Gerardo Raynaud
En 1948, los principales medios de comunicación lanzaron su voz de alerta
sobre una disposición, que dicen, fue tomada “por lo alto”. Consternación, por
decir lo menos, causó la noticia que anunciaba que a partir del primero de
julio, en la Policía Nacional se ordenaba licenciar el personal íntegro de la
División Norte de Santander.
Prestaban entonces sus servicios a la institución aproximadamente 300
efectivos entre oficiales, suboficiales y agentes.
La mayor preocupación se resumía en la pregunta del momento ¿Quién va ahora
de guarnición en los corregimientos, municipios, caseríos importantes y sitios
neurálgicos, amén de las alcabalas, vigilancia en la ciudad, conducción de
presos, comisiones de orden público y vigilancia de la frontera?
Se leía en uno de los editoriales de los diarios de entonces “para hacer el
elogio de la Policía Nacional y los valiosos servicios que prestó en el
Departamento con lujo de lealtad al gobierno y a las instituciones de la
república y su fidelidad que en todo tiempo hizo ostentación, gala y alarde a
los imperativos de la conciencia y a la sumisión al cumplimiento del deber y a
la calidad y condición de caballeros y hombres de bien, que decoraron siempre a
agentes, suboficiales y oficiales, vamos a esperar que sea levantado el Estado
de Sitio y gocemos de absoluta libertad de pensamiento para que nuestro
panegírico no hiera la susceptibilidad y choque con la modestia de estos
defensores del orden y de la sociedad.” Todo ello en razón a que en
oportunidades “algunos elementos de la institución hubieran sido víctimas
del morbo de la disociación y de la anarquía de los últimos años que allí
cundió con la intromisión de algunas modalidades de la política, no es óbice al
reconocimiento de los grandes méritos adquiridos por la Policía Nacional a
través de los tiempos, de los gobiernos y de los regímenes.”
El desasosiego reinaba y los principales temores giraban en torno al
desamparo y al desguarnecimiento de las garantías en las que quedaba la
población y sus habitantes, quienes consideraban que hasta tanto, no se hiciera
la debida sustitución, no podría prescindirse de ella, ya que el ejército no
sería suficiente para prestar los servicios que venía prestando la Policía
Nacional, debido principalmente por el escaso número de unidades y la
preparación necesaria.
Y para que quedara constancia de la necesidad de mantenerla en su lugar, en
las comunicaciones que se le enviaban a los gobernantes se les aseguraba que
“la conducta de la Policía Nacional durante los últimos acontecimientos fue
siempre ejemplarizante y digna de todo elogio.”
Todas estas manifestaciones reflejaban los resquemores que se tenía en esos
tiempos y en particular en ese año, luego de los trágicos acontecimientos de
abril que desató una oleada de violencia en todo el país y que a duras penas
pudo ser controlada en un esfuerzo conjunto de todas las fuerzas del orden del
país.
Muy extraño resultaba ser que después de esos luctuosos eventos, que en el
Departamento y en su capital revistieron tal nivel de gravedad, se tomara una
decisión de esta magnitud, sin embargo, el asombro para las mismas autoridades
fue mayor toda vez que la información resultó no ser cierta, razón por la cual,
los mismos funcionarios tuvieron que salir a aclarar lo sucedido.
Lo que en realidad aconteció se originó en la Contraloría Departamental,
cuando la gobernación le pidió un concepto sobre la formación de un cuerpo de
policía departamental.
Para responder dicha solicitud, los encargados escribieron un artículo que
fue publicado en el Boletín de la Contraloría en el que se presentaba un plan
orgánico de un cuerpo de policía como tal; más tarde y por petición del
Secretario de Gobierno se elaboró el respectivo proyecto de Ordenanza por medio
de la cual se creaba la Policía Departamental del Norte de Santander, con todos
los elementos que conlleva ese documento, tales como los considerandos, su
exposición de motivos y el aparte resolutorio como debe presentarse todo
documento legislativo.
Leído y analizado por el ejecutivo departamental, lo consideró apropiado a
sus requerimientos y necesidades, pero durante la discusión en la Asamblea
surgieron posiciones divergentes con algunos diputados quienes se manifestaron
contrarios a la iniciativa por los temores de que tal cuerpo se
convirtiera en una Guardia Civil, de la cual todavía guardaban ingratos
recuerdos.
Lo que el proyecto de ordenanza pedía era la supresión del contrato con el
Gobierno Nacional para sostener la División Norte de Santander de la Policía
Nacional por cuenta del Departamento, entre otras cosas, por razones
presupuestales ya que los $99.000 que costaba el contrato para pagar los
sueldos, el arrendamiento, los uniformes, las comisiones de orden público y
demás gastos para el sostenimiento del servicio, eran más que suficientes para
conformar un cuerpo de 400 unidades que incluía jueces de instrucción, cuerpo
de detectives y demás elementos necesarios para garantizar la seguridad de las
personas.
En ninguna parte del proyecto ni de los estudios previos se tocaba el tema
de la proscripción de la Policía Nacional, toda vez que el gobierno está en la
obligación de sostener en la región una división de policía, más aún, dada su
condición de frontera. Con estas aclaraciones se dio por aclarado el
malentendido.
Igualmente el proyecto de Ordenanza tampoco fue aprobado y todo quedó tal
cual.
Recopilado por: Gastón
Bermúdez V.
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