Hugo González Correa (La Opinión)
El atentado ocurrió el 5 de marzo de
2003 y destruyó todo a su paso en el centro comercial.
Luego del atentado contra el Centro Comercial Alejandría que cobró la vida
de 13 personas, la madre de Mónica
Yajaira Leal Moreno rogaba ante las entidades del Estado para que le
colaboraran económicamente con el fin de sacar adelante a su pequeña nieta. 15
años después, su petición se cumplió.
“Lo que me den es para ayudar a la
niña”, le dijo entonces a los reporteros un día después de estallar la bomba
que acabó con buena parte del edificio, situado en pleno corazón de Cúcuta, en
un acto terrorista perpetrado por el Eln, en represalia contra el Gobierno Nacional por las
fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos y la incursión paramilitar
que se daba en el Catatumbo.
Moreno, de 28 años, trabajaba como
cajera en una casa de cambios del primer piso del centro comercial cuando fue
sorprendida por el ‘bombazo’ (compuesto por 30 kilos de explosivos), grabado en la historia de los
cucuteños el 5 de marzo de 2003.
Aquel día, sobre las 10:00 de la mañana, todo transcurría con normalidad
por los recovecos del Alejandría, dedicados a la venta de electrodomésticos,
artículos para el hogar, ropa y licores, cuando en cuestión de segundos un
golpe en seco acabó abruptamente con la calma.
“Cuerpos por el aire, zumbido en los oídos, sentir como rayos que
atraviesan la cabeza y no saber si se está ciego o es que no hay luz. Humo,
carreras, sirenas, gritos, órdenes, llantos, caras de angustia de socorristas,
policías, bomberos, médicos, enfermeras y familiares desesperados buscando
ayuda”, describió uno de los periodistas sobre aquel momento.
Mónica Yajaira fue rescatada aún con
vida y llevada a la clínica Santa Ana, con severas quemaduras (de segundo y
tercer grados) y diferentes traumas en su cuerpo, que un día después le
causaron la muerte.
Para entonces su hermano, un agente de la Policía, dijo a La Opinión que en el momento de la
explosión él prestaba servicio en la Catedral San José, muy cerca al lugar de
la tragedia y de la Alcaldía de Cúcuta.
“Estaba de servicio cuando escuché el bombazo y los compañeros nos avisaron
que había sido en el Alejandría. De inmediato fuimos a verificar qué era (…)”,
señaló sobre aquel momento y uno de sus peores días.
Mónica llevaba cuatro años en el empleo y tenía una niña de cuatro años que
se quedó esperándola en casa.
La carga, que dejó unas 100 personas
heridas, fue ingresada en un vehículo al sótano del centro comercial. Para entonces, Alberto Durán
García, alias 'Tyson', comandante del frente Carlos Germán Velasco
Villamizar del Eln, fue uno de los señalados por estos hechos (condenado a
40 años de cárcel).
Jesús
Emel Vega, Juan Anguita y Mónica Leal, algunas de las víctimas.
La indemnización
El 10 de septiembre de 2004, la familia de Mónica Yajaira interpuso una
demanda contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por intermedio
de su abogado José Antonio Quintero, por los perjuicios morales y materiales
causados a su hija, padres y hermanos.
Sin embargo, el 14 de abril de 2011, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander se pronunció y exoneró al Estado de dicha demanda argumentando
que antes del atentado se desconocían amenazas y no había solicitudes de
protección que pudieran exigir a las autoridades la prevención de acciones
terroristas en el centro comercial Alejandría.
“El Estado no responde por actos terroristas de carácter imprevisible y no
se le puede imputar falla en el servicio”, subrayó el Tribunal en su
decisión.
Segunda instancia
La decisión generó un recurso de apelación ante el Consejo de Estado
donde recientemente la Sección Tercera revocó la sentencia del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y en su lugar declaró responsable a la
Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía por la muerte de Mónica Yajaira.
Según esta decisión, de segunda y última instancia, la Nación deberá
reparar los daños causados, en cuanto a las autoridades les correspondía
alertar al centro comercial y vigilar las medidas de seguridad que debieron
implementar y no asumir una actitud negligente como se demostró.
“Se conocieron informes previos, certificados por el jefe de inteligencia
de la Seccional del Norte de Santander, de donde la Sala echó de menos labores
de investigación, a efectos de prevenir o contrarrestar la amenaza.
En particular, si se considera que el presidente de la República (Álvaro
Uribe), el mismo día del atentado, recriminó al Eln la autoría de los hechos y
sus móviles, relacionados con las fumigaciones con glifosato en el Catatumbo”,
señaló el Consejo de Estado en un comunicado.
Sumado a ello, se conocieron las infiltraciones de grupos armados en la
Policía y la Fiscalía de la región -que también denunció el expresidente- y que
produjo una purga institucional.
Así las cosas, el Estado fue condenado a pagar alrededor de 630 millones de
pesos por los perjuicios de índole moral y material a los familiares de la
víctima, así como a la menor representada por su padre.
Recopilado por: Gastón
Bermúdez V.
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