martes, 31 de marzo de 2015

736.- GOBIERNOS SIN VIDA PARA LOS NECESITADOS



Rafael Antonio Pabón


La vida política de Cúcuta cambió, como en el resto del país, a partir de 1988. En ese año el Gobierno decidió que los alcaldes serían elegidos por el pueblo y no designados a dedo por el Gobernador.

Las urnas se llenaron de tarjetones en los distintos puestos de votación y los cucuteños acudieron a la fiesta con algarabía y sentimiento democrático.

Margarita Silva de Uribe (1988-1990) tiene el honor sobre la espalda de haber sido la primera alcaldesa escogida por el pueblo.

La siguieron en el Palacio Municipal Jairo Slebi Medina (1990-1992) y Enrique Cuadros Corredor (1992-1994).

José Gélvez Albarracín tuvo una palomita de tres meses por suspensión de Cuadros.

El ex-sacerdote Pauselino Camargo (1995-1997) inició el largo transitar de alcaldes por los despachos sin dejar herencia para los habitantes de la calle.

Mientras el ex-cura ganaba las elecciones, algunos comenzaban el triste deambular por el mundo incierto que se vive fuera de un hogar, sin cariño, sin más compañía que otros seres en igualdad de condiciones paupérrimas para buscarse el sustento cotidiano.

Entre la basura y los desperdicios que ponen en los andenes las familias de clases medias y altas debían procurarse el alimento, el vestido y el trabajo.

A Pauselino, como confianzudamente lo llamaron los cucuteños, se lo recuerda por el retiro de las ventas estacionarias del centro de la ciudad. Se ajustó la sotana a la cintura y tomó la decisión de limpiar las aceras.

Retiró los cientos de casetas que estorbaban el libre caminar de los peatones. Por fin aparecieron las fachadas de los almacenes y en las vitrinas pudieron verse los modelos de pantalones y camisas ofrecidos en bolívares.

Los mejores compradores venían de Venezuela, y a pesar del descenso del poder adquisitivo de la moneda vecina, las registradoras todavía guardaban los billetes marrones con la imagen de Simón Bolívar.

Enrique Cuadros, en la administración anterior, remodeló el Palacio Municipal. La condición de arquitecto lo llevó a repensar la sede del gobierno local. La estructura se hizo moderna, hubo reacomodo de las oficinas y los pasillos se trasformaron.

Hasta para instalar dos ascensores alcanzaron los recursos.

Esta edificación la disfrutó Pauselino, de quien se creía que por su formación sacerdotal tendría mayor vocación para trabajar con los menesterosos. No fue así.

El equipo de trabajo que lo apoyó recibió el remoquete de ‘Gaminete’, porque no convencía con las decisiones ni con los programas proyectados. Para los habitantes de la calle no hubo nada.

Años más tarde, cuando en la Alcaldía solo quedaba la sombra del paso del hombre aquel que se educó en las aulas de los seminarios, Pauselino fue asesinado mientras aguardaba a su compañera para regresar a casa.

El hecho ocurrió en el Centro Comercial Bolívar. El crimen quedó en el expediente de Salvatore Mancuso como autor intelectual.

José Gélvez Albarracín (1998-1999) cumplió una destacada función al frente de la Tesorería del Municipio.

Ese trabajo y la demostración de honestidad, porque no necesitaba esquilmar al erario cucuteño, le valieron para aspirar a la Alcaldía coronar el sueño de gobernar a la capital del departamento.

Campesino de Cucutilla, municipio cafetero y de vocación agrícola, surgió del sector privado con la aureola de buen administrador.

El estar al frente del hotel de la familia Gélvez le significó ganarse la confianza de los electores. En el ejercicio del poder se le atravesaron las tentaciones que aparecen en los despachos oficiales y no terminó el mandato.

La separación del cargo, acusado de cometer irregularidades, llevó al tercer piso del Palacio de Gobierno a  Alberto Duarte Pacheco (asumió el encargo el 2 de julio de 1999), a José Fernando Bautista (encargado del 2 de agosto de 1999 al 14 de noviembre del 2000) y a Betty Parada Montes (encargada del 15 al 26 de noviembre de 2000).

Cerró el círculo de alcaldes encargados Manuel Guillermo Mora (27 de noviembre del 2000), con autorización del gobernador Jorge García-Herreros.

Mora ganó las elecciones y asumió en propiedad el primero de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2003.

A partir del 2004, el período subió de 3 a 4 años de gobierno por reformas a las leyes. Le correspondió en suerte a Ramiro Suárez Corzo (2004-2007) estrenar el alargue.

No terminó el mandato y fue capturado por cargos de parapolítica, el 24 de junio de 2004.

