Gerardo Raynaud (La Opinión)
Un día antes del festivo nacional del sábado 20 de julio de 1946, se
destapó en el Concejo de la ciudad, un supuesto negociado por la adquisición de
un “jeep” para el servicio de la Secretaría de Obras Municipales.
En el debate se presentaron argumentos sustentados en documentos que
evidencian que el doctor Luis A. Cáceres, en su condición de miembro de la
Junta de Gobierno Municipal, según consta en las actas del Honorable Concejo,
insinúa la compra de un automóvil “jeep” conveniente para realizar las labores
de la Secretaría en mención.
Ahora bien, el problema radicaba en que el doctor Cáceres, presidió en ese
entonces, la Junta de Caminos, ante la ausencia de su presidente titular,
Armando Suárez Peñaranda, ordenándole al alcalde comprar con los fondos de esa
Junta, el vehículo antes citado.
Todo surgió según parece, a raíz de la intermediación propuesta por el
señor Julio García-Herreros, quien actuó como representante del concesionario
de los vehículos, quien presentó una cotización por valor de $2.700, pero que
los agentes de la Junta encabezados por Armando Suárez, a su vez
declararon un mayor precio, manifestando que no se había considerado el valor
de la capota la cual debía incluirse como un accesorio indispensable.
Sin embargo, el alcalde no toma en cuenta esta observación sino que ordena
su compra y lo que es peor, sin que en el presupuesto se hubiera asignado la
partida para este gasto.
El tesorero cumple las órdenes del alcalde y firma la correspondiente
letra, a noventa días, pero a nombre de Armando Suárez y no a favor de Julio
García-Herreros, quien fungía como representante de ventas del vehículo.
En razón de lo anterior y debidamente verificada la transacción, se cita a
sesiones del Concejo y en ella el concejal Alfonso Lara Hernández presenta una
proposición de censura contra el alcalde por la negociación que considera
ilegal e inconveniente. En la misma proposición se le ordena al señor tesorero
no cubrir la letra firmada a favor del seño Armando Suárez.
A esa sesión se excusó, por razones personales, de asistir el presidente de
la Corporación. El debate se prolongó más de lo usual y fue necesario, por lo
avanzado de la hora, suspender la sesión, quedando con el derecho al uso de la
palabra el señor alcalde. La sesión fue programada para el martes siguiente 23
de julio.
Por razones de procedimiento, algunos concejales no fueron citados, entre
ellos Manuel Vicente Hernández y Rafael Rangel Durán pero en cambio se citó al
señor Julio Restrepo, quien fuera chofer del señor Suárez y quien asistió y
participó activa y puntualmente cada vez que se le requirió.
En el uso de la palabra, el señor alcalde justificó la negociación
presentando un certificado de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento
en el cual se hace constar que también compró un ”jeep” que está prestando
magníficos servicios en las carreteras del departamento. Adicionalmente lee un
informe en el que se dice que el municipio de Bogotá tiene diez aparatos
similares y revela al Concejo que la negociación se hizo citando una
autorización para hacer traslados dada pro-témpore al alcalde Ochoa.
Para rematar y como argumento definitivo declara enfáticamente que el
ejecutivo municipal considera la proposición como una censura y que si el
Concejo la aprueba no le quedará más remedio que darse por vencido y que como
en las novelas de caballería, decirle a sus adversarios, “tomen su lanza y
quítenme la vida”.
A renglón seguido, toma la palabra el concejal Rafael Rangel Durán, Randú,
para sus amigos y seguidores, iniciando su discurso aclarando que es tío
político de Armando Suárez y que éste no intervino en la negociación y que
quien figuró fue un ‘godo’, sin precisar nombre y presenta una proposición
sustitutiva, agregando que el ejecutivo municipal, el personero y el tesorero
como miembros de la Junta de Gobierno, deben renunciar, bien sea que se apruebe
la proposición sustitutiva o la del concejal Lara.
El alcalde riposta que si la negociación no se aprueba, habrá crisis en la
administración municipal.
El debate continuó por unas horas más que al final concluyó con el retiro
de los dos proposiciones y como fórmula de transacción, se aprobó un mico en el
Acuerdo que sobre Avisos Luminosos se estaba tramitando en segundo debate, y en
éste, el Concejo ordena la compra del dichoso “jeep” y hace los traslados
correspondiente para aprobar la negociación.
Al cierre de la sesión, el concejal Lara deja constancia de que ella tiende
a librar a los autores de esta negociación, de cualquier sugerencia que pudiera
hacer el público, respecto al hecho criticado de que un sujeto que ocupa una
posición en la administración municipal, en este caso Armando Suárez Peñaranda,
presidente de la Junta de Caminos, negocie con el municipio un “jeep”,
suministrado por Armando Suárez Peñaranda, agente de estos vehículos en la
ciudad y que para esto se valía de un intermediario.
Casos como este fueron frecuentes en las administraciones municipales y
departamentales, durante la primera mitad del siglo pasado, en todo el país sin
excepción.
El mismo concejal Lara recordaba una situación similar ocurrida en el
pasado reciente, cuando el líder político Miguel Roberto Gelvis en desempeño de
sus gestiones públicas negociaba con su socio y su cuñado los bloques de
cemento suministrados para la construcción del matadero y de la plaza de
mercado de El Zulia, su pueblo natal.
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