Orlando Carvajal
Cúcuta es una ciudad
de invasiones. Los datos de las secretarías de Gobierno y Planeación municipal
indican que en total son 52. En ellas viven 12 mil familias. Algo así
como 60 mil personas, que son los mismos habitantes que tiene Pamplona.
En Cúcuta, al menor descuido, se invaden lotes para
construir ranchos de tabla y techos de zinc. Y esto, ocurre casi a diario.
El alcalde César Rojas
lanza una advertencia: las cifras más recientes sobre las invasiones que se han
intentado sin éxito desde el primer día de su gobierno a la fecha, dan cuenta
de unas 30, lo que confirma que el fenómeno sigue tan vivo como hace tres
décadas.
¿Cuánta gente ha invadido en los últimos cinco
años? ¿Cuánta gente ha llegado a Cúcuta procedente de Venezuela o de las
regiones del Catatumbo y la provincia de Ocaña? Nadie, ni las mismas
autoridades, tienen un censo real de esta situación. Lo
único cierto es que pocas comunas están exentas del asunto.
El mapa de los asentamientos humanos informales, es
una telaraña de puntos rojos por todos lados. Los hay en las comunas, pero
donde más se acentúan es en las de occidente, norte y oriente. (Ver
infografía).
También los hay en el
sector rural. De manera concreta, en los corregimientos Carmen de Tonchalá y
San Pedro.
Ni siquiera la que fuera la hacienda de la
fundadora de Cúcuta, Juana Rangel de Cuéllar, ubicada en el corregimiento
Carmen de Tonchalá, se ha salvado de las intocables mafias invasoras de
tierras.
Allí, los hermanos
Jaimes denunciaron a La Opinión que de 325 hectáreas que eran de su propiedad
solo les quedan 25; las demás les fueron arrebatadas hace un año por supuestos
propietarios que un día llegaron con escrituras, instalaron vallas de propiedad
privada y, de la noche a la mañana, se creyeron los dueños.
El secretario de
Gobierno del municipio, Oscar Gerardino, sobre quien recae la vigilancia para
impedir que el desorden urbanístico siga creciendo, expresa con asombro que en
todas las invasiones que han desalojado en los últimos diez meses, siempre se
encuentran con las mismas caras, lo que deja al descubierto que detrás de esta
irregular práctica de adueñarse de lo ajeno se esconde un negocio de finca raíz
bien consolidado, con inmobiliarias ambulantes que son las que se encargan de
mantenerlo.
De hecho, en la
Seccional de Fiscalías de Cúcuta se adelantan, de años atrás, 35 procesos
contra presuntos urbanizadores que terminaron estafando a incautos ciudadanos
con la venta de la casa que siempre soñaron.
En el costado occidental del Anillo Vial, que va
desde la vereda El Pórtico hasta conectar con la carretera que conduce a Puerto
Santander, en el extremo norte, se concentra, según Planeación Municipal, el
mayor número de invasiones de tierra, 28 en total, con 6 mil 960 viviendas y
unas 31 mil personas.
De este grupo
sobresale La Fortaleza, la más grande, donde llegaron a vivir 400 familias.
Ser una ciudad
receptora de desplazados le imprime a Cúcuta una debilidad enorme para
enfrentarse al fenómeno de invasiones de tierra. Se calcula que unos 30 mil
desplazados han llegado a la ciudad en la última década, según la Oficina de
Víctimas del municipio.
El arquitecto Horacio
Suárez, miembro de una compañía asesora de urbanismo, sostiene que muchas de
las invasiones que se han producido en Cúcuta han surgido de esta población de
desplazados, víctimas de la guerra, campesinos que debieron huir de sus
parcelas, gente que sueña con encontrar un trabajo, y de la que algunos se
aprovecha para hacer negocio.
Carlos Chacón, gerente
de Metrovivienda, denuncia una lógica perversa: hay quienes invaden las zonas
de más alto riesgo en Cúcuta, no tanto por necesidad, sino suponiendo,
erróneamente, que eso los va a privilegiar cuando el gobierno elija a los
beneficiarios de las viviendas gratis. “No va a haber más vivienda gratis en
Cúcuta, ni tampoco van a clasificar para titulación gratuita predios de
invasiones surgidas después de 2001, porque hacerlo sería fomentarlas”, dijo el
funcionario.
