Gerardo Raynaud
Numa P. Guerrero
En esta ocasión, la narración se desarrolla durante su primer gobierno,
cuando tuvo fuertes enfrentamientos con algunos funcionarios que ejercían cargos
de niveles nacionales, sobre los cuales no tenía mayor injerencia y que sentía
afectaban su gestión.
El primero de ellos y con el que se inició la seguidilla de problemas, tuvo
relación con las actuaciones del director de la oficina de Higiene Municipal,
el doctor Alcibíades González.
Los conflictos comenzaron a presentarse durante el primer trimestre de
1953, cuando el alcalde denunció ante las autoridades judiciales al director de
Higiene Municipal por los delitos de “falsas imputaciones ante las autoridades”,
“falsedad de documentos” y “calumnia pública”; como decían entonces, “todo el
Código penal, de cabo a rabo”.
En días anteriores, el mismo alcalde había oficiado al Ministro de Salud
Pública una queja formal en el sentido de que el director de Higiene
desatendía sus deberes oficiales. Por tal motivo, el Ministerio se dirigió al
director de Higiene solicitándole un informe sobre el particular.
Al parecer, desde el mismo momento de su posesión como alcalde, las
relaciones con el director nunca fueron armoniosas.
Este último se quejaba que lo invitaban a las reuniones en las que se
trataban asuntos importantes del municipio, pero sin relación con sus
funciones, pero en cambio, lo citaba frecuentemente para criticar las
actuaciones de su personal de saneamiento, en especial de los inspectores
cuando, en desarrollo de sus funciones y en colaboración con la policía,
efectuaban decomisos, particularmente en materia de ventas ambulantes de
alimentos, que tenían una reglamentación especial, con permisos incluidos,
expedidos por la misma alcaldía, pero sin el cumplimiento de todos los
requisitos.
Estos vendedores ambulantes, así como todos quienes expendían alimentos,
debían contar además, con el respectivo Carnet de Salud, razón de más, para
proceder a los decomisos cuando carecían de él y esto ocasionó tremendo
disgusto del alcalde, quien amenazó a los Inspectores de Saneamiento de
impedir, con la policía, que se continuara pidiendo tal documento.
Fue tanta la conmoción que esta situación originó, que tuvieron que apelar
a las altas instancias del Gobierno Nacional, quienes solicitaron la
intervención del gobernador, mediación que tampoco sirvió, pues el alcalde no
se retractó.
La Dirección de Higiene tuvo que emplear otros mecanismos para evitar,
según sus propias palabras “que tuberculosos y otros con enfermedades
infectocontagiosas expendan alimentos con grave peligro para la sanidad
pública”.
Otro conflicto fue el generado por la utilización del lote del mercado
incendiado años atrás, donde fue construido posteriormente el edificio San
José, un terreno que carecía de las mínimas condiciones sanitarias y que servía
de “depósito de materias excrementales” y que sin embargo, la alcaldía permitía
que allí se establecieran bazares y circos, a pesar de los sellos de prevención
que se habían instalado y para colmo, se estaba permitiendo que los vehículos
del municipio y algunos de sus operarios, permanecieran a pesar de los olores
nauseabundos que allí se producían.
El informe detallaba tantos y tan variados desafueros, que no se explicaban
las razones de su ocurrencia, entre las que les puedo narrar, por ejemplo, que
se le señalaba al Director de Higiene, no haber emprendido la campaña de
vacunación de perros contra la rabia, cuando la verdad era que llevaba más de
un año realizándose, gracias a la colaboración de la Secretaría de Agricultura
en cabeza de Nicodemus Rangel, quien había donado un lote de vacunas para tal
fin.
El argumento peregrino del alcalde era que no se cumplía porque el Director
de Higiene era dueño de un can y no quería vacunarlo.
En otro aparte, la alcaldía expidió el decreto 247 del año 53, que
reglamentó la presentación de los planos de las construcciones, para su
aprobación, saltándose lo dispuesto en las leyes y resoluciones vigentes sobre
servicios sanitarios que exigían el visto bueno de la Dirección de Higiene.
También se hacía referencia al estado general del servicio de aseo, puesto
que no se habían tomado las medidas necesarias para que éste fuera prestado en
toda la ciudad, habida cuenta que sólo se proporcionaba a las casas
particulares del centro de la ciudad y eso solamente tres veces por semana;
pero tal vez, lo más preocupante, era que la ciudad no contaba con
alcantarillado, por lo menos oficialmente, pues algunos particulares habían
realizado obras privadas en algunos sectores y habían establecido “fuertes
derechos de conexión”.
En este sentido, el alcalde informó que el ministro de Obras Públicas, el
ingeniero Jorge Leiva, había prometido, en su reciente visita a la ciudad, que
pronto acometerían las acciones necesarias para dotar la ciudad de este
primordial servicio, lo cual efectivamente se cumplió años más tarde.
Una obra urgente y sobre la cual no se había empezado a trabajar, era lo
dispuesto en un decreto expedido por el alcalde anterior Manuel Jordán Pabón,
en el cual se establecía que la toma pública debía embovedarse desde el puente
San Rafael hasta la calle 19, toda vez que las cloacas del sector de El
Resumen, estaban conectadas a esta fuente de agua y con la instalación, en esa
zona de los cuarteles del ejército, se presentaría un grave problema sanitario
con una corriente descubierta que transcurría por la ciudad y de la cual se
abastecían muchos hogares.
Sin embargo, la causa principal de estas controversias entre los dos
funcionarios, fue el “pacto de honor” firmados entre el alcalde y los
farmacéuticos de la ciudad, en el cual se acordaba boicotear lo dispuesto en la
Resolución 481 de 1949, en la cual se autorizaba la venta de algunos productos
farmacéuticos, remedios y medicamentos, en las tiendas de barrio, especialmente
en aquellos donde no hay boticas.
Como el impedimento era manifiesto, dada la condición de farmaceuta del
alcalde, el Director de Higiene no tenía más remedio que enfrentarlo y a partir
de ahí comenzó la guerra.
Recopilado por: Gastón
Bermúdez v.
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