La Opinión
A inicios de la tercera semana de agosto de 2015 el gobierno de Nicolás Maduro Moros decidió llevar las denominadas “Operaciones para la Liberación del Pueblo” (OLP) a la zona de frontera causando el desplazamiento de 23.000 colombianos y sus familias venezolanas, según las autoridades colombianas, unas 33.000 personas, según las organizaciones de la sociedad civil.
Paradójicamente el hijo de una colombiana, la cucuteña Teresa de Jesús Moros, se convertiría en el peor presidente de Venezuela para los intereses colombianos y su diáspora.
En 2014 inició la crisis económica en el vecino país, causada principalmente por el desbordado gasto público en que incurrió el Estado por las campañas presidenciales de 2012, con un moribundo Hugo Chávez, y de 2013, con el poco carismático Maduro, a lo que se sumó la caída de los precios internacionales del petróleo.
No obstante, la narrativa del gobierno se centró en acusar, sin evidencia, al contrabando de extracción en dirección a Colombia como la principal causa del marchitamiento de la economía venezolana.
Igual sucedió con la criminalización de la población colombiana en Venezuela. Durante los primeros años de la segunda década del siglo XXI, se disparó la violencia, llegando a una tasa de 82 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2014, y ese mismo año cerró con 24.980 muertes violentas. El discurso oficial responsabilizaba de la situación al denominado “paramilitarismo colombiano”.
En medio de la crisis de legitimidad que enfrentaba Maduro por el movimiento “La Salida”, que exigía la renuncia del presidente ante la incapacidad e incompetencia para ejercer el cargo, caracterizado por grandes movilizaciones por todo el país, el gobierno construyó la narrativa que responsabilizaba de los principales problemas de la nación, la crisis económica y la crisis de seguridad, a los colombianos y su relación fronteriza con Colombia.
Sin lugar a duda el episodio más grave en la historia de la relación bilateral colombo venezolana sucedió el 19 de agosto de 2015, hoy hace 10 años, la mayor agresión del Estado venezolano y sus autoridades contra el Estado colombiano y los colombianos.
Desde el 13 de julio de ese mismo año el gobierno venezolano implementó las OLP en un intento por contener el avance de la criminalidad y sus resultados se medían en el número de bajas de los presuntos criminales. Según las autoridades en el primer mes de dichas operaciones se logró desarticular importantes bandas de colombianos que operaban en las principales ciudades de Venezuela. La mayoría de estas acciones terminaban en la muerte de los presuntos criminales. No hay información oficial de cuántos connacionales murieron en el desarrollo de estas operaciones.
En la tercera semana de agosto las OLP llegaron al Táchira, y el miércoles 19 en acciones contra el contrabando de extracción resultaron heridos tres militares venezolanos y un civil en la ciudad de San Antonio, lo que desencadenó una respuesta desproporcionada de las autoridades que ordenaron arremeter contra la criminalidad del sector de “La Invasión”, zona popular donde la mayoría de sus residentes eran ciudadanos de origen colombiano. Los cuerpos de seguridad venezolanos llegaron a los hogares de los colombianos y marcaron las casas con las letras R, de registrada, o D, para ser demolida.
El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, lideró las acciones y entregó, según sus declaraciones, 1.012 colombianos irregulares al Consulado General de Colombia. Sin embargo, se tenía noticia de cientos de colombianos que habían salido de Venezuela llegando a los albergues de la iglesia católica en la frontera desde lunes 17 de agosto, a causa de la persecución de las autoridades venezolanas y dos días antes de los eventos que dieran lugar al cierre de frontera.
Con el cierre oficial de la frontera por parte de las autoridades venezolanas se dio un cambio en los flujos de movilidad humana entre ambos países. Para los colombianos el hermano país fue la promesa de un futuro económico y de refugio, cientos de miles hicieron de Venezuela su hogar.
En ese momento, el temor del gobierno de Juan Manuel Santos era que el episodio se repitiera y ocurriera una expulsión masiva de colombianos, no se tenía claridad de cuántos connacionales vivían del otro lado de la frontera. Nicolás Maduro dijo que eran 5,6 millones de colombianos los que vivián en Venezuela, en esa coyuntura el chavismo pagó espacios en medios norteamericanos y publicaron una declaración afirmando que eran 5,7 millones y finalmente el entonces Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, redondeo la cifra en 6 millones.
En el imaginario quedó el dato de los 5 millones de colombianos que viven en Venezuela, el cual han repetido incluso los gobiernos colombianos desde entonces. Sin embargo, no hay precisión al respecto, según el Censo de 2001 fueron empadronados en Venezuela 609.196 habitantes que habían nacido en Colombia, para el Censo realizado en 2011, los colombianos en Venezuela eran 721.791.
Pero ese último dato desconoce a los hijos de colombianos que renunciaron a su nacionalidad para regularizarse antes de que la Constitución colombiana de 1991 permitiera la doble nacionalidad. Tampoco considera a los colombianos irregulares que llegaron al hermano país huyendo del conflicto armado y se refugiaron en zonas rurales temiendo la persecución de los actores armados.
Según datos de la plataforma multiagencial R4V e información informal de Planeación Nacional, en la última década, han regresado al país entre 900.000 y 1,2 millones de colombianos, y no hay datos de cuántos colombianos viven en Venezuela.
Si bien la expulsión masiva que temían las autoridades colombianas nunca ocurrió, el cierre de frontera del miércoles 19 de agosto de 2015 es el punto de partida de lo que se conoce como la crisis migratoria venezolana que causó la salida de más de la cuarta parte de la población.
Actualmente 2.812.648 venezolanos han hecho de Colombia su hogar y 330.128 viven en Norte de Santander, según Migración Colombia.
*Escrito por Ronal Rodríguez: Vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y coordinador de la Bitácora Migratoria y el Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
Colombia y Venezuela: una relación fracturada por la política (Lucy Araque)
El 19 de agosto de 2015, Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia.
El impacto en las relaciones diplomáticas, después de diez años desde que Nicolás Maduro cerró el paso por los puentes internacionales.
La de Colombia y Venezuela es la historia de dos países hermanos, separados por sus dirigentes. A pesar de las estrechas relaciones culturales, sociales y económicas que desde siempre han unido a los habitantes de lado y lado de la frontera, la postura política de los gobernantes de turno ha llevado en varias oportunidades a que esos lazos se quebranten, con las consecuencias que esto conlleva.
Hace 10 años, el 19 de agosto de 2015, el presidente del vecino país, Nicolás Maduro, decretó el estado de excepción durante 60 días en varios municipios del estado Táchira y ordenó cerrar, de manera unilateral, la frontera con Colombia, a partir de la madrugada del 20 de agosto, en un hecho que marcó un antes y un después en el relacionamiento de estas dos naciones.
Los siguientes fueron años de tensiones diplomáticas y amenazas que desembocaron en un rompimiento definitivo en febrero de 2019, siendo presidente Iván Duque, luego del fallido paso de las ayudas humanitarias hacia Venezuela. Maduro ordenó, entonces, la salida del personal de la Embajada de Colombia, así como los cónsules y todo el cuerpo diplomático, llevando nuevamente a su máximo nivel el conflicto entre los gobiernos de los dos países.
Una situación similar, pero que se pudo resolver pronto, se había dado ya en julio de 2010, cuando Venezuela, con Hugo Chávez como presidente, decidió romper relaciones diplomáticas con el gobierno de su homólogo colombiano Álvaro Uribe, después de que este lo acusara ante la OEA de dar refugio a miembros de las Farc y el Eln.
En la última gran crisis entre Bogotá y Caracas -la de Duque y Maduro- fue necesario esperar más de tres años y un cambio de gobierno para que las relaciones volvieran a recomponerse y la considerada frontera más activa de Latinoamérica empezara a recuperar su esencia.
Carlos Gamboa Sus, ministro consejero de la Embajada de Colombia en Caracas entre 2015 y 2019, fue testigo directo de lo que significaron los años más difíciles de la fracturada relación entre Colombia y Venezuela, hasta su estallido definitivo. Para el entonces delegado del gobierno Santos, la del presidente venezolano fue una decisión mal tomada y cargada de “odio y rabia”, pero, además, sin fundamento.
Dice que ambos países venían en un crecimiento económico, en una hermandad permanente y una relación socioeconómica bien fuerte, pero el rompimiento desencadenó una desconfianza total. “Veníamos de un auge de 7.000 millones de dólares y eso empezó a sentirse. En el primer año hubo un descenso gradual de casi 2.000 millones de dólares y así progresivamente hasta llegar a lo que se llegó, que fue los 200 millones de dólares cuando yo me vine (de Venezuela) en el 2019”, contó.
No obstante, el peso de las relaciones económicas, las diplomáticas y políticas siempre fueron muy tensas, asegura Gamboa Sus. “A nosotros el gobierno venezolano nos atendía de una manera muy marginal”, recuerda el exministro. Y es que, si bien la de Colombia en Venezuela era una embajada clave y estratégica por los temas de paz que en ese momento se estaban manejando por parte del gobierno colombiano, pues estaba en curso el proceso de paz con las Farc, Gamboa reconoce que el relacionamiento con el Palacio de Miraflores era muy difícil.
“De hecho, el embajador nuestro fue llamado a consultas varias veces, porque Maduro nos insultaba mucho, nos atacaba, no nos dejaba trabajar y no había ningún tipo de relación comercial; tampoco había correlación social”, señala Carlos Gamboa. El exministro consejero cuenta que una muestra de lo complejo que siempre fue ese trabajo con Venezuela, es que los más de 200 convenios firmados de manera bilateral, desde 2010, no funcionaron.
“Nosotros nos desgastábamos con ellos, porque cada rato había que enviarles notas verbales para que respondieran de acuerdo a los convenios de entendimiento que habíamos firmado. Eran reuniones desgastantes porque no cumplían. Son muy desorganizados, no manejaban información, como sí lo hacía la embajada nuestra”, dice Gamboa.
Y concluye diciendo que la relación entre los dos países hermanos siempre fue muy desigual y de poca confianza. Por eso, está convencido de que el memorando de entendimiento para crear la Zona de Paz, Unión y Desarrollo firmado en julio pasado, tendrá la misma suerte que los que se suscribieron años atrás.
“Eso no va a pasar de un desgaste, porque en el momento que ellos vean que no les favorece, no aprueban y no pasa nada”, advierte.
John Mario González, docente y analista político, considera que el cierre unilateral de los puentes internacionales que comunican a Venezuela con Colombia, en 2015, tuvo unas implicaciones “gravísimas” en las relaciones entre los dos países, no solo en materia comercial, teniendo en cuenta que el vecino país era el segundo socio comercial histórico de Colombia, sino porque se agravaron los problemas de seguridad a lo largo de la frontera.
Recuerda que, aunque el entonces presidente Juan Manuel Santos adoptó “la estrategia del apaciguamiento frente a una devenida dictadura”, la cooperación en materia de seguridad, económica y de proyectos binacionales se vio muy afectada. “Además, porque eso coincidió con las sanciones económicas que comenzó a imponer Estados Unidos a Venezuela y el agravamiento de su situación económica y social. La afectación fue tan grande que se convirtió en una migración descontrolada de venezolanos hacia Colombia”, dice.
Y advierte que, aunque el perfil y vocación de la frontera entre Colombia y Venezuela está dado para que sea una de las zonas comerciales más activas del continente americano y tenga un desarrollo industrial sin precedentes destinado a Estados Unidos, México y a toda Centroamérica, teniendo en cuenta la cercanía y las facilidades, esto no será posible mientras en Venezuela exista una dictadura y Colombia tenga un gobierno “errático y demagógico”. “Ahora no hay confianza. Lo que hay son intereses y coincidencias por la necesidad de sobrevivencia de una cruel dictadura, como la de Venezuela, con un gobierno populista como el colombiano; eso, en el marco de unos problemas muy serios de seguridad en la frontera, en especial en el caso colombiano”, señala.
Por eso, para el analista, la principal lección que en términos diplomáticos dejó el cierre de la frontera y todos estos años de relaciones difíciles, es que las democracias de Colombia y Venezuela han sido históricamente muy débiles y que, “el populismo es como un cáncer que hace metástasis y se extiende allende las fronteras nacionales”.
Lo aprendido en materia económica por el cierre de frontera (Leonardo Fabio Oliveros)
El exministro Germán Umaña y los líderes gremiales Sergio Castillo, de Norte de Santander, y Gipsy Pineda, de Táchira, hablan de las lecciones aprendidas.
Hace 10 años, con el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, la vida económica de esta zona cambió. La informalidad se apoderó del territorio y se arraigó como una cultura, a través de las trochas entre los dos países. El 19 de agosto de 2015, el comercio binacional formal pasó a cero por los puentes internacionales entre Norte de Santander y Táchira. Lo poco que se movió se dio a través de La Guajira-Zulia.
Y, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que dejó este cierre en materia económica? A esta interrogante respondieron líderes gremiales y el primer ministro de Comercio, Industria y Turismo del gobierno de Gustavo Petro, Germán Umaña, artífice de la reapertura materializada el 26 de septiembre de 2022.
Germán Umaña
Para Umaña, lo único que dejó ese episodio fue un aumento de la pobreza absoluta, la pobreza multidimensional, desempleo, informalidad, contrabando, lavado de activos y la disminución del Producto Interno Bruto per cápita de Norte de Santander y La Guajira, por la destrucción del turismo, el comercio, la industria y el sector logístico. “Si usted mira esos indicadores durante el periodo del cierre, pues, en desempleo, estábamos 4% por encima del promedio nacional y más del 20% por encima en la informalidad. Estábamos con un ingreso per cápita más o menos la mitad de lo que había tanto en Colombia como en Venezuela”, indicó el también presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombo Venezolana.
El líder gremial se peguntó: “¿por qué siempre los Estados centrales, tanto de Colombia y Venezuela pretenden tomar medidas en las que nunca contemplan los intereses de los gobernadores, los alcaldes y los agentes económicos y sociales de la frontera?”. Así, otra lección aprendida es que las decisiones no solo las deben tomar Caracas y Bogotá.
Germán Umaña destacó que no se perdieron las relaciones económicas y diplomáticas entre los gobiernos, tampoco las relaciones que existían entre los empresarios de ambas naciones. “Alguien dijo que, cerradas las fronteras, Norte de Santander y La Guajira iban a solucionar los efectos económicos mirando a otros países, cosa que nunca ocurrió”.
Con la reapertura, que terminó con “esa larga noche oscura”, nacieron convenios importantes como el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, la modificación del Acuerdo Parcial N°28 y el acuerdo de transporte terrestre. Y todo ello, según el exministro, dio paso a los esfuerzos para crear la Zona Económica Binacional.
Gipsy Pineda
La presidenta de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en Táchira, Gipsy Pineda, subrayó que el cierre fronterizo destruyó el aparato productivo binacional, porque muchos trabajadores y sus familias que cumplían su actividad laboral en San Antonio y Ureña se quedaron sin sustento. Pineda aseguró que la migración de industrias, comercio y servicios hacia el lado colombiano generó una contracción de la actividad económica de la frontera de más del 70%.
“La preocupación de todo el empresariado tachirense era apremiante, porque esto involucraba una restructuración de cada una de las organizaciones, desde la sustitución de proveedores, clientes e insumos, hasta las operaciones en general”, expresó.
La representante de los empresarios recordó que la parálisis fronteriza no fue como darle pausa a una película, para posteriormente reactivarla como si nada hubiera pasado, pues las consecuencias de ese período de siete años fueron desastrosas.
Pineda señaló que una de esas lecciones que dejó la decisión del gobierno venezolano, es que recuperarse de un cierre de frontera cuesta mucho, porque las empresas que se han logrado reactivar han alcanzado un nivel del 50% en su capacidad instalada; se espera que a finales de 2025 otras reabran.
“Con una frontera abierta y el permanente crecimiento en el intercambio comercial, Venezuela tiene un reto, especialmente nuestro estado, que cuenta con empresarios resilientes y trabajadores, y es impulsar la competitividad necesaria para que la balanza binacional sea mucho más equilibrada, porque, actualmente, solo participamos en el 10% de ese intercambio”, añadió.
Otra lección muy clara, según manifiesta la dirigente gremial, es que las fronteras no deben cerrarse y mucho menos la colombo-venezolana, pues, es una línea que se desdibuja, producto de la actividad comercial dinámica. Pineda confía en que esta zona volverá a ser la más importante de Latinoamérica.
Sergio Castillo
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, expresó que el aprendizaje más claro que perciben una década después del cierre es que “la frontera nunca más debe volver a vivir esto”. “Venezuela es nuestro mercado natural porque, geográfica y logísticamente, estamos más cerca de los venezolanos que del centro de Colombia y, a través del tiempo, esta posición privilegiada ha sido capitalizada por nuestros empresarios y sectores productivos. Es evidente que se ha ido mejorando el proceso natural de restablecimiento y recuperación del intercambio comercial, pero también es cierto que no ha sido como se esperaba”, afirmó.
Para Castillo, otra lección es que hay un reto clave por asumir en materia de seguridad, entendiendo que no solo se trata de la Fuerza Pública, también en términos de seguridad jurídica, financiera y todo lo relacionado con el fortalecimiento de las condiciones que brinden garantías a cualquier negocio que se haga entre empresarios colombianos y venezolanos. De acuerdo con el líder gremial, está claro que los anuncios que se hacen por parte de los gobiernos de Caracas y Bogotá generan desconfianza e incertidumbre, porque hay un desconocimiento evidente de la situación real de lo que ocurre en el territorio.
Sergio Castillo recalcó que la inversión extranjera siempre ha puesto los ojos en Norte de Santander, por su ubicación y sus condiciones privilegiadas, pero al final, la decisión de materializar esta inversión no se toma por ese temor existente, el cual se traduce en zozobra e inestabilidad.
En el primer semestre de 2025, el comercio con Venezuela por la frontera Norte de Santander-Táchira alcanzó los US$279,5 millones, mientras que por La Guajira-Zulia fue de US$259,8 millones, para un total de US$539,3 millones. La meta este año es superar el indicador anual de las operaciones del pasado (US$$1.200 millones) y lograr US$1.500 millones.
Walter Márquez Rondón
Entre tanto, el exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Walter Márquez Rondón, exigió el 18 de agosto 2025, la apertura total de la frontera colombo-venezolana, al cumplirse diez años del cierre arbitrario decretado en 2015. Márquez, quien se desempeñó como embajador de Venezuela en la India durante el gobierno de Hugo Chávez, calificó de “insólito” que aún persistan restricciones horarias en los pasos fronterizos. Recordó que el puente internacional Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander cierran de 9:00 p.m. a 6:00 a.m., mientras que el puente Atanasio Girardot (antes Tienditas) permanece clausurado de medianoche a 6:00 a.m.
Márquez señaló que el 19 de agosto de 2015 será recordado como “una fecha negra” en la historia de la frontera, en contraste con el 17 de diciembre de 1819, cuando el Libertador Simón Bolívar proclamó la unidad de Colombia y Venezuela con la creación de la Gran Colombia.
“El cierre, impulsado por Maduro y el entonces gobernador José Gregorio Vielma Mora, duró siete años y ocasionó estragos irreparables en los sectores laboral, minero, comercial y educativo. Especialmente en el eje Ureña-San Antonio, donde aún no se ha logrado la recuperación”, puntualizó.
Finalmente, el exdiputado exigió que la Corte Penal Internacional avance en las investigaciones contra Nicolás Maduro y sus colaboradores por crímenes de lesa humanidad derivados de la medida. También advirtió que las autoridades colombianas que cierran los pasos internacionales están incurriendo en responsabilidades de cadena de mando.
“No existe estado de excepción ni en Colombia ni en Venezuela, ni suspensión de garantías. Cerrar la frontera es ilegal. La lección que nos dejó este capítulo es que nunca más debe repetirse un cierre arbitrario como el que hemos padecido”, concluyó.
Recopilado por: Gastón Bermúdez V.