Agregó que las tres
mil 600 viviendas gratuitas que se entregaron fueron para desplazados y
damnificados por la ola invernal.
El negocio
Es un hecho que detrás
de las invasiones de tierra se esconde el negocio de los ranchos.
“Casi en todas las
invasiones que hemos impedido los últimos meses, nos hemos llevado la sorpresa
de ver las mismas caras protagonizando el reparto de lotes”, recalca Gerardino.
Un líder de El Progreso que pidió no ser
identificado, denunció que por rancho, al mes, los traficantes de tierra ajena
reciben $100.000.
Pero el negocio es el
volumen. La fuente dijo que conoce gente que tiene hasta 15 ranchos alquilados,
es decir, que recibe $1.500.000 cada 30 días, libres de impuestos, servicios
públicos. Justamente por las invasiones, Aguas Kpital reporta pérdidas de hasta
el 50 por ciento de agua que no contabiliza porque se desvía de manera
irregular para esos ranchos que se levantan en las invasiones.
Gerardino señala que
ver caras repetidas en cada invasión supone que hay un negocio, por eso se está
invitando a los dueños de las tierras a que contraten vigilancia privada para
evitar que sean invadidas. “Nos estamos desgastando inútilmente porque hoy
desalojamos y mañana vuelven y nos invaden”.
Esfuerzos en vano
Ha faltado una
política pública e interés político, para tratar la desbordada informalidad
urbanística que azota a Cúcuta, dice el sociólogo Juan Robles, quien asegura
que la ciudad sigue en riesgo en esta materia, no solo socialmente, sino en
materia de infraestructura.
Pese a los esfuerzos
de la alcaldía por evitar el nacimiento de nuevas invasiones en la ciudad, hay
asentamientos que están debilitando obras vitales para la seguridad de Cúcuta a
lo largo de los canales de aguas lluvias como el Bogotá, Pizarro, Chiveras,
entre otros.
Mauricio Bolívar, técnico
de la empresa Aguas Kpital, lamenta que por las invasiones de tierras que se
presentan en el costado occidental de la ciudad, de manera concreta en los
sectores de La Isla, está en riesgo todo el plan de saneamiento básico de
vertimientos que corresponde al colector de de aguas residuales Rudesindo
Soto-Villas de la Paz-Belén de Umbría-quebrada Tonchalá. “La gente construyó
viviendas sobre el canal”. El POT dice que en esta zona no debería haber
construcciones. Pero allí se crearon al menos tres invasiones que no permiten
el desarrollo de la obra.
Robles dice que ha faltado mano dura de la alcaldía para
evitar las invasiones.
El impacto social
Las familias que
habitan en las escarpas de Cúcuta, en los asentamientos subnormales, viven en
condiciones de pobreza, y algunas, en la miseria. En las visitas que hizo La
Opinión para dialogar con los líderes de estas comunidades, manifestaron que,
en su mayoría, las familias que viven allí lo hacen con menos de $200.000
mensuales, es decir, están en la pobreza extrema, según los indicadores del
Dane y el Departamento Nacional de Planeación.
Muy pocos tienen ingresos mensuales entre los
$201.000 y $408.000, o sea, están en la pobreza. Los bajos
ingresos, argumentaron, se debe a que el sustento viene del rebusque en las
ventas callejeras, por venta de gasolina de contrabando, trabajos de
construcción, en el servicio doméstico (lavado y planchado de ropa), o en lo
que salga.
Por las vías de
hecho, Cúcuta ha crecido en medio
del desorden en las tres últimas décadas, engrosando los cordones de miseria y
pobreza.
que se penalice a esas mismas caras que encuentran en diferentes invasiones para que canten, quiénes son los que les indican qué sitios invadir y cuánto es lo que les dan realmente por hacerlo, para que puedan luego llegar las urbanizadoras a mejorar el sistema de construcción de vivienda y verán y sabrá la ciudadanía quiénes son los que hacen de este desorden su más grande negocio.
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