En 1955 se inauguró oficialmente la Clínica Barco dando cumplimiento al legado que había sido estipulado en su testamento por el general Virgilio Barco en memoria de sus cinco hijos muertos en la infancia y de todos los obreros que lo acompañaron en las duras y difíciles tareas de exploración, fundación y explotación de las ‘petroleras’, tal como lo manifestara expresamente el propio benefactor.
Algunos años antes, finalizando el decenio de los cuarenta, por una bondadosa iniciativa del capitán Rafael Colmenares del Castillo y de su más firme baluarte, el sargento Víctor Manuel Vera, quien se entregó de manera denodada y desinteresada al proyecto de protección de la niñez desamparada que por esa época era uno de los lunares más aflictivos que ensombrecía el desarrollo de la ciudad, se creó el Amparo de Niños. Por esta obra, el Municipio les otorgó la Medalla al Civismo, en recompensa por su ejemplar dedicación al frente de ese organismo social.
Como siempre sucede en estos casos, asignarle el lugar propicio para desplegar las actividades que contribuyeran al proceso de rehabilitación y fortalecimiento de las nacientes personalidades de esos niños que, en su mayoría, habían sido abandonados, era uno de los mayores problemas que se tenía que resolver para iniciar con pie derecho esta titánica labor.
El obstáculo fue resuelto con la entrega de la vetusta edificación donde en el pasado había funcionado el matadero que por esos días llamaban ‘la pesa’, situado en el sitio Rosetal, lote que posteriormente se entregaría para construir el Hotel de Turismo, hoy hotel Tonchalá. El local de la antigua ‘pesa’ reunía todas las condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos, que luego de una serie de mejoras, fue habilitado para recibir a sus integrantes.
El Amparo de Niños era administrado por una Junta presidida, comúnmente por la esposa del Gobernador, acompañada de las personalidades más representativas de la ciudad, quienes cumplían sus funciones generosamente.
A mediados de la década de los años cincuenta, cuando comenzó a ventilarse la construcción del Hotel de turismo, notificaron al Amparo de Niños que debían entregar las instalaciones, pues era necesario para iniciar el proyecto contar con el lote que entonces ocupaban. En ese momento, la Junta estaba presidida por la señora Inés de Moncada, como vicepresidente el doctor Alcibíades González y en la secretaría, la señorita Blanca Luna, quien había reemplazado a la señora Elvia Velandia, esposa del juez Primero Civil del Circuito, José Antonio Rubio.
La Junta había sido reestructurada recientemente debido a ciertas posiciones que fueron adoptadas por algunos miembros de la Fundación Barco, origen del conflicto surgido entre las dos instituciones. La nueva Junta había iniciado los trámites para que las misioneras de María Inmaculada, fundada por la Madre Laura, vinieran a hacerse cargo de una granja infantil para el Amparo, como la que tenían en Medellín y habían aceptado, pero no contaban que la tal granja se establecería en los predios de la Fundación Barco, en inmediaciones de la Clínica, razón por la cual el contrato con la Comunidad debía ser firmado por los representantes de la Fundación, dando como sentado la incorporación del Amparo de Niños a la Fundación, decisión que los tomó por sorpresa toda vez que este planteamiento nunca fue expuesto en ninguna de las dos instituciones.
Ante estas eventualidades, la Junta de la Clínica Barco tuvo que ser recompuesta a raíz de la renuncia de tres de sus miembros, por las decisiones tomadas por el ejecutivo regional de proceder a darle el visto bueno a la unificación de los dos organismos de beneficencia, con el argumento que se cumplía estrictamente lo establecido por el benefactor en su legado que a la letra rezaba que se entregaba “a los niños desamparados de San José de Cúcuta, en memoria de sus cinco hijos muertos”.
El gobernador Moncada como presidente de la Junta, les aseguró a los demás miembros que de ninguna manera se violaba la última voluntad del testador, sin embargo, en señal de protesta y manifestando su desacuerdo, le presentaron renuncia de sus cargos, los doctores Eduardo Silva Carradine, Ciro Díaz Lozano y don Eduardo Sandoval Ferrero, en el día de los inocentes de ese mismo año, lo que dio para las tradicionales murmuraciones y chascarrillos en los cafés de la ciudad.
Sin mucho protocolo, el gobernador aceptó la renuncia del señor Sandoval Ferrero como su representante y nombró a don Alfredo Ramírez Berti. Ciro Díaz Lozano quien actuaba en representación del Concejo Municipal fue reemplazado por el periodista José Gregorio Acevedo. El doctor Silva Carradine continuó en su puesto como representante de la Sociedad Industrial y Comercial de Cúcuta, empresa del sector privado, hoy desaparecida.
Completaban la Junta, el doctor Miguel Roberto Gélvis quien representaba al Juzgado Primero Civil de Cúcuta y el doctor Rodrigo Peñaranda Yáñez representante del párroco de San José.
El problema fue escalando de tal manera que, en enero, le fueron remitidas varias denuncias al Ministerio de Justicia para que intervinieran en la solución de la crisis, entre ellas, una del doctor Silva Carradine.
La respuesta que el Ministerio remitió al Gobernador fue “…me es grato manifestarle que su información referente al traslado del local de la Fundación Barco es perfectamente satisfactoria y pone en claro este incidente” y agrega que le respondieron al doctor Silva que “…ese despacho nada tiene que hacer sobre el particular”. También fueron enviadas algunas quejas al Ministerio de Higiene, que igual las desestimó por no ser de su competencia.
Al parecer, la causa del malentendido entre las dos instituciones se originó en el hecho de que las dos juntas se realizaban en el mismo edificio, el de la Fundación Barco, y allí se tomaban decisiones para una u otra organización.
Finalmente, se mantuvo el statu quo, hasta que el Amparo pudo trasladarse, ante la inminencia del desalojo para la construcción del Hotel de Turismo, a un lugar más adecuado para sus actividades, que primordialmente eran agropecuarias en el sitio conocido como La Garita, sin tener que ‘invadir’ como se pretendía, los terrenos de la Fundación Barco.
Recopilado por: Gastón Bermúdez V.
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