Gerardo Raynaud
Antes de la llegada de la nueva democracia al país, en los años previos a
la mitad del siglo, la prensa y los periodistas en general, no perdían
oportunidad de irse ‘lanza en ristre’ contra los funcionarios públicos, sobre
todo cuando éstos estaban en la orilla opuesta de sus convicciones partidarias,
aparentemente protegidos o amparados por ciertas libertades que adquirían por
el estatus que le daba el ejercicio de la profesión.
En ocasiones, unos y otros se excedían en sus comentarios y opiniones y les
generaba sendas contrariedades que por lo general, terminaban en las cortes o
amigablemente cuando amistades mutuas intervenían para zanjar las diferencias
desplegadas.
Eran frecuentes las demandas por calumnia e injuria entre funcionarios y
periodistas, emplazamientos que quedaban en nada, parecido a ciertos casos de
hoy en día.
En esta crónica vamos a detallar una situación acaecida por los años 44 del
siglo 20, cuando se desató una agria polémica entre un ex secretario de
gobierno recién retirado y el director de uno de los periódicos más leídos en
la ciudad.
A raíz de la publicación de una carta en la que el ex funcionario hace unas
imputaciones al director del diario, que por encargo venía ejerciendo, por la
ausencia del director en propiedad, éste presentó demanda, ante el doctor
Rueda, que era Juez Segundo del Circuito en lo penal, por calumnia e injuria
pública.
Por entonces, también era usual que se apelara a las cuestiones personales
para incluirlas como motivo de discrepancias, en especial cuando los argumentos
se agotaban y se traían a colación eventos y situaciones del pasado, que aún
con cierta relación, no concordaban con los sucesos de los que se trataban en
esa ocasión.
Al parecer todo empezó por celos profesionales o envidias periodísticas, a
raíz del préstamo en concesión que le hiciera el secretario de gobierno en
mención, de unas máquinas de escribir, a un medio escrito, competencia del
afectado y todo porque ambos, secretario y periodistas, eran de la misma
filiación política, que le permitieran transcribir las noticias y comunicados
que la gobernación emitía para que se informara a la opinión pública.
Como es apenas obvio, se pudo establecer que el medio demandante está en la
orilla opuesta política y al sentir afectado sus intereses no tuvo más remedio
que denunciar el hecho, motivo del rifi rafe que terminó por empapelar a los
involucrados.
El exsecretario de gobierno, para defenderse de las acusaciones del
periodista, lo acusó de persecución política, toda vez que cuando éste se
desempeñaba como cajero de la Empresa de Teléfonos de Cúcuta, fue destituido en
obedecimiento a una orden del Contralor, “por existir graves razones para
ello”, según los argumentos presentados.
Pero ahora, el ex cajero o mejor el destituido cajero, que tenía un puesto
que le permitía ‘vengarse’ de las acusaciones que antaño le hicieran y en
publicación destacada en su propio medio, escribe “el ex secretario de
gobierno, después de pretender justificar con admirable cinismo, el contubernio
que se comprobó con documentos” quería ensuciar el nombre del periodista y así
pues lo reta a que aporte los documentos que dice haber conocido y como abogado
que es, compruebe lo que afirma y que además, diga si el ahora director del
periódico, fue objeto de alguna investigación y si existe juicio alguno, por
qué razón y ante cuál autoridad judicial.
Seguidamente, le propone responda muy honestamente, un cuestionario, como
para saber quién tiene la razón sobre los argumentos que se vienen debatiendo y
que han traspasado los límites de lo personal.
Algunas de la larga relación de preguntas fueron: ¿con qué derecho
facilitaba máquinas de escribir de la Secretaría de Gobierno, con un simple
recibo, a una empresa periodística que publicaba continuos reportajes del
anterior gobierno? ¿Cuánto cobró o pretendió cobrar al tesoro público por
concepto de un grave accidente automoviliario, ocurrido en la quebrada San
Cayetano, en ‘juerga’ con damas de la vida alegre? ¿Encontraríamos o no, este
comprobante de un verdadero asalto al tesoro público? ¿Qué ocurrió en la
Beneficencia de Pamplona, que las autoridades correspondientes hallaron
comprometido, en dicho ‘affaire’ al secretario de gobierno y cómo puede
desmentir esta aseveración? ¿Puede publicar los decretos de cobro a sí mismo,
por concepto de varios viajes a Bucaramanga y Bogotá, para saber si constituyen
o no, verdaderos escándalos de filtración de los dineros del pueblo? ¿Recibió o
no, una gruesa suma de dinero, en su carácter de fiscal del Juzgado Superior de
Pamplona, de parte de una compañía interesada, para perjudicar penalmente a un
sindicado? ¿En su carácter de Secretario de Gobierno, por qué destituyó al
alcalde Romero, de Convención? ¿Está o no, el ex secretario de gobierno,
enjuiciado en lo criminal, por haber encabezado una matanza, en uno de los
pueblos del departamento y fue llamado o no a Bogotá para que respondiera en
tal juicio criminal? ¿Qué puede decirnos el abogado ex secretario de gobierno, respecto
de la historia de cuatrocientos pesos relacionados con una empresa de
transportes de Pamplona?
Al término del extenso cuestionario, dice el periodista “… cuando nos
compruebe que se pidió nuestra destitución de puesto alguno y publique los
documentos con que nos amenaza y responda al anterior cuestionario, entonces
confesaremos que hemos hallado al hombre de responsabilidad moral con quien
hemos querido hacer polémica sobre honradez y sobre ética.”
Al día siguiente, visitó las oficinas del periódico, un distinguido
abogado, Representante a la Cámara y miembro del Directorio Liberal del
Departamento, una de las figuras más importantes de la política local, quien
dijo intervenir espontáneamente en la solución de las querellas que se
adelantaban entre el ex secretario de gobierno y el director del periódico,
para lograr el mutuo desistimiento que debía ser presentado en los juzgados
donde se habían interpuesto las respectivas acciones, de conformidad con los
artículos 103 y 348 del Código Penal.
El abogado mostró al director del periódico, el pliego de desistimiento
debidamente firmado por el ex secretario y presentado al alcalde de Pamplona,
documento que fue aceptado sin reservas y que puso fin a las querellas y
colorín colorado esta crónica se ha terminado.
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