito y por tal motivo se
quejaron ante la Curia Primada, preguntando si esa publicación puede ser
considerada como suficientemente satisfactoria de
acuerdo con la
exigencia establecida en el canon 2.344, tal como fue ordenada por
el excelentísimo señor Arzobispo de Bogotá.
Tuvo entonces la
Curia que salir a desautorizar al R.P. Daniel Jordán en los términos que a
continuación mostramos: “...el señor presbítero Daniel Jordán no pertenece al
clero de la Arquidiócesis, ni en la presente ocasión se ha acercado a esta
Curia a recibir las debidas licencias para ejercer el sagrado ministerio en la
Arquidiócesis; que por otra parte,
no puede lícitamente
escribir en los periódicos sin la
venia y consentimiento de su Ordinario, al tenor del canon 1.386 y sin la
previa censura eclesiástica que prescribe el canon 1.385 en su parágrafo 1 No.
2 para ‘todo escrito en que haya algo que interese de manera peculiar a la
religión’, no representa en forma alguna el pensamiento de esta curia, ni menos
está autorizado para
señalar términos a
sus actuaciones.
El prelado acoge
complacido el propósito expresado por el señor director de ‘El Siglo’ en su
edición de hoy, de poner un punto final. Pero advierte que para dar la cumplida
satisfacción que exige el canon de quien ha injuriado a las personas investidas
de autoridad sagrada... no basta expresar en forma abstracta que ‘no ha habido
ninguna intención de injuriar a la autoridad de la Iglesia, ya que contra todas
las personas mencionadas se han hecho cargos concretos y gravemente
injuriosos...”. Como siempre, sin más comentarios, los hechos fueron quedando
en el olvido.
Continuando con
las noticias de 1942, en el campo económico, se anunciaba la inauguración de un
moderno edificio en la esquina sureste del parque Santander, donde antes
existía un viejo caserón que había sobrevivido, en parte, al terremoto ocurrido
hacía más de seis décadas, donde se estableció la firma alemana Breuer Moller
& Co, filial de su similar en Maracaibo y cuya oficina matriz tenía sede en
Hamburgo. Como es bien sabido, al estallar la Segunda Guerra Mundial, gran
parte de los países se vieron en la necesidad de asumir su posición
política con uno u otro bando, y esta situación desencadenó la declaratoria de
guerra contra los países del ‘eje’, entre los cuales estaba Alemania y por esa
razón, las casas de comercio alemanas y las empresas alemanas en general, la
SCADTA incluida, tuvieron que vender o salir del país.
Esa
construcción en adobe fue adquirida por don Antonio Copello, apreciable
caballero venezolano, descendiente de italianos, quien había llegado a la
ciudad cuatro años atrás. Desde entonces, estableció sus negocios de forma
autónoma, demostrando una gran capacidad comercial, pero además, desarrollando
un criterio social amplio, justiciero y estimulante, así como un espíritu de
servicio público cuyo reconocimiento sería recompensado en el futuro. No
era un empresario tradicional, pues sus ideas revolucionarias para la época, lo
avalaban como un visionario. De eso daban constancia los empleados de sus
empresas, cuando los hacía participes de sus beneficios y ganancias y
contribuía a financiarles la adquisición de sus viviendas.
El viejo
caserón de la esquina de la calle de Caldas con carrera de Panamá, se hallaba
desocupada desde hacía dos años, pues sus anteriores propietarios tuvieron que
abandonar la ciudad por la situación antes comentada.
Después de
varios meses de negociación, se llegó a un acuerdo para su cesión, siendo
adquirida por don Antonio Copello quien tuvo la idea de construir un moderno
edificio, en esa esquina donde por muchos años funcionó el almacén Tony, pero
la cuantiosa inversión de $300.000 excedía su presupuesto, razón de más para
levantar allí sólo unos locales comerciales de moderna presentación, en los
cuales invirtió la suma de $25.000, más acorde a sus capacidades financieras.
El nuevo edificio se dio al servicio en los primeros días del mes de
septiembre.
