764.- HISTORIA DE UN PROYECTO DE IRRIGACION

Gerardo Raynaud D. 

Finalizando el año sesenta del siglo pasado, muchos planes eran del interés del gobierno central y por esa razón, se contrató con técnicos extranjeros una serie de proyectos regionales que buscaban paliar algunas de las necesidades más inmediatas de las comarcas.

Por esa época, el consultor más reconocido en el país era el profesor canadiense Lauchlin Currie, que a propósito de este ilustre personaje es bueno recordar algunas de sus propuestas que fueron fundamentales en el desarrollo del país en los últimos decenios del siglo pasado.

Antes de venir a Colombia ya había acumulado una vasta experiencia en el desarrollo de políticas gubernamentales, bien como asesor del presidente Franklin D. Roosevelt y de sus bien  cimentadas cátedras en la Universidad de Harvard, donde se destacó como propulsor de la teoría de Keynes y en donde además, propuso como teoría, que uno de los instrumentos para lograr el pleno empleo y salir de la ‘Gran Depresión’, era el gasto público dirigido a la construcción y en eso consistió su gran éxito en el país, cuando colaboró en el diseño del programa de ‘Las Cuatro Estrategias’ en el año 1971, que fue el plan de desarrollo seguido por el gobierno del presidente Misael Pastrana y cuyo eje fundamental giró en torno a la novedosa y revolucionaria idea de crear un sistema de ahorro que permitiera cumplir con el propósito de generar el progreso que se esperaba entonces, a través del sector de la construcción.

Fue cuando por insinuación suya, se creó el original UPAC, ‘unidad de poder adquisitivo constante’ que cumplió con las expectativas que se generaron en ese momento, pues veinte años después se habían construido un poco menos de un millón de viviendas nuevas y abierto algo más de seis millones de cuentas de ahorro.

Con el tiempo, como sucede con la mayoría de las teorías económicas, estás van desapareciendo a medida que evoluciona la economía y se van presentando nuevas situaciones que hacen necesarias la implementación de otras propuestas que se acomoden a esas nuevas circunstancias.

Pues bien, el departamento estaba urgido de proyectos que le permitieran superar su estado de subdesarrollo, especialmente en el sector de la agricultura y la ganadería así que, por esta y otras razones de índole político, el gobierno nacional contrató por intermedio de la Caja Agraria, los estudios económicos sobre la irrigación de los valles del río Zulia y a su vez ésta, contrató al profesor Currie para realizar esos estudios. 

Ante la perspectiva inminente de la ejecución de dicho proyecto, los conocedores del tema, en cabeza del Secretario de Agricultura y Ganadería del departamento, José Joaquín Faillace, expuso las consideraciones que tenían los interesados para que se tuvieran en cuenta y no se cometieran los errores que en el pasado habían sucedido, por no considerar las observaciones de quienes tenían la experiencia y la sabiduría necesarias para colaborar en la obtención de  resultados que favorecieran, por igual a todos los beneficiarios.

El proyecto comprendía 37 mil hectáreas de tierras planas, aptas para la agricultura y la ganadería intensiva y tenía la ventaja socio económica de estar a tan solo 50 kilómetros de Cúcuta.

Era considerado el proyecto más importante para el desarrollo económico del país, pues aportaba una solución inmediata al subdesarrollo de la agricultura y la ganadería regional, por las circunstancias favorables de fertilidad, situación y extensión.

Las tierras planas eran aptas para la agricultura y para una ganadería intensiva y su desarrollo estaba supeditado a la pronta ejecución de un plan de irrigación, que era el que se estaba proponiendo.

La observación de los datos pluviométricos, aunque no presentaban una precipitación extraordinaria, pues eran irregulares en su comportamiento, presentándose épocas de lluvias y sequía, sí ofrecían factores de éxito para el aprovechamiento de los pastos y de los cultivos en general, razón por la cual era necesario implementar un régimen de irrigación y drenaje que hiciera atractivo y rentable la explotación de esos terrenos.

Al mismo tiempo que se le planteaba al gobierno nacional la utilidad del proyecto, la misma Secretaría de Agricultura y Ganadería, presentaba las bases económicas que serían aplicadas para incentivar la puesta en marcha del plan, de manera que comenzara a producir de manera inmediata y sin mayores dilaciones.

El análisis sucinto era el siguiente; en el primer año, apertura de caminos de penetración, iniciación de desmonte, censo de propietarios, creación de una cooperativa agrícola, de la cual ya existía un comité preparatorio asesorado por el Instituto Piloto de Pamplona.

En los dos años siguientes, etapa de descomposición de troncos y aprovechamiento de los pastos, mediante la utilización del crédito ganadero y finalmente, al cuarto año, etapa final de destronque y nivelación.

Para el poblamiento de esa vasta zona, se estimaba que dado el retorno de buena parte de la población que había emigrado a Venezuela, en razón de la violencia que asoló la región, ahora estaba retornando y la colonización de la zona no desmontada estaba bastante repartida y se estimaba en unas cien hectáreas por colono por demás, que el bajo precio que tienen las tierras, el cual se estimaba entre $200 y $300 la hectárea, permitía una parcelación equitativa de los predios de mayor extensión.

Desde el punto de vista financiero, los cálculos de la Secretaría, para cada hectárea, eran bien sencillos; la estimación del desmonte era de $100; venía luego la parcelación de potreros y las respectivas quemas, todo lo cual estaba tasado en $400, lo que implicaba una inversión de $500 para el propietario, con lo cual, la tierra quedaría lista para que en un término de cuatro años recibiera la irrigación que se esperaba produjera el proyecto.

La propuesta era en conjunto con la Gobernación y los créditos otorgados por la Caja de Crédito Agrario.

En resumen, los estudios indicaban que para los cultivos y pastos en la región de Puerto Villamizar y Puerto León, no era necesario el riego, pero para los cultivos de arroz, así como para otros que podrían realizarse en la zona, como algodón, ajonjolí, caña de azúcar, cacao, plátano, banano, palma de aceite y algunas variedades de tabaco, se requería de un sistema de suministro de agua de riego.

El proyecto se planificó para ser ejecutado en cinco años, plazo máximo para utilizar las tierras para la agricultura y cuatro años para iniciar los proyectos de ganadería.

Hoy el proyecto es una realidad y constituye uno de los polos de desarrollo de la región.

Recopilado por: Gastón Bermúdez V.