De nuevo se dio el carrusel de encargados.

Comenzó Jorge Enrique Pinzón Dueñas (28 de junio – 5 de septiembre), lo siguieron Gustavo Villasmil Quintero (6 de septiembre de 2004 – 4 de marzo de 2005), Néstor Pacheco (6 – 12 de septiembre de 2007), Jairo Jaramillo Matiz (13 de septiembre – primero de noviembre de 2007), Marco Aurelio Peñaranda (primero de noviembre – 3 de diciembre de 2007), Manuel Alberto Luna Romero (4 – 31 de diciembre de 2007).

Pasada la tormenta, las nuevas elecciones las ganó María Eugenia Riascos (2008- 2011). Por el conocimiento que tenía de los problemas sociales de la ciudad se pensó que podría trabajar por los habitantes de la calle.

Trascurrieron los años y no hubo política alguna a favor de esta población desvalida.

Terminan las dos décadas de gobierno municipal con Donamaris Ramírez, quien asumió el primero de enero de 2012 y estará en el solio de los alcaldes hasta el 31 de diciembre de 2015.

“Por aquí vino Donamaris y nos prometió casa, pero no nos ha dado nada”




Recopilado por: Gastón Bermúdez V.

domingo, 29 de marzo de 2015

735.- VIA AL CATATUMBO, UNA ETERNA DISCUSION



Gerardo Raynaud



Talleres del Ferrocarril en la estación Cúcuta
 

En el informe anual que se le presentaba a la Asamblea General de Accionistas de la Compañía del Ferrocarril de Cúcuta, a comienzos de la década de los cincuenta, su presidente el ingeniero Emilio Gaitán Martín, exponía las dificultades de tráfico que se tenían entre la ciudad y la región petrolera del Catatumbo y el compromiso de la Colombian Petroleum Company de construir una carretera entre Petrolea y Puerto León, punto de empalme con la línea férrea.

Se había despertado una gran inquietud con respecto a la construcción de esa carretera, por parte de la dirigencia económica de Cúcuta, pues afirmaban que esa vía, cuyo trazado estaba diseñado siguiendo la margen izquierda del río Zulia, terminaría compitiendo con la Empresa del Ferrocarril y perjudicando, como dijeron entonces, los intereses “públicos y particulares vinculados a esa empresa”.

Ya por esa época, la administración pública había destinado un presupuesto de cien mil pesos para terminar el trayecto Cúcuta - Petrolea y solamente faltaban veinte kilómetros de ‘banqueo’ para establecer una vía directa.

Sin embargo, la dirección de la compañía ferrocarrilera, no estaba en lo más mínimo preocupada por la competencia que le presentaría la nueva carretera, pues el servicio prestado, tanto a las petroleras que estaban operando en la zona del Catatumbo como a los demás particulares, era más que suficiente.

Tenían entre seis y ocho frecuencias diarias y se transportaban centenares de toneladas de carga y multitud de trabajadores y desde hace mucho tiempo “éstos pasan el fin de semana en sus hogares de Cúcuta, saliendo del campamento el sábado en la tarde y retornando el domingo por la noche, teniendo tiempo suficiente para permanecer en la ciudad por más de veinticuatro horas’.

Estas circunstancias no serían mejoradas por el uso de una carretera ni en seguridad, en regularidad ni en costos.

El único inconveniente, que solo afecta la regularidad del viaje es el trasbordo que debe realizarse en Puerto León para desviarse a Petrolea, sede de los trabajos de la petrolera y eso, solamente para los vehículos y camiones de carga que deben ser transferidos de vagón; para ello, la compañía está estudiando la manera de eliminarlo, tal como se hace en el Ferrocarril de Antioquia, transportando los vehículos automotores en góndolas, en la ferrovía de Cúcuta a Puerto León a un costo significativamente más bajo.

Tal vez la inquietud más destacada que se debatía entre los empresarios locales era la preocupación acerca de las dificultades de suministro a las compañías petroleras que a raíz de esa situación, habían venido realizando construcciones, prácticamente una ciudad entera, que le sirva de centro de aprovisionamiento, pensando que eso le arrebataría su preponderancia económica y política.

En esa misma asamblea se analizaban las incidencias que tendría una carretera de más de cien kilómetros, como si esa fuera la solución para el traslado de los obreros, que en ese tiempo, no tenían las facilidades de hoy y que era pueril pensar que sería como tomar un tranvía o un bus.

