La Opinión (Editorial 23 y 24
de marzo de 2019)
Juan
Guaidó en Cúcuta, ante los uniformados que desertaron a las fuerzas chavistas.
Hay que admitirlo: nada en Cúcuta y la zona fronteriza ha estado bien desde
cuando en agosto de 2015 el Gobierno de Nicolás Maduro cerró la frontera. No es
que la ciudad fuera, hasta entonces, un paraíso.
Tampoco lo fue hasta hace un mes, luego de la recuperación, a tronchas y a
mochas, de las actividades corrientes entre Colombia y Venezuela. La economía
de Cúcuta, se notaba, estaba en ascenso.
Pero todo cambió desde cuando se anunció un concierto solidario en Villa
del Rosario, y definitivamente todo lo que se había avanzado se perdió cuando
fracasó de manera rotunda el intento internacional que encabezó Colombia para
llevar medicinas y alimentos para los venezolanos.
Ese mismo día murieron para Cúcuta las esperanzas que le quedaban sobre
terminar de recuperar tiempo y oportunidades perdidas por razón del manejo de
la política internacional que no ha tenido en cuenta los intereses de la gente
fronteriza.
En un intento, apenas anunciado, por compensar en mínima parte todo ese
daño causado a Cúcuta, el Gobierno comprará en la región algunos de los
productos “que harán parte de las ayudas para los ciudadanos del vecino país”,
y que, según el embajador colombiano en Washington serán llevadas sí o sí a
Venezuela.
¿Significa que habrá más intentos como el que derivó en violencia y en caos
insoportable, y que tiene a toda la región sin saber cuál será su futuro
inmediato en todo sentido?
Si esos son los planes, ¿por qué el mismo embajador no explica —porque en
Bogotá, en el alto Gobierno solo repiten las mismas promesas de hace años—
sobre cómo se espera que, por ejemplo, haya inversión en una ciudad destinada a
ser cabeza de playa de acciones que tienen más de militar que de solidaridad?
Lástima que el embajador solo venga a sitios muy localizados, porque
valdría la pena que saliera a la calle y palpara el nerviosismo de los
cucuteños por causa de anuncios como el que él hizo, y de intentos improvisados
de entrar a la fuerza a un país que no tiene límites para responder a
agresiones…
Sería bueno que oyeran el concepto de los alcaldes metropolitanos y demás
autoridades departamentales sobre lo que significó para la región lo sucedido
después del 23 de febrero de 2019.
¿Por qué, si pretenden hacer lo que anuncian, no escogen otro punto de los
2.219 kilómetros de frontera, la mayoría inmensa despoblados? Pero, mejor, ¿por
qué no buscan otro modo de hacer llegar esas ayudas, sin apelar a la
confrontación y a generar violencia? ¿Por qué no entregarlas a las
organizaciones internacionales de ayuda humanitaria para que ellas las pasen a
Venezuela y las repartan?
El hecho de que las ayudas aún permanezcan en las bodegas aquí,
podría interpretarse como que su entrega no es un tema urgente.
El nerviosismo de algunos tiene origen en otras causas, como la permanencia
aquí de los desertores de las fuerzas de seguridad de Venezuela, esperando
quizás alguna otra operación militar por esta frontera. ¿No tiene Colombia otro
lugar dónde mantenerlos mientras ellos toman su camino, sino la martirizada
Cúcuta metropolitana?
Y después dicen en Bogotá que Cúcuta les interesa tanto…
En esta situación, quizás
al Gobierno le venga bien recordarle que, en estos como en otros asuntos, la
norma debe ser ni muy muy ni tan tan…
Ni muy muy
ni tan tan
¿el paso por las trochas, que tanto han combatido gobierno tras gobierno,
dejó de ser ilegal?
Dentro de su fuero como jefe de Estado, el presidente de la República es la
autoridad del Estado a la que, por mandato de la Constitución, le corresponde el
manejo de las relaciones internacionales. Y así ha venido ocurriendo con el
actual Gobierno y su postura frente al presidente Nicolás Maduro de Venezuela.
Por supuesto, el presidente Iván Duque no puede estar en todos los actos en
los que Venezuela es el centro de atención. Para esto están, entre otros, su
ministro de Relaciones Exteriores y otros voceros autorizados, a los que debe
haber instruido con precisión sobre los pasos que tiene que dar Colombia
respecto del vecino país.
Pero, a veces, los representantes hacen quedar mal al representado.
Ocurrió en Cúcuta, donde borraron de un plumazo criterios jurídicos
insoslayables, quizás solo porque hay que sostener, como sea, una campaña en la
que los resultados, al fin de cuentas, han arrojado un gran saldo negativo.
Desde el viernes 22 de marzo de 2019, ya no es ilegal cruzar por las
trochas ilegales, según Víctor Bautista, Director para el Desarrollo y la
Integración Fronteriza, en infortunada e incongruente declaración respaldada
por el general Ramiro Castrillón, director de la Región 5 de Policía.
Que en un lapsus linguae Bautista haya dicho lo que dijo, sería entendible;
pero que lo haya reiterado y que sus palabras hayan recibido el respaldo del
general, lleva la cuestión a un punto en el que se cambia el concepto de lo
ilegal según la conveniencia oficial, así, sin discusión siquiera.
¿Cómo puede la Cancillería, de la que depende Bautista, argumentar que el
paso por cualquier trocha no aceptada como paso legal, no viola las normas? Si
así fuera, entonces ¿para qué pasos legales que, entre otras cosas, están
funcionando sin mayores problemas?
Si el paso por las trochas, que tanto han combatido gobierno tras gobierno,
dejó de ser ilegal, también, entonces, dejó de serlo el paso de cualquier
mercancía… o ¿por qué el paso de personas es legal, aunque se rompan las normas
migratorias, pero no lo sería el de mercancías?
Ese nuevo criterio —sus bases jurídicas no fueron expuestas— deja mucho que
cuestionar en cuanto a la difusión de decisiones del Gobierno.
Si el paso por las trochas no es ilegal, tampoco debe serlo llegar a
Eldorado y entrar como Pedro por su casa, sin pasaporte, sin visa, sin
explicaciones, o por los puertos, introducir lo que a cualquiera le
provoque…
Si esa es la nueva norma, a obedecerla. Pero, ¿por qué no la dieron a
conocer antes de que las autoridades locales de Cúcuta y las de Norte de
Santander, y las de todos los puertos de entrada del país se desgastaran y
desperdiciaran recursos intentando taponar la entrada para ejercer un mínimo
control sobre quien entra y quien se va, y qué traen o llevan.
Está bien que el Gobierno adelante todas las acciones diplomáticas que crea
convenientes en su afán por acabar con el Gobierno de Maduro.
Pero no es correcto que en ese afán, se barra con criterios jurídicos
sólidos respaldados por las leyes y la propia Constitución, que determinaba
hasta ese viernes en la tarde que era “deber (…) de los extranjeros en Colombia
acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.
Recopilado por: Gastón Bermúdez V.
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