Gerardo Raynaud
A principios del siglo XX, en Cúcuta como
en el resto del país, el servicio de energía eléctrica tenía, relativamente
pocos años de estarse prestando y sólo para el alumbrado público. Cúcuta fue la
primera de todas las ciudades de Colombia que tuvo alumbrado público, tan solo
17 años después de haberse inventado las bombillas incandescentes por parte de
Edison.
En el último quinquenio del siglo XIX se
fundó la Compañía del Alumbrado Eléctrico de Cúcuta. Para no quedarse atrás, el
municipio, después de un año de trámites, decidió participar de la empresa,
entrando como socio con el 3% del capital. La generadora estaba ubicada en la
hacienda Los Patios y captaba agua del entonces caudaloso Pamplonita; alcanzaba
abastecer de fluido eléctrico a las 400 lámparas que contemplaba el contrato
que por trece años habían firmado en mayo de 1896, sin la obligación de tener
que hacer ningún traspaso al municipio al vencimiento del plazo.
Al término del contrato, hubo un fallido
intento de crear una nueva empresa, pero al no lograrse ningún acuerdo, se le
concedió una prórroga por cuatro años más, incluida la exención total de los
impuestos municipales. Esta empresa funcionó hasta 1953, año en que fue
adquirida en su totalidad por el municipio de Cúcuta.
Mientras esto ocurría con el alumbrado
público, en 1914, recién declarada la primera Guerra Mundial, se constituyó la
Compañía Unida Eléctrica de Norte, siendo su principal accionista el municipio
de Cúcuta y algunos particulares, entre los cuales estaban los hermanos Mariano
y Eugenio Penagos y algunas otras personalidades de la ciudad.
A partir de entonces se produce la
expansión de la compañía por los municipios aledaños a la ciudad, incluyendo la
planta de mil kilovatios construida sobre el río Peralonso en el sitio conocido
como el Alto de Los Compadres, dada al servicio al finalizar la década de los
años veinte.
A partir de entonces, las necesidades del
servicio fueron creciendo, razón por la que, se hicieron evidentes las
prioridades para detectar alternativas que permitieran el montaje de nuevas
plantas electrificadoras.
Ante estas perspectivas, a partir del año
44 del siglo pasado se generó un movimiento cívico-político que buscaba por
todos los medios a su alcance promover e impulsar una obra redentora para la
región, cuyo principal objetivo era proveer de energía eléctrica la ciudad de
Cúcuta y sus municipios aledaños. Podría decirse que este proyecto es el
precursor de la tan mencionada represa del Cínera o el mal llamado Embalse
Multipropósito del mismo nombre. Digo mal llamado, porque aunque la aspiración
era loable, tanto las condiciones como las circunstancias, no cumplían con las
expectativas de un proyecto de esta envergadura.
Los entes territoriales de hoy, como fueron
la Gobernación, encabezada por Manuel José Vargas, el municipio de
Cúcuta, cuyo alcalde Benjamín Ochoa Rueda y el Concejo que presidía el
médico Miguel Roberto Gélvis Sáenz, con la promotoría del Comité de Acción
Cucuteña, se dieron a la tarea de impulsar el proyecto que consideraban,
tendría la capacidad suficiente para suplir las necesidades presentes y futuras
de las viviendas y serviría para impulsar la industria que desde ya comenzaba a
vislumbrarse. El proyecto fue llamado Central Hidroeléctrica del Río Zulia.
Como cada uno de los entes tenía sus
intereses, la propuesta se fue complicando a medida que el tiempo pasaba. El
Concejo, es decir, la coalición mayoritaria, no mostraba mayor interés sino que
prefería que la actual empresa proveedora del servicio eléctrico, del que era
accionista mayoritario el municipio, ampliara su capacidad mediante la compra
de otra unidad generadora.
Esta alternativa, según estudios hechos por
técnicos contratados por el Comité de Acción Cucuteña, señalaba que, a pesar
del ensanche propuesto, el nuevo equipamiento sería insuficiente para
satisfacer las exigencias de la capital nortesantandereana y que
esta operación, en lugar de solucionar el problema vendría a agravarlo y
a hacerlo insoluble, según manifestaron algunos de sus líderes “Resulta
peregrino pensar que el municipio, después de adquirir el nuevo equipo y cuyo
costo será sin duda considerable, vaya a abandonarlo para montar la Central
Hidroeléctrica.”
Por su parte, la Gobernación era la más
interesa en el desarrollo de la Hidroeléctrica y para demostrarlo, expidió un
decreto, en uso de facultades extraordinarias que le había aprobado la
Asamblea, mediante el cual aprobaba el traslado de $150.000 del Banco Ganadero,
para completar los aportes a la sociedad Central Hidroeléctrica del Río Zulia.
Según el Secretario de Gobierno
Departamental Eduardo Silva Carradini, ya se tenían listos todos los requisitos
exigidos por las normas de entonces, para constituir una sociedad, que
inicialmente se estableció fuera de Responsabilidad Limitada, con aportes
distribuidos así, la Nación con el 51 %, el departamento con el 29% y el
municipio de Cúcuta con el restante 20%.
La sociedad de responsabilidad limitada se
había propuesto, pues se consideraba el instrumento jurídico más adecuado para
darle consistencia legal a la asociación de las tres entidades de derecho
público. En la correspondiente minuta de constitución se habían definido los
estatutos, de manera que lo acordado constituía ley para todos los socios,
además para facilitar su normal funcionamiento, se habían establecido fórmulas
que procuraban una acertada y eficaz administración, sin sacrificar los
derechos de la minoría.
Los estatutos propuestos por el Ministerio,
que representaba la Nación, establecían que tanto las modificaciones al
contrato social, como la elección del Gerente, se debían autorizar con el 85%
de los votos. Esta propuesta no gustó ni al gobernador, que proponía que la
proporción para estos casos fuera del 80%, que para los efectos administrativos
le convenía suficientemente, pues en compañía de la Nación obtendría fácilmente
este porcentaje, ni al alcalde – y menos a los concejales-, que solicitaban que
los votos necesarios para la toma de decisiones fuera del 70%, muy conveniente
para sus aspiraciones burocráticas.
El hecho es, que por estas peleas
intestinas, el proyecto se fue diluyendo paulatinamente. Mientras tanto, el
municipio de Cúcuta, compró la Compañía Unida Eléctrica del Norte en 1947 y
cinco años más tarde, fundó oficialmente su propia central eléctrica y para
enterrar definitivamente el proyecto de la Hidroeléctrica, en 1955 contrató con
la Colombian Petroleum Company, el montaje de una planta
térmica en Tibú, con tres unidades que se dieron al servicio en los siguientes siete años y que suministraba electricidad a 30 municipios del departamento.
térmica en Tibú, con tres unidades que se dieron al servicio en los siguientes siete años y que suministraba electricidad a 30 municipios del departamento.
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