1407.- PROBLEMAS EN LA TELEFONICA

Gerardo Raynaud  (La Opinión)

Empresa de Teléfonos Departamental de Norte de Santander en 1935. 

La construcción de esta empresa se inició en el año 1927 y se inauguró en 1929. 

La primera planta de teléfonos fue instalada en la ciudad en 1892 por los señores 

Concepción y Luis Méndez, quienes en el año 1907, se la vendieron a 

José María Polanco. Sus herederos posteriormente se la vendieron al Departamento.

El servicio telefónico en la ciudad fue uno de los primeros instalados en Colombia, en parte gracias al proceso de reconstrucción que, se dio luego de la catástrofe del cataclismo de 1875.

Históricamente, Bogotá empezó a prestar el servicio telefónico en 1885 y solamente cinco años después se dio en Cúcuta. A comienzos del siglo XX, el gobierno nacional les concedió la licencia a los esposos Polanco Rodríguez para que explotara el servicio en la ciudad.

En los años posteriores fueron extendiendo este servicio a los pueblos aledaños, sin la debida autorización, lo que, les ocasionó algunos inconvenientes que pudieron solucionar transitoriamente con la intervención de sus amigos del gobierno. Sin embargo, en 1924, la administración departamental decidió tomar cartas en el asunto y promovió la expedición de una ordenanza que le permitiera asumir la prestación del servicio y luego de convenir el valor de la compra en la suma de sesenta mil pesos ($60.000), la empresa pasa manos del departamento con el nombre de Empresa de Teléfonos del Norte de Santander.

Después, en 1929, el gobernador Ramón Pérez Hernández inauguró el servicio telefónico para todo el departamento y a partir de esa fecha, el servicio fue extendiéndose mediante la construcción líneas físicas, incluso hasta la población de San Antonio del Táchira, operación que, en aquella época tuvo un costo de $843.70, toda una fortuna entonces.

Con la nueva administración, la empresa de teléfonos comenzó a operar siguiendo los lineamientos de la política y con ella los problemas que fueron apareciendo a medida que pasaba el tiempo, según la voluntad de los gobernantes de turno que no escatimaban esfuerzos por obtener de ella el mayor beneficio.

Fuera el gobierno liberal o conservador, los problemas eran los mismos, pues cada quien obtenía los beneficios según sus necesidades o los de sus seguidores.

La ‘Telefónica’ como era llamada coloquialmente, fue adscrita originalmente a la sección de rentas de la Secretaría de Hacienda Departamental, desde la cual se administraban sus recursos y producidos, los cuales debían ir a las arcas del fisco del departamento, sin embargo y como suele suceder con las empresas del sector productivo administradas por el gobierno, ésta no rendía lo esperado y por lo tanto, la gobernación tuvo que ingeniarse la manera de volverla rentable.

La compra de la ́telefónica’ coincidió con el ascenso del partido liberal al poder, así que el primer encargado fue de esa filiación y estuvo muy pendiente del cumplimiento del deber de sus funcionarios.

En una ocasión, según se lee en las crónicas de entonces, narran cómo don Julio Reyes, a la sazón encargado de la Sección de Rentas que tenía a su cargo la dirección de la empresa, encontró a un grupo de operadoras, unas leyéndose las cartas y otras en pleno besuqueo, desgreñadas y sudorosas, en sus mesas de trabajo; salió hecho una furia, directo a su oficina para expedir las resoluciones sancionatorias que decían, en su parte resolutiva, más o menos así:

“(...) sancionar con una multa de 20 centavos a cada una de las señoritas (...) por las graves faltas en que fueron sorprendidas in fraganti, en la mañana de hoy, en el mismo recinto en donde trabajan y en horas de labor. Parágrafo: si estas niñas reinciden en la falta que se les ha sancionado, la multa será llevada por primera vez a 25 centavos y por la segunda vez a 30, y si insisten todavía, serán suspendidas de sus cargos por 12 horas, aunque ganando el sueldo, como una sanción moral.”

Quiero aclarar que, aunque ‘la suspensión con sueldo’ no parece lógica, la razón es que el personal de operadoras debía estar capacitado previamente y no se disponía de personal idóneo para ejercer dicho cargo. Aún con esos controles la situación no mejoraba y con el pasar del tiempo se agravaba más.

