Sin duda, los valores humanos regionales se centran en el patrimonio de sus mejores hombres, como Virgilio Barco Vargas, quien nació en Cúcuta, el 17 de septiembre de 1921. La historia familiar de Virgilio Barco está arraigada a una aristocracia que comenzaron sus padres, Jorge Enrique Barco Maldonado y Julieta Vargas Durán, gestores de una industria petrolera -vigente aún-, proveniente de una de las primeras concesiones, la cual se le otorgó a su abuelo, militar y empresario, Virgilio Barco M., casado con Doña Edelmira Maldonado Atalaya, descendiente de Don Juan Atalaya quien, a propósito, participó en la Guerra de los Mil Días.
Todo eso lo contaba -deliciosamente- Doña Delina Durán de Gaitán, una belleza de señora a quien tuve el privilegio de conocer de cerca, y hablaba de Doña Julieta, madre del presidente, sobrina de Justo Durán Gómez, militante del Partido Liberal, quien asumió la crianza de su sobrina y tuvo mucho que ver en la formación de su sobrino nieto, en quien sembró sus ideas liberales. A él se le reconoce con el nombre de un bello municipio nortesantandereano, Durania. Durán fue un militar liberal en la guerra de los Mil Días, curiosamente opuesto al conservador, Virgilio Barco Martínez.
SU FORMACIÓN ACADÉMICA
Virgilio Barco Vargas estudió bachillerato en el colegio Sagrado Corazón de Jesús en Cúcuta, y se fue a Bogotá a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Nacional, logrando terminar en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en 1943. (Sería el último presidente-ingeniero de Colombia, técnico, más que político).
Se casó el 15 de junio de 1950, en Cúcuta, con Carolina Isakson Proctor, hija de un industrial petrolero norteamericano, para el que Barco trabajó en el Catatumbo, y tuvo cuatro hijos: Carolina, Julia, Diana y Virgilio Barco Isakson.
El estudio lo condujo a ser un hombre muy centrado y sereno, cuyas decisiones ejecutaba después de razonar y las comunicaba con hechos, con pocas palabras.
LA RUTA POLÍTICA DE BARCO
Su trayectoria política abarca todos los escenarios y fue desempeñada, con lujo de competencia, en su desempeño tanto económico, como internacional, logrando en estos dos sectores grandes beneficios para el país. Ministerios, embajadas, alcaldía de Bogotá, en fin, hasta que asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 1986, comenzando un modelo de gobierno y oposición para finalizar el Frente Nacional que había permitido la participación del liberalismo y el conservatismo en el estado.
Además, emprendió sus famosos cinco objetivos prioritarios: productividad social de los recursos públicos, democratización de la administración pública, eficiencia y responsabilidad de instituciones y funcionarios, capacidad de gerencia y administración y fortalecimiento institucional de la Presidencia de Colombia.
Incluso, realizó la primera elección popular de alcaldes en 1988, y creó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el fortalecimiento del Programa Nacional de Rehabilitación (PNR) y el fondo de Desarrollo Integral Campesino (DRI), tan importantes para su programa de gobierno.
El Dr. Barco inició la apertura de los mercados colombianos y presentó un cambio contundente con su Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, junto con el Plan Nacional de Rehabilitación.
PESAR NACIONAL
El 20 de mayo de 1997, con 75 años, murió de un cáncer que tuvo que afrontar con valor, además de su Alzheimer, y fue sepultado en el Cementerio Central de Bogotá. El Congreso aprobó honrar su memoria y declaró 3 días de luto nacional. En su honor se construyó la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, diseñada por el ilustre arquitecto Rogelio Salmona, y el parque adyacente que lleva su nombre.
“Les traigo mi saludo, les vengo a decir una buena noticia, una palabra de verdad: Por fin, la tierra, que es de ustedes, es de ustedes”
En La Chorrera, el 23 de abril de 1988, el presidente Barco pronunció un discurso de especial trascendencia, devolviendo las tierras a los indígenas del Amazonas, sus verdaderos propietarios, después de una denodada lucha por recuperarlas del monopolio de empresas dedicadas a la explotación del caucho, como la Casa Arana y demás. Hago un breve resumen de su intervención, en lengua autóctona:
Aquí están sus tierras, queridos compatriotas de las comunidades Witoto, Murui, Muinane, Bora, Ocaina, Andoke, Yucuna, Cabiyarí, Inga, Siona, Letuama, Tanimuca, Macuna y demás que habitan los resguardos del Predio Putumayo y del Apaporis. Sigan amándolas y cuidándolas como hasta ahora, ya que ellas, como siempre, seguirán siendo su mejor albergue porque sólo ustedes conocen sus secretos, sus bondades, sus debilidades y hasta sus más sutiles actitudes.
Ja idéskue (ya me voy)
Ha bitikwe. Ñúefue, úa rafúe, ómoimo yoitikwe: ikoiri, omói énie, ha órnoie.
La historia del Predio Putumayo es la historia del país, íntimamente ligada a la de las relaciones colombo-peruanas y particularmente referida a cuestiones fronterizas. Grupos indígenas lo han mantenido y conservado, dentro de su particularísima sabiduría ancestral sobre manejo de la naturaleza, durante todos los años de su existencia; aún con demérito de su casta y con merma de su número, por razón de los injustos ataques de todo orden, los indígenas están aquí y el predio los ha acogido y alimentado: tierra e indígenas se pertenecen.
Esta es, pues, la razón para que el Estado Colombiano haya dispuesto reconocer formalmente a los indígenas la condición de propietarios, bajo la modalidad de Resguardos, del Predio Putumayo. Para que la realidad milenaria de la Posesión reciba el ingrediente formal de la titularidad del dominio; para que ellos busquen y obtengan la seguridad del bienestar; para que así, el Predio se conserve en beneficio del ecosistema.
El Gobierno Nacional es consciente de que la política del Estado Colombiano, en cuanto a los indígenas, se ha fundamentado en los siguientes principios básicos que han orientado la legislación expedida hasta la fecha sobre la materia.
Las comunidades indígenas tienen derecho a un territorio exclusivