Gerardo Raynaud (La Opinión)
A medida que la ciudad crecía y se extendía, las necesidades de trasporte para desplazarse a los sitios de trabajo y de paseo también crecieron. Durante el siglo XIX, la gente se movilizaba utilizando bestias especialmente dedicadas a estas labores, pero en los años finales, buena parte de estos traslados se realizaba en el tren o el tranvía que había sido acondicionado para tal fin y que comunicaba la ciudad entre sus extremos, de sur a norte, de las estaciones sur, todavía hoy puede apreciarse su construcción en el barrio San Rafael y la estación Cúcuta, en el sitio de la actual Central de Transportes.
Para 1912, en agosto se reseña la llegada a la ciudad, del primer
automóvil, traído por don Enrique Raffo; era un Ford y a partir de entonces, se
establece la primera empresa de trasporte público, diferente al tranvía. Dos
años después la empresa había crecido lo suficiente como para ofrecer un
servicio colectivo, tanto en la zona urbana como hasta el sitio denominado Los
Vados, sobre la ruta que conducía al municipio de Pamplona.
La empresa se llamaba “Empresa de Automóviles Ford”, pudiendo decirse que
fue la primera empresa de taxis debidamente autorizada en Cúcuta. Para
contratar sus servicios bastaba llamar al teléfono 93, pero la condición era
que no se prestaba el servicio por menos de media hora, tiempo que se contaba
desde el momento que el automóvil salía del garaje; las tarifas se cobraban de
acuerdo con el número de pasajeros, 6 o 4, según la clase de vehículo que se
utilizara y de los días, fueran feriados o no. Las tarifas oscilaban entre $6 y
$4 la hora.
Con el tiempo y la necesidad fueron apareciendo más empresarios con la idea
de ofrecer los servicios a los ciudadanos que requerían trasladarse a los
diversos puntos de la ciudad, siendo necesarios equipos de trasportes con mayor
capacidad, razón por la cual, el servicio de buses urbanos hizo su aparición a
mediados del siglo XX.
Por los años cuarenta, se sabe que se dio inicio al servicio de buses
urbanos con la empresa Libertad, la cual duró poco tiempo, pues la asociación
de varios personajes para brindarle a la sociedad cucuteña un servicio
eficiente, encabezado por el señor Celemín Cárdenas, dio como resultado la
creación de la empresa insignia del trasporte urbano en Cúcuta, Transurbanos
Cúcuta Ltda., conocida durante muchos años como la “transurbana” por sus
múltiples y constantes usuarios.
Esta empresa comenzó con unos pocos recorridos, pues al principio solo
atendía dos recorridos, uno desde el centro hasta el barrio Loma de Bolívar y
otro de la plaza de mercado hasta el puente San Rafael; con el tiempo fue
ampliando sus rutas hasta copar todas las necesidades de sus potenciales
clientes.
Con el advenimiento de la prosperidad para la ciudad, las autoridades
municipales fueron ampliando igualmente sus fronteras fiscales y de esta manera
sus impuestos iban al alza a la par de las nuevas actividades.
La “Transurbana” fue durante algunos años, monopolio en el trasporte urbano
y como sucede por lo general en estos casos, el deterioro en la prestación del
servicio fue haciéndose más notorio hasta que por razones de negocio le surge
competencia.
Don Víctor Solano, otro idealista cucuteño, tuvo la visión de impulsar una
nueva empresa que le hiciera contrapeso a la ”Transurbana” y de allí resulta
“La Libertador”, empresa que tuvo contra las cuerdas a su competencia, a pesar
de la obstrucción y las influencias que se movieron para impedirle el paso y
coprotagonista de la situación que vamos a exponer en esta crónica.
Desde el inicio de las operaciones de trasporte de pasajeros urbanos, el
municipio les impuso sus respectivos impuestos, como a cualquier otra actividad
que se desarrollara en su jurisdicción. La propuesta del fisco municipal
inicialmente fue de $10 diarios a cada vehículo de servicio local, sin
embargo, luego de una larga concertación, se llegó a fijar un monto de $5 por
vehículo, suma que fue aceptada por las partes.
Al parecer, luego de varios años de servicio, la “Transurbana” vio
disminuido sus ingresos, en buena parte por un servicio que los usuarios
consideraban deficiente, como puede concluirse de las quejas publicadas, tales
como que “eran trasladados de un lugar a otro de la ciudad entre estrujones,
empujones, sacadas de madre y arañazos en la cara por los bejucos de los
canastos de las sirvientas que hacen mercado, amén de brincar como un cacho en
un empedrado o como las bolas de la lotería dentro de la canasta en la cual
hacen el sorteo”.
Por otro lado, su competencia La Libertador, gozaba de un reconocido
prestigio, pues decían los comentarios callejeros que “… sus choferes son
decentes y muy considerados con el público, en el sentido de que no los cargan
como bultos varios ni andan atropellando a niños y a ancianos, ni matándose a
velocidades por las calles para coger un pasajero más”.
Pues bien, llegó un momento en que la empresa no aguantó más y dejó de
pagarle al municipio los impuestos correspondientes a sus buses, generando
confrontaciones entre integrantes del gremio de los trasportadores que se
acusaban unos a otros de enriquecerse a costa de los sufridos
consumidores.
El hecho es que el municipio tomó la determinación, luego de seis meses de
incumplimiento en el pago de los impuestos, de frenar a los buses impidiéndoles
la circulación y manteniéndolos “presos” frente a las instalaciones del
Permanente Central (en la esquina de la calle 13 con avenida octava).
El entonces alcalde Miguel García-Herreros tomó la iniciativa de llamar a
concertación a los propietarios con el fin de conjurar el problema, que
en aquel entonces no tenía la trascendencia de hoy, pero que de todas formas
alteraba el normal desenvolvimiento de las actividades diarias de la ciudad, en
especial por la romería de las gentes que se agolpaban frente al Permanente
para ver –y burlarse- de las largas filas de buses que se mantenían allí
inmovilizados.
La disminución de los ingresos del municipio por concepto de estos
impuestos estaba menoscabando la actividad de pavimentación de las calles, que
era el destino de éstos.
Las reuniones entre alcalde y sus funcionarios, aunque cordiales no dieron
el fruto inmediato, pues los morosos tuvieron que pagar sus impuestos, con
algunas deducciones, y la alcaldía se comprometió a estudiar una fórmula
tributaria que aligerara las cargas a los trasportadores y que sería presentada
en la siguiente sesión del Concejo.
Recopilado por: Gastón Bermúdez V.
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