Además, para quienes se preocupaban del posible desplazamiento de Cúcuta como núcleo social, debido a la erección de pueblos a lo largo de la carretera al Catatumbo a medida que creciera la exploración y explotación petrolera, se argumentaba que sería al contrario y que se convertiría en un polo de desarrollo, tal como venía ocurriendo en Maracaibo, que a medida que se incrementaba la producción petrolera y crecían los pueblos circunvecinos, más progresaba la ciudad.

Pero regresando a la proyectada carretera que aún hoy no ha podido terminarse, se habían construido apenas 25 kilómetros por la ruta de cerro González, que es el camino de verano y quedan por construir más de la mitad en una zona montañosa, malsana, de topografía accidentada, casi completamente deshabitada y cruzada de múltiples quebradas y ríos  que en algunos lugares necesitan de puentes, como uno sobre el mismo río Zulia de más de doscientos metros de longitud.

El mayor temor que se cernía sobre el Ferrocarril, era que si se lograba terminar la dichosa carretera, su existencia y continuidad se vería seriamente afectada y que las consecuencias económicas para la región serían terribles.

De acuerdo con lo anteriormente dicho, podríamos concluir que esa es la causa, por lo menos la causa original de la apatía por esa carretera que perdura aún en la actualidad.

Las observaciones planteadas fueron recibidas por los accionistas con bastante preocupación, pues las lógicas consecuencias eran previsibles con altas posibilidades de ocurrencia, sobre todo por la importancia que el gobierno nacional le estaba dando a la naciente industria petrolera, máxime cuando uno de sus más ilustres hijos tenía nexos inevitables con ella.

Aunque el gobierno, gestor de la idea de la carretera que iba paralela a los rieles del ferrocarril, argumentaba que no afectaría los productos de este, la empresa tenía la información a la mano para contradecir tales aseveraciones.

El ferrocarril solo obtuvo una utilidad líquida del diez por ciento aproximadamente, que en cifras redondas eran menos de cuarenta mil pesos y que de seguir con esa tendencia iría a la quiebra en pocos años, lo que efectivamente sucedió, aunque no exactamente por culpa de la carretera que finalmente no se construyó, sino por cuestiones de ineficiencia, adicionadas con los problemas de orden político y social que afectaron la frontera en ambos sentidos.

Se decía que al acabarse el tren, se anularían las exportaciones por la vía de Maracaibo, pues las mercancías que venían del oriente del país tendrían que atravesarlo para despachar por Barranquilla especialmente, por la ruta del río Magdalena y lo mimo sucedería con las importaciones que llegaban por la ruta inversa.

También obró con particular fuerza, la prohibición de exportar café por esta frontera, producto que era uno de los principales rubros de ingresos del ferrocarril, elemento que contribuyó a darle la estocada final a este proyecto ferroviario.

De acabarse esta compañía de manera intempestiva como se auguraba entonces, el mayor problema sería el social, toda vez que el desempleo generado por ésta, que era una de las de mayor generación de trabajo en el país, aunado a las graves pérdidas de sus accionistas que de buena fe habían hecho las inversiones necesarias para impulsar una de las empresas de mayor desarrollo de la región.

Por estas razones, al cierre de la Asamblea, se aprobó una proposición para que el gobierno nacional apoyara a la empresa como eslabón indispensable en la ruta internacional del comercio exterior del país, por la vía de Bogotá-Cúcuta-Maracaibo.

Hasta el día de hoy, el estado de la carretera es prácticamente el mismo que tenía a la fecha de estos hechos.



Recopilado por: Gastón Bermúdez V.

viernes, 27 de marzo de 2015

734.- INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL EN CUCUTA



Hugo González


La historia de la Seccional Norte de Santander de Medicina Legal en Cúcuta se pierde en el tiempo porque  no existe sustento escrito alguno y además por la carencia de registros producto del incendio de la Gobernación de Norte de Santander (1989), en donde funcionaba la oficina de la Dirección de Justicia, y por la deficiente conservación de los archivos.

Tal vez, los recuerdos principales de la Seccional, en sus primeros años corresponden a las malas  condiciones locativas y de trabajo para los funcionarios.

Inicialmente funcionó en un garaje alquilado en el  barrio Latino, cerca de la cervecería Bavaria, en donde se atendía a los usuarios en muy precarias condiciones, mientras que se utilizaba la morgue del Hospital San Juan de Dios (Pamplona) para la práctica de las necropsias.

Uno de los comentarios obligados de quienes conocieron esta sede se refiere a las goteras que se presentaban en las épocas de lluvias.

Posteriormente, la oficina fue trasladada al Hospital San Juan de Dios,  edificación centenaria, con un marcado deterioro locativo.

Al igual que la oficina, la morgue presentaba las mismas condiciones y sin las especificaciones propias, estando los peritos y técnicos expuestos a enfermedades  infecciosas y a los riesgos de salud ocupacional.