Continuando
con las noticias económicas, la Cervecería Nueva de Cúcuta anunciaba el
lanzamiento al mercado de un exquisito producto elaborado en sus acreditadas
factorías; se trataba de un nuevo tipo de cerveza, la Sajonia Pilsen, de
muy grato sabor y de poder tonificante, según los avisos. Fueron invitados las
personalidades más influyentes de la ciudad y entre ellos, los periodistas que
por entonces eran los más apreciados debido a su poder de convocatoria y
porque, además, no se perdían ninguno de estos acontecimientos.
El nuevo
tipo de cerveza, se lee en uno de los comentarios, no deja nada que desear,
decían después de paladear detenidamente varias copas de tan rica y deliciosa
cerveza que les había sido facilitada por la gerencia de la fábrica y
remataban que, por esa cerveza, fruto del esfuerzo cucuteño les era grato enviar
sus felicitaciones a la Cervecería Nueva de Cúcuta y al propio tiempo
recomendar al público colombiano este nuevo producto.
Acercándose
el final de año, el administrador del Cementerio Municipal, preocupado por el
triste estado que exhibía el camposanto expidió la siguiente Resolución: “…
Considerando que el camposanto donde reposan nuestros queridos familiares y el
interés que han puesto de manifiesto las autoridades y los particulares cada
día de embellecer para hacerlo más digno de esta capital y por la transformación
que se le está dando al Cementerio, a las tumbas y ornamentos que allí se han
levantado, requiriendo la mejor presentación y constante limpieza de modo
especial para la conmemoración de todos los nuestros que reposan en este santo
lugar, Resuelve:
Invitar
encarecidamente a todos los propietarios e inquilinos de panteones, bóvedas y
resteros construidos en este lugar, que para el próximo día 2 de noviembre del
corriente, los presenten convenientemente barnizados y bien presentados a fin
de que el santo lugar ofrezca el aspecto de belleza a que es acreedor y que
tanto dice del sentimiento católico de la ciudadanía.
La atención
que presten a esta solicitud con motivo del día de ánimas, el suscrito
administrador les quedará muy agradecido. Sométase la presente resolución a la
aprobación del señor alcalde de la ciudad y aprobada désele publicidad; firmada
en Cúcuta, el 3 de septiembre de 1942”.
Y para que
vean la dinámica de la política de entonces, el alcalde en ese momento era Luis
Monsalve Cuberos, el cuarto mandatario encargado del cargo.
Los hechos
violentos tampoco se quedaban atrás, aunque en menor proporción que los
actuales. Asaltos, atracos y agresiones no eran tan comunes, menos cuando se
trataba de personajes de reconocida trayectoria comercial o política y que
cuando se presentaban daban de qué hablar en los tradicionales tertuliaderos
pero también eran la comidilla de los medios tanto los escritos como los
hablados.
Por esta
razón, lo ocurrido al propietario del Almacén Divina, un comercio de reconocida
tradición, ubicado en el corazón del centro de la ciudad, llamó la atención de
la ciudadanía que no se explicaba los motivos por los cuales se había
presentado. Era entonces dueño del almacén don Alfredo Vivas. Ese día un martes
de octubre, estaba don Alfredo preparándose para cerrar las puertas del almacén
para irse a descansar cuando súbitamente sonó un primer disparo que le
pasó rozando la cabeza, al girar su cuerpo observó un hombre que se escondía
detrás de la puerta y desde allí continuaba disparándole, entonces viéndose
desarmado, buscó defensa detrás de los árboles existentes en la calle diez. El
agresor que fue identificado con el alias de “Rochil” era Bernardo Castellanos,
quien comenzó a perseguirlo logrando impactarlo en el hombro. Herido, don
Alfredo buscó refugiarse en el zaguán del hotel Palace, en donde logró esquivar
la persecución y en el momento en que el atacante recargaba su arma, llegó la
policía municipal y lo capturó.
Don Alfredo
fue llevado al Hospital San Juan de Dios, recuperándose prontamente de sus
heridas. El bandido fue procesado y posteriormente condenado, sin que se
establecieran claramente cuáles fueron los motivos del ataque.
Recopilado por: Gastón Bermúdez V.
No hay comentarios:
Publicar un comentario