779.- LOS PROBLEMAS DEL GOBERNADOR LAMUS

Gerardo Raynaud

En las épocas de los gobiernos partidistas del siglo pasado, cualquier excusa era válida para armar un “tierrero”, especialmente contra los miembros del gobierno de turno, por parte de sus opositores y aún de sus mismos copartidarios, si alguna decisión no se alineaba con sus intereses.

Terminando el año 43 del siglo pasado, cuando ya los presupuestos estaban agotados, es apenas normal que se suspendan algunos contratos o se retrasen algunos pagos, para poder ajustar las cuentas de manera que el déficit de final de año se vea reducido a su mínima expresión, eso cuando las finanzas son manejadas eficientemente.

Estaba ocupando el cargo de gobernador del departamento,  el médico Alfredo Lamus Girón, cuando para el último día hábil del año, se distribuyó entre la prensa escrita, una nota de la Gerencia de Rentas, en ese entonces a cargo de un periodista de apellido Pernía, que suspendía todos los avisos correspondientes “hasta segunda orden”.

Aunque esa clase de comunicaciones no causaba extrañeza en el gremio, más por razones políticas que económicas, un grupo de periodistas hizo circular una convocatoria entre los pocos colegas que conformaban el gremio de entonces, en la que se decía que “era para tomar medidas de defensa ante el reto lanzado por el Gobernador”.

La media docena de profesionales que firmaron la citación se comprometieron a reunirse, a excepción de uno que argumentó que “de ninguna manera intervendría en ese asunto, por muchas razones, pero entre otras, porque su diario estaba publicando un ‘aviso licitación’ con todo el lleno de los requisitos y que mal haría en sumarse a ese grupo.

El hecho fue que finalmente, cuatro periodistas conformaron un ‘pacto secreto’, el cual de secreto no tuvo nada, pues se filtró a los medios apenas salió a la luz pública, incluso a través de la prensa capitalina se transmitió el mensaje, toda vez que su corresponsal en la ciudad, Gustavo Buenahora, no desaprovechó la oportunidad, pacto que levantó tal conmoción, que el mismo ministro de gobierno Alberto Lleras Camargo tuvo que intervenir para calmar los ánimos por cuenta del escándalo y de los términos utilizados, calificando a quienes habían firmado el escrito de ‘mercaderes de la pluma’ pues que con ello no hacían otra cosa que comprometerse en secreto de atacar al gobierno hasta tanto no se renueve la publicidad suspendida.

Pero para tener una visión clara de lo sucedido veamos que estaba escrito en el famoso ‘pacto secreto’.

“1. El señor gobernador, contra la tradición de los gobernantes, retiró la propaganda de las Rentas Departamentales, a los periódicos, lo que constituye un reto al cuarto poder.

2. Ante tal hecho, los firmantes se comprometen, bajo su palabra de honor, a tomar las siguientes medidas; fijación de $100 y $200 para la publicación de informaciones y reportajes de carácter oficial y de $400 y $500 en ediciones extraordinarias.

3. No defender al gobierno departamental cuando fuere atacado por los periódicos conservadores y combatirlo con energía.

4. Continuar la publicación de los avisos de las rentas departamentales hasta que el actual gobierno haya dejado de existir para luego cobrar las cuentas correspondientes a la administración que le suceda. (Hemos de advertir que no se menciona a la Asamblea Departamental)

5. En el caso de que cualquier director de un periódico liberal no se someta al presente acuerdo, será atacado violenta y simultáneamente por todos los periódicos aliados por este pacto, hasta colocarlo en una situación de impersonalidad.”

No obstante la reserva que se le quiso imponer al pacto, los corresponsales de la prensa capitalina le dieron la mayor importancia posible e incluso, al ministro de Gobierno, Alberto Lleras, le fue remitido un marconigrama en el que, enérgicamente se le señalaba que el periódico “El Liberal” también había publicado avisos oficiales previamente señalados.

El pacto comenzó a cumplirse con la publicación de una nota en la que se decía que el gobernador Lamus Girón había sido el responsable de que la leche no bajara de precio.

Atento al desarrollo de esta incómoda situación, el ministro le remitió un telegrama al gobernador, poniendo en claro su posición.

En primer lugar, se comunicó con el corresponsal de El Tiempo, para corroborar la noticia, recordando que él mismo había sido director de ese periódico y que conocía muy bien al periodista.

Confirmaba su respaldo al gobernador y de igual manera el recibo de un telegrama al cual no pensaba responder, “por lo irrespetuoso y atrevido y porque contiene afirmaciones calumniosas y porque el dilema es inexorable,  si esos periodistas firmaron el pacto de atacar al gobierno como retaliación por la suspensión de los avisos, ni aún pasando como pasaría por sobre los términos de su mensaje puedo entrar a discutir la ética periodística o de cualquier otra índole con ellos. Si el pacto no existió, el mensaje dirigido a usted por mi, que está estrictamente acondicionado a la comprobación que se haga del hecho censurado en él, no tendrá ninguna importancia y yo no me ocuparé más de este incidente, al cual nada le agregan ni le quitan los susodichos periodista, con el intento de injuriar al ministro de gobierno.”

El ministro continúa diciéndole al gobernador, que así como el señor Buenahora confirma la noticia del pacto y el periódico Comentarios afirma que le fue negada su publicación, con el argumento que se trataba de un acuerdo secreto; considera que se trata de hecho escandaloso y gravísimo (hoy estaríamos hablando de un cartel de periodistas) y que quienes en él se comprometieron, olvidaron su condición de representantes e intérpretes de la opinión pública, de agentes de una misión cuyo ejercicio no se puede alterar y que en Colombia, muy raras veces se ha alterado, por cualquier consideración como la que explícitamente está consignada en el texto del documento que se da por cierto.

Además, afirma que los gastos de propaganda que hacen los distintos gobiernos territoriales, no son imprescindibles y que muchas veces no se justifican. Aún así, demostrada la utilidad, la necesidad  y lo imprescindible de hacer esa publicidad a determinados productos o regiones, habría que revisar… esa costumbre ya tradicional para no correr con el riesgo de que alguien entendiera que los contratos de publicidad oficial llevan clausulas implícitas de defender a los gobiernos contra sus convicciones o gobiernos que quisieran darle ese sentido de subvención y de amenaza a un gasto público, que si es necesario, debe hacerse sin ninguna condición y si es inútil, no debe hacerse.

Finalmente, concluye que “los periodistas del pacto, parecerían creer que la prensa de gobierno y de oposición, miden sus conceptos y toman sus determinaciones políticas, según el mayor o menor grado de los contratos de publicidad que reciben del gobierno.”

Para concluir, afirma que se sabe que tanto en la oposición como en la prensa existen pasiones, vehemencia, exaltación, injurias y hasta exceso de celo periodístico pero nunca negocio ilícito, ni amenaza condicional, ni  expectativa de beneficio económico.

Recopilado por: Gastón Bermúdez V.