Tras la construcción del edificio del Palacio de Justicia en Cúcuta se asignó una oficina (en un espacio de 72 m2) a la Seccional. El traslado a esta nueva sede se hizo realidad en 1990.

Para esa época, se inauguró el Hospital Erasmo Meoz, a donde se trasladó el sitio de la práctica de necropsias a una morgue que era compartida con la sección de patología del Hospital.

La historia de la Seccional da un vuelco significativo con la llegada a la dirección general de Alfonso Cuevas Zambrano, quien asignó la partida presupuestal para la construcción de la sede propia para la Seccional Norte de Santander.

Con la colaboración  de la Alcaldía de Cúcuta, se adjudicó a Medicina Legal un lote de 3.000 m2  en el sector Corral de Piedra, en donde funciona actualmente.

El 29 de octubre de 2014 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses festejó  100 años de labores a nivel nacional.

La seccional de Medicina Legal en Norte de Santander está constituida por las unidades básicas de Ocaña, Pamplona y Cúcuta.

Mediante la Ley 53 de 1914 se crea la oficina de Medicina Legal en Cúcuta. Inicialmente funcionó, como ya se dijo, en un garaje alquilado en el barrio Latino.

Las condiciones de trabajo fueron precarias especialmente por la falta de espacios que impedían el desarrollo, hasta cuando se inauguró la sede propia en donde actualmente funciona.

La sede actual empezó a construirse en el 2004, se inauguró en julio del 2005 e inició labores en diciembre del mismo año.

Con esta sede se dio inicio a una nueva etapa con un laboratorio de balística y el servicio de sicología forense. 

Además con una morgue adecuada que cumple con las especificaciones técnicas de salubridad, con planta de tratamiento de las aguas residuales.

Para los usuarios, mayor comodidad con una sala de espera amplia y consultorios confortables.

En la actualidad se prestan los servicios de clínica forense: corresponde a los dictámenes de lesiones personales, sexológico forenses y dictámenes de edad, embarazo y de estados de salud.

A este servicio le corresponde el 90 por ciento del trabajo pericial que se realiza.

También se prestan los servicios de siquiatría, sicología, laboratorio de balística, biología, bacteriología y patología forenses, que corresponde a la realización de las necropsias médico legales.

Junto con los servicios de identificación, odontología forense y radiología.

Además de la sección de histopatología en donde se emiten diagnósticos a partir de tejidos recuperados para determinar la causa de muerte.

Desde hace varios años el Instituto ha tenido una transformación representada  tanto en implantación de tecnología de punta en sus laboratorios, como en la capacitación de los funcionarios, lo que ha conducido a sea un centro de referencia nacional e internacional a nivel de Latinoamérica.

En la actualidad, la unidad básica Ocaña cuenta con cuatro funcionarios, la de Pamplona con dos y en Cúcuta hay 27.

El Instituto se ha puesto a la vanguardia a nivel de Latinoamérica siendo punto de referencia y centro de entrenamiento de peritos de muchos países que en la actualidad atraviesan por violencia, que vienen a compartir y a aprender de nuestra experiencia.

Esto permite tener estudiantes de práctica de la carrera de medicina de universidades que han suscrito convenio con Medicina Legal.

Se ha tenido épocas de mucho trabajo producto de la violencia de la región, en especial durante los años del 2000 al 2004.

Por ser una labor social al servicio de la justicia ninguno de los peritos ha tenido amenazas, ni intentos de soborno, muy seguramente porque se tiene claro que quienes juzgan son los jueces y quienes acusan son los fiscales.

El Instituto por su naturaleza aporta evidencias, tanto para la Fiscalía como para la defensa de los acusados.

La mayor causa de muerte en el Departamento corresponde a homicidios especialmente, por proyectil de arma de fuego.

En el Instituto se da atención prioritaria a las víctimas de abuso sexual, especialmente si son menores de edad. También a desplazados y a casos que necesitan ser examinados prontamente como los de embriaguez.

Así como los retos que trajeron las exhumaciones e identificaciones por cuenta del proceso de Justicia y Paz con los paramilitares y los falsos positivos del ejército en Ocaña

Las directivas nacionales  están dando gran importancia en el alistamiento tanto en tecnología como en la modernización de los reglamentos técnicos para continuar prestando los servicios con eficiencia en el postconflicto y continuar como centro de referencia tanto nacional como internacional en medicina legal y ciencias forenses.

La inversión en tecnología y capacitación se ha hecho con miras a las nuevas exigencias que se avizoran en tiempos de postconflicto, para lo cual el Instituto continúa en preparación continua.



Recopilado por: Gastón Bermúdez V.