Tal vez el colmo de los problemas se presentó en el año 48, desde antes del suceso originado por la muerte de Gaitán, cuando un numeroso grupo de empresarios encabezados por el propietario del Almacén Ancla S.A., solicitó la cancelación del servicio con el argumento que “el teléfono no sirve hoy ni siquiera de adorno en oficinas y casas particulares, sino de estorbo”.

Después de este revuelo, la Asamblea Departamental decidió modificar la estructura de la telefónica y a mediados del año 48, la retiró de la flamante gerencia de Rentas Departamentales y designar una Junta Administradora integrada por personajes del empresariado local, la mayoría, directivos de la Cámara de Comercio, encabezados por Víctor Pérez Peñaranda y don Domingo Pérez Hernández quienes al parecer no se apersonaron de sus funciones, debiendo el gobierno revocar los nombramientos y recuperando el control de la empresa.

El hecho es que a partir del 9 de abril de ese año, cuando se desató la violencia por la muerte del caudillo Jorge Eliecer Gaitán, los principales departamentos del país fueron sometidos a la intervención del gobierno central, clausuradas las principales instituciones democráticas, sometidos a la censura y nombradas autoridades militares que a partir de su nombramiento ejercían jurisdicción y mando en sus territorios, así pues, al Norte de Santander llegó como gobernador militar, el general Matamoros, a quien le correspondió analizar y darle solución al problema.

Durante la época del gobernador militar, el general Matamoros trató de poner en marcha una propuesta que se le hiciera por parte de algunos miembros de la Cámara de Comercio, en el sentido de reunir a los gerentes y apoderados de las principales casas de comercio, entre los que se contaba Nicolás Colmenares, Guillermo Eliseo Suárez, Aristóbulo Vergel, Pedro Felipe Lara, Emilio Gaitán Martín, Arturo Cogollo y Josué Canal Sorzano entre otros, para que conjuntamente con el doctor Rodrigo Peñaranda Yáñez, responsable del manejo de la ‘telefónica’, encontraran una fórmula para salir del embrollo en que se encontraba por los manejos desacertados de la compañía.

Después de un sesudo análisis, el resultado fue plasmado en un escueto documento en el que se exponían dos razones del descalabro al que se había llegado:

Primero, la inconformidad del experto Eduardo Valdés, quien manejaba todo el entramado técnico y cuya presencia era indispensable para el normal funcionamiento de las operaciones. Este señor no aceptaba la subordinación impuesta por la empresa y prácticamente hacía lo que le venía en gana, sin embargo, profesionalmente estaba muy calificado y por esa razón y “no habiendo más” tenían que aguantarle las pataletas.

Segundo, la injerencia política “introducida hasta por las faldas de las operadoras” como decían, pues como recomendadas de los políticos de turno, no mostraban ni educación, ni interés y mucho menos temor a las sanciones, pues ¿quién se mete con una recomendada del doctor...?

Lo primero que hizo esta Junta, fue retirar del cargo de técnico al único personaje con experiencia en el manejo de la, entonces, incipiente red telefónica, don Eduardo Valdés, con el argumento que era egoísta y no aceptaba la subordinación a nadie, sin embargo, lo mantuvieron en su cargo mientras se nombraba nuevo gerente.

También retiraron a don Julio Reyes y nombraron, con facultades omnímodas, a don Miguelito Castro para que organizara, a su leal saber y entender todo lo que dependiera de él, a excepción de Valdés, que quedaba sometido a prueba, antes de liquidarle sus prestaciones sociales “si es que hay que dárselas”, según lo expresaron en la Junta.

Al parecer la conclusión fue que la famosa Junta Administradora, no dio el resultado esperado, pues sus integrantes estaban más interesados en sus negocios particulares, así que se decidió disolverla y reasignarla, ahora a la Secretaría de Gobierno, que dicho sea de paso estaba en manos de un militar.

En conclusión, ningún resultado se obtuvo de esa reunión y los sufridos usuarios tuvieron que seguir aguantándose el mal servicio hasta 1954, cuando el gobernador Rivera Laguado que anteriormente la reestructuró como una empresa del estado con autonomía, denominada Empresa de Teléfonos del Norte de Santander S.A. le construyó una sede frente a la Gobernación, por la avenida quinta y finalmente vendida a TELECOM en 1971.

Recopilado por: Gastón Bermúdez V.