Gerardo Raynaud
Las discusiones y peleas políticas entre las distintas ramas del poder
público son tradicionales en las democracias y no por ello debe alterarse el
orden y la tranquilidad del pueblo. En una de las pocas sesiones nocturnas del
Concejo Municipal de Cúcuta durante el mes de octubre de 1947, se presentó un
incidente, calificado de “muy grave” por la prensa y que produjo titulares
sensacionalistas en todos los medios.
Violentos discursos fueron pronunciados en la sede del cabildo,
especialmente por los concejales Cáceres, Granados y Rangel Durán en contra del
alcalde Jorge Hernández Marcucci por negarse a facilitar el automóvil de
propiedad del municipio para realizar un viaje a la capital de la república,
por lo cual, el Concejo en pleno acusó violentamente al burgomaestre de haber
obstaculizado el viaje de una comisión a Bogotá, para tratar asuntos de
importancia que redundarían en beneficio de la ciudad.
En declaraciones a la prensa, el concejal Rangel se despachó contra el
gobernante municipal en términos desobligantes tales como:
“… a mi no me es extraño lo que está
pasando. Bien conocida es la actitud del señor alcalde Hernández Marcucci.
Todos nos hemos dado cuenta que este
señor, cuando lo nombran alcalde, se cree un dios, un dictador que todo lo del
municipio es de su propiedad y que las dependencias del gobierno son
elásticamente la prolongación de su casa de familia.”
Seguidamente denunció que en el automóvil del municipio paseaban fámulas y
eran llevadas aves de corral y otros semovientes a las casas de la familia del
alcalde.
Otros concejales también hablaron y censuraron fuertemente la actitud del
alcalde pidiendo que fuera debidamente sancionado; algunos menos prudentes se
atrevieron a sugerir que el gobernador debería destituirlo o que simplemente
renunciara al cargo.
Al parecer todos los cabildantes estuvieron de acuerdo con criticar la
posición adoptaba por el administrador del municipio y en el fragor de los
discursos, redactaron y presentaron la siguiente resolución, la cual fue
aprobada por unanimidad.
“El Concejo Municipal de San José de Cúcuta, en uso de sus facultades
legales y considerando…” para abreviar la crónica acortaré los considerandos
diciendo que, en primer lugar, se menciona que el Concejo designó una Comisión
que debía trasladarse a Bogotá por razones de “necesidad imprescindible”;
que la Comisión estaba integrada por el presidente del Concejo y los concejales
Cáceres, Lara Hernández y el Personero del municipio; que el Concejo, por
intermedio de su presidente solicitó el vehículo de la alcaldía para cumplir la
comisión; que el alcalde se negó sin motivo justificado y por un capricho
personal; que el automóvil de la alcaldía es un bien municipal y no privado, el
cual está destinado al servicio del municipio y no al servicio particular del
doctor Jorge Hernández Marcucci y finalmente, que como bien que es del
municipio, el Concejo puede determinar su uso, y a continuación se resuelve:
“Primero, declarar que la conducta del señor alcalde está reñida con las
más elementales normas de cortesía, pues su acción constituye, por lo menos,
una falta de urbanidad y de buenas maneras para con el señor presidente del
Concejo. Segundo, que su acción implica para el municipio, una erogación de una
fuerte suma de dinero, pues la Comisión tendrá que viajar a Bogotá en vehículos
particulares, y tercero, a partir de la fecha de esta resolución, el automóvil
destinado al servicio de la alcaldía estará bajo el control directo del
Presidente del Concejo.
Transcrita la Resolución y entregada a los señores alcalde y gobernador
respectivos se procedió a su inserción en el Registro Municipal.
Después de este “golpe”, los concejales esperaban que el alcalde presentara
su carta de renuncia irrevocable al señor gobernador, como era la usanza en esa
época pero no procedió así y sucedió todo lo contrario, pues al alcalde se
declaró en franca rebeldía contra el Concejo y rechazó de plano y en forma
airada la proposición de censura aprobada por esa corporación.
En declaraciones entregadas en rueda de prensa desarrollada en los salones
de la alcaldía, el alcalde expresó textualmente “Esa Resolución No. 11 encierra
en su texto una calumnia preparada y amasada por el Presidente del Concejo y aprobada
por el cabildo contra el alcalde y sería ésta la primera vez en la historia
política y civilista del país, en el caso que yo me dispusiera a ello, que un
alcalde enjuiciara penalmente a un cabildo, cuando éste lo calumnia
públicamente; de ahí a mandar a la cárcel a los honorables concejales no
hay sino un paso.”
Finalmente y al dar por terminada la rueda de prensa el alcalde fue
enfático en declarar que se veía en la obligación de desconocer la
Resolución No. 11 del 28 de junio de 1947 y que no existirá nada ni nadie que
le obligara a cometer un acto ilegal. Esto implica que el alcalde, de ninguna
manera ni bajo ninguna circunstancia, pondrá bajo el control del Presidente del
Concejo, el automóvil de propiedad del municipio y que de acuerdo con las
normas establecidas, es de la absoluta competencia de la alcaldía.
Planteado el pleito, la situación se mantuvo en ascuas por poco tiempo,
pues un nuevo alcalde fue nombrado, el doctor Gustavo Soto Franco, y nuevas
elecciones se sucedieron, aunque muchos concejales mantuvieron su escaño, el
hecho pasó a ser una de las anécdotas más recordadas por los habitantes de
nuestra calurosa ciudad.
Recopilado por: Gastón
Bermúdez V.
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