Gerardo Raynaud (La Opinión)
La Quinta Cogollo primera sede.
El colegio
Municipal de Bachillerato de Cúcuta fue creado en 1961, según acuerdo 35, para
solventar las necesidades de gratuidad en la educación de la población de
menores recursos de la ciudad, toda vez que hasta entonces, sólo se disfrutaba
esta condición en lo tocante a la educación primaria y pocos tenían la
oportunidad de continuar sus estudios en las escasas instituciones oficiales de
bachillerato existentes.
El colegio
inició operaciones al año siguiente con el doctor José Antonio Rubio como
rector, la señora Carmen Yáñez de Rojas como secretaria y el señor Manuel
Rodrigo Díaz Ramírez, vicerrector, en la quinta Cogollo frente al colegio
Sagrado Corazón de Jesús. La Junta nombrada por
el municipio estuvo conformada por Miguel García-Herreros, gobernador del
departamento, como presidente; Mario González, secretario de Gobierno y
Educación del municipio y el doctor Lucio Galvis en
representación del Concejo.
Aunque el
colegio era manejado con criterio político, durante sus primeros años no se
presentaron dificultades mayores, sin embargo, a comienzos de 1965 hubo
gran agitación en el colegio debido a las decisiones de tinte político que
entonces tomaban los organismos encargados de su administración y que superaron
las expectativas académicas.
El rector,
hasta ese año, era el médico David Darío Porras, profesional muy apreciado, no
sólo en su gremio sino por toda la comunidad del colegio.
Por motivos
de política partidista, la nueva Junta, que dicho sea de paso, se renovaba
todos los años para darle participación a todos los grupos políticos, decidió
remover a su actual rector y nombrar a José del Carmen Leal Atuesta, decisión
que al parecer no fue del gusto de la mayoría de los alumnos, profesores y
padres de familia, quienes explicaron sus motivos por medio de un comunicado
que en breves términos decía que no se habían presentado presiones ni violencia
en contra de profesores y menos contra el rector y vicerrector para que
renunciaran; que las actividades académicas no se habían interrumpido y que
horarios y clases se venían cumpliendo estrictamente; que no se habían
producido actos de violencia dentro y fuera del colegio, a excepción del
protagonizado por el concejal Elbano Corzo, quien sin ninguna autoridad,
se presentó en el plantel y amenazó con expulsar a los estudiantes y
destituir a los profesores que pedían el reintegro del doctor Porras.
Los
manifestantes argumentaban que la Junta del colegio elegida el 24 de enero,
había sido elegida de manera irregular y que por lo tanto no la reconocían y
desconocían todos los actos por ella ejecutados, pues no la consideraban
capacitada para llevar el colegio a su verdadero destino, tratando de
convertirlo en un juego político, campo de maniobras partidistas.
Contra todos
los pronósticos, el nuevo rector tomó posesión de su cargo y su primer acto fue
destituir a la secretaria, la subsecretaria y varios profesores, detonante para
que los estudiantes, con el respaldo de los padres de familia y de varios
profesores, declararan la huelga.
El Ministerio
de educación fue advertido del problema y se decidió que la Secretaría de
Educación intervendría en el conflicto mientras la situación entraba en la
etapa de definición.
Mientras
tanto, un grupo numeroso de estudiantes de los grados superiores se trasladaron
al parque Colón donde en compañía de sus profesores recibían sus clases.
Como sucede
en estas crisis, dos grupos se conforman, pues mamertos y esquiroles siempre
están presentes, de manera que un grupo grande que representaba el 95% de los
involucrados asistían al parque Colón mientras que el resto iba a las
instalaciones del colegio. Esto no duró mucho, pues el grupo mayoritario se
tomó las instalaciones y las cerraron, motivo por el cual, la junta, en ese
momento presidida por el doctor Luis Jesús Romero Peñaranda, decidió
decretar vacaciones hasta tanto se supere la actual coyuntura.
Para este
momento, los estudiantes se propusieron realizar un desfile pacífico para
insistir en sus peticiones entre las que estaban, a) inclusión del obispo en la
Junta, b) reintegro de los profesores y las dos secretarias destituidas, c)
reconsideración del nombramiento del rector y d) garantías de que no habrá
represalias contra ningún estudiante.
El tiempo
transcurría y no se vislumbraba ninguna solución en el corto plazo, mientras
los estudiantes permanecían en las instalaciones, los padres de familia y
algunos simpatizantes del movimiento ofrecían su apoyo a la huelga con la
esperanza que ésta se resolviera lo más pronto posible, incluso después de más
de quince días de paro prepararon “una animada ternera a la llanera” para todos
los participantes que se encontraban dentro del recinto.
Las actuales
directivas se mantenían alertas al desarrollo de los eventos, sin lograr
avances significativos, pues al parecer, la mayor parte de las reivindicaciones
habían sido aceptadas menos la del reintegro del docente Sigifredo Ochoa
Ospina, piedra de escándalo en torno al cual no había acuerdo.
El profesor
Ochoa era un joven caldense que fue el guía y mentor de los huelguistas y que
luego se estableció que no tenía escalafón siendo ese el principal obstáculo
para su reintegro, además de una denuncia, interpuesta por el vicerrector
Rodrigo Díaz, quien afirmó que lo obligó a firmar su renuncia con amenaza
de agresión, por lo cual, el Juzgado 2° de Instrucción Penal Municipal libró
orden de captura y fue detenido.
Pasado un mes
largo de huelga, comenzaron a aparecer otros problemas, éstos relacionados con
la salud de los protagonistas, pues además de la epidemia de gripa que rondaba
por esos días la ciudad, algunos huelguistas decidieron realizar una huelga de
hambre con el fin de agilizar los trámites que parecían haberse congelado o
“puestos en nevera” como lo publicara un diario de la ciudad.
Para el 31 de
marzo, en una jugada desconcertante, la Junta Directiva anterior, es decir la
que había sido removida por la que originó el pleito, se tomó nuevamente el
gobierno del colegio con el argumento que la designación de esa junta había
sido ilegal toda vez que no había un acuerdo del
Concejo que legalizara su existencia.
La Junta
anterior estuvo presidida por el notario y concejal (no actuante) Luis Corzo
Ramírez, quien encabezó la “marcha del poder” y a nombre de la nueva
administración restituyó al rector David Darío Porras, así como la
reintegración de los profesores destituidos y convocó al alumnado a clases a
partir del día siguiente 1° de abril. De esta manera, se logró resolver,
por un tiempo la crisis ocasionada por un manejo inadecuado de una situación
académica, que por fortuna, hoy superada.
Recopilado
por: Gastón Bermúdez V.
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