Gerardo Raynaud (La Opinión)
Cúcuta antes del terremoto de 1875.
Esta región ha padecido los rigores de las crisis desde su fundación,
tal vez con mayor frecuencia y más intensidad que otras. Unas veces
beneficiosas bajo la forma de bonanzas, otras catastróficas con resultados
desastrosos en materia de desempleo, caos e inseguridad, tanto en lo social
como en lo económico.
Sin mucho retroceder, digamos que las mayores crisis comenzaron luego del
primer gran terremoto de 1875. En ese entonces la recuperación fue tan rápida y
el progreso tan vertiginoso que en apenas quince años se estableció el
ferrocarril y posteriormente el tranvía, el alumbrado eléctrico; en menos de
dos años se reconstruyó el hospital, las vías de comunicación terrestres y
fluviales, todo esto cuando la población local era de tan solo doce mil
personas.
Vino luego la Guerra de los Mil Días, durante la cual la ciudad sufrió sus
rigores durante cuatro años y sobrevivió a un sitio de 35 días en los cuales se
vieron muestras de heroísmo y sacrificios sin par.
La Primera Guerra Mundial sobrevino pocos años después, presionando una
crisis universal que no afectó de manera significativa la economía regional ni
la vida local, pero sí contribuyó a escasear algunos productos que no
impactaron el tradicional devenir de sus pobladores.
En el período de la primera postguerra y hasta el año de la Gran Depresión
en 1929, no se presentaron grandes variaciones en el mundo que ahora trataba de
superar las dificultades dejadas por la confrontación armada del viejo
continente.
Desde ese año hasta comienzos de la década de los sesenta, algunas crisis
que pudiéramos denominar como “menores” se fueron sucediendo, tal como
brevemente paso a contarles.
A comienzos de los treinta, se presenta la primera de las ya largas
disputas con nuestro vecino. Por los abusos y la congestión presentados en los
puertos del Lago de Maracaibo, por donde transitaban las mercancías que venían
y salían de Cúcuta, el ferrocarril tuvo que suspender sus actividades con el
consecuente desempleo y el malestar general que por fortuna y gracias a la
intervención del presidente venezolano Juan Vicente Gómez, oriundo de San
Antonio del Táchira, conocedor de las dificultades que esa situación creó, intervino
para solucionar el problema y de paso, el nuestro.
Sin embargo, los rifirrafes continuaron de lado y lado de la frontera. A
mediados de la década de los treinta, primero en el 34 y a raíz de los
inconvenientes generados por la importación de sal y ganado, ambos gobiernos
firmaron un “arreglo sobre relaciones comerciales” mediante el cual se
permitiría, libre de gravámenes, la importación de hasta veinte mil sacos
anuales de 60 kilos y de un máximo de 25 mil cabezas de ganado durante el mismo
periodo. Este “arreglo comercial” tendría una vigencia de un año, pudiéndose
renovar por períodos análogos “si no fuese denunciado tres meses antes de su
fecha de expiración”.
Cúcuta durante el
´Sítio´, avenida 7ª con calle 8 en 1900.
En 1937 se dio una situación similar a la que se presenta hoy (2017), pero
esta vez, fueron las autoridades colombianas las que desataron persecuciones y
decomisos de moneda venezolana, toda vez que desde hacía poco más de un año se
había presentado un éxodo de dinero venezolano y una inmigración de obreros del
vecino país, atraídos por las perspectivas de trabajo y de comodidades que se
vislumbraban, una vez terminado el conflicto con el Perú.
No existían entonces las casas de cambio, una actividad existente en las
fronteras de casi todos los países del mundo, así pues, la sociedad mercantil
de la ciudad y los congresistas, convencieron al gobierno nacional de tomar
cartas en el asunto y por tales circunstancias se expidió un decreto que
reglamentaba la circulación de moneda extranjera a los turistas que ingresaban
al país por sus principales puertos, Cúcuta incluida y que en el artículo
segundo decía “las personas que tengan en su poder monedas de plata venezolana
tienen la obligación de venderlas a la sucursal del Banco de la República en
Cúcuta”, además de otras normas que produjeron consecuencias adversas para el
comercio de la ciudad, porque alejó a los compradores venezolanos, toda vez que
se creó un impuesto del 5% a las mercancías que se vendieran hacia
Venezuela.
En este contexto, la posición asumida fue la de firmar la prórroga del
convenio comercial Colombo-Venezolano expedido años atrás, a pesar de la férrea
oposición que suscitó entre algunos ministros, que incluso amenazaron con
demandarlo por inconstitucional; afortunadamente los impedimentos fueron
aclarados y la vida económica de la región retomó su rumbo, pues las rentas
departamentales de ese año permitieron que el gobierno nacional girara los
recursos para impulsar las necesidades más apremiantes.
En 1942, a raíz de una serie de decomisos realizados por la Aduana Nacional
al comercio local y a los visitantes venezolanos se produjo un movimiento de
protesta que culminó con una serie de medidas entre las cuales figura el
“Estatuto de Régimen Fronterizo Venezolano Colombiano” firmado en Caracas el 5
de agosto de 1942, refrendado posteriormente en el Congreso por la ley 13 de
1943. Esta crisis terminó oficialmente con la visita que hiciera a esta
presidente venezolano Isaías Medina Angarita.
Con el fin de reafirmar los compromisos adquiridos años anteriores, en 1946
se estableció el llamado “Modus Vivendi Comercial” dados los excepcionales
lazos de amistad que unen a nuestros dos países y a título de naciones
fronterizas, según lo expresado por los cancilleres firmantes.
Cúcuta en
los finales de los 50 del siglo XX. Avenida 5ª con Calle 12.
Como en tratados anteriores se adoptó la modalidad de “canje de
notas” por considerar que constituía el procedimiento más expedito para
resolver los inconvenientes fronterizos menores que periódicamente se
presentaban.
En este nuevo tratado se reafirmaba buena parte de los acuerdos anteriores,
tales como los intercambios de sal y ganado vacuno, los cobros y las
exoneraciones de aranceles, el libre tránsito de las mercancías colombianas por
territorio venezolano, entre los que se incluían los productos con destino a la
ciudad de Arauca y los bienes y demás maquinaria que atravesaban el territorio
del vecino país con destino a los campamentos de la Colombian Petroleum Company.
El cobro de los derechos por los servicios prestados en ambas naciones
serían los mismos que se les cobraría al comercio del respectivo país y para
terminar, la duración del presente arreglo será de un año a partir de la fecha
de su firma, que fue el 11 de octubre de 1946, pero que podría ser prorrogado a
su expiración un año más, como efectivamente sucedió, suscitando la siguiente
crisis.
El “Modus Vivendi Comercial” firmado en 1946, solamente
duró dos años pues debido a las mejoras implementadas en Colombia en los
sistemas de trasporte, la centralización del Banco de la República y las
restricciones no arancelarias a la importación de ciertos productos de
Venezuela, unido a la progresiva escasez de algunos productos e esa nación y la
creciente devaluación del peso colombiano, hicieron que el tráfico fronterizo
fluyera con mayor intensidad en la medida que nuestros productos resultaran más
baratos para los compradores venezolanos, produciéndose una inversión de los
saldos de intercambio comercial, situación que llevó a la aparición de la
primera gran “bonanza” del siglo XX.
Durante el decenio de los cincuenta, se produce en
ambas naciones un reacomodo democrático, introduciéndolos en un ámbito político
ajeno de autoritarismos y de conflictos partidistas. Apenas un convenio fue
firmado en 1952 entre ambos países, sin que tuviera una incidencia directa con
los problemas de su frontera terrestre, toda vez que se relacionaba con el ya
largo diferendo surgido con los islotes del archipiélago de Los Monjes.
Así pues, en 1960 se presentó una nueva depresión
económica, esta vez motivada por una serie de medidas tomadas por el gobierno
colombiano en franco perjuicio de la economía local como fueron la eliminación
del puerto terrestre de Cúcuta como centro exportador de café y la suspensión y
anulación del comercio importador y mayorista así como el desplazamiento hacia
las actividades de menor escala, tipificadas con la simple distribución
de las manufacturas colombianas por el sistema de agencias intermediarias,
dejando escasos beneficios que no contribuían al desarrollo regional ya que no
aportaba valor agregado representativo.
El proceso de recuperación económica fue oportuno
gracias a la decidida participación de los sectores productivos de la ciudad
pero especialmente a la gestión del recién nombrado Ministro de Fomento Rafael
Unda Ferrero quien lideró proyectos como la Zona Franca, el Distrito de riego
del Zulia, la Central Térmica de Tibú, la construcción de las sedes bancarias
del B.C.H. y el Banco del Comercio –en la esquina de la calle once con avenida
cuarta, en el inmueble donde funcionó por años el Club del Comercio-, además de
la promoción de actividades de fomento industrial y agropecuario mediante el
otorgamiento de créditos, en esa época redescontables en los Fondos
administrados por el Banco de la República y finalmente, la contratación que
hiciera con el profesor Lauchlin Currie de un estudio de programas de inversión
y desarrollo del Norte de Santander.
Calle 11 entre avenidas 4a. y 5a. Pleno sector comercial de la ciudad.
Década de los 70.
La década de los setentas tuvo un transcurrir económico
estable para la región debido a los altos ingresos percibidos, en Venezuela,
especialmente por sus exportaciones petroleras y por el cauteloso manejo de
nuestra economía que se tradujo, a mediados de esa época, en un desbordamiento
de las ventas minoristas a los “turistas venezolanos” que nos visitaban,
configurándose la segunda y tal vez, la más importante de las “bonanzas” y que
por las actitudes esgrimidas por quienes venían de compras, se llamó la época
del “ta barato, dame dos”.
La alegría no duraría mucho, pues el viernes negro de
febrero de 1983, se produce, aunque anunciada la más grave crisis del siglo XX,
la que nadie creía debido a los efectos adormecedores de ocho largos años de
fáciles y crecientes ingresos del comercio, consecuencia de las ventajas
comparativas de nuestros productos y en razón de nuestra envidiable ubicación
geográfica.
La catástrofe económica y social fue de tal magnitud
que la ciudad sobrevivió gracias a la intervención del gobierno y a la
migración que redujo considerablemente la población, estimada entonces en un
25%.
La economía local sufrió un proceso de reordenamiento;
las actividades productivas se acomodaron a las nuevas condiciones y se
incentivó, como siempre sucede en estos casos, la actividad manufacturera, como
si eso contribuyera a solucionar un problema estructural en una región donde la
relación de intercambio mantiene una diferencia tan grande que siempre será más
rentable y cómodo el ejercicio del comercio.
En esta ocasión los más importantes proyectos esbozados
por el gobierno, no todos lograron materializarse. Los principales proyectos
desarrollados fueron: la Fundación para el Desarrollo empresarial del Norte de
Santander, FUNDENOR; el Fondo Mixto de Promoción Turística del Norte de
Santander; proyectos de infraestructura como la Central Termoeléctrica de
Tasajero, el Paseo de los Próceres –conocido hoy como el malecón-, la
construcción de la nueva sede del Banco de la República y las carreteras a la
frontera a Puerto Santander y San Faustino.
Al año siguiente se construye el oleoducto Caño Limón
Coveñas, que absorbe de cierto modo el desempleo generado por la crisis del
bolívar, pero contribuye a la aparición de un fenómeno peor e inexistente, la
guerrilla.
Entre los proyectos que no se realizaron, está el
ingenio azucarero del Zulia, identificado como AZURCA, que a pesar de la
promoción de la Corporación Financiera del Oriente, financiando la obra, los
inversionistas venezolanos nunca se manifestaron y por el contrario, siempre
obstaculizaron el desarrollo de la idea, pues nunca mostraron interés, toda vez
que entraría a competir con el Central Azucarero de Ureña, argumento de más
para torpedear la empresa.
Terminando el siglo, la economía venezolana entró
nuevamente en crisis, razón por la cual en 1994 se introduce el control de
precios y de cambios. La agitación política no se hace esperar y antes de
finalizar el siglo, aparece en escena un nuevo partido, el Movimiento Quinta
República, hoy Partido Socialista Unido de Venezuela y con él su
ideología “el Socialismo del Siglo XXI” y con ellos, la más dura, larga y
calamitosa de las crisis del pueblo venezolano, que de una manera u otra siempre
nos afectará.
Con Chávez en la presidencia, en sus primeros años
mejoró la calidad de vida de sus gobernados con la implementación de sus
programas sociales conocidos como Misiones Bolivarianas, pero esta situación
duró mientras el precio del petróleo se mantuvo alto.
Para el 2010, los fenómenos, inflacionario y de escasez
se incrementaron y la enfermedad del presidente venezolano hizo mella en su
organismo hasta que en marzo de 2013 falleció.
Con la llegada de un nuevo mandatario, ignorante en
materia de gobernabilidad, La situación se agravó a tal punto que en
agosto de 2015 se tomó la medida unilateral de cerrar la frontera común,
primero en el Estado Táchira días más tarde, en el resto de la frontera. Aunque
el cierre perjudicó la actividad económica de la región, las dificultades que
afrontaba el vecino no incidieron de la misma manera que en anteriores
ocasiones.
Como es usual, el apoyo del gobierno, esta vez, se hizo
vía otorgamiento de créditos blandos y como medida coyuntural, la exoneración
por tiempo limitado, del IVA sobre los productos de mayor incidencia en
la canasta familiar.
La frontera fue reabierta parcialmente y con ciertos
condicionamientos y la acostumbrada crisis ya no nos afecta tanto como en
ocasiones anteriores.
Recolectado
por: Gastón Bermúdez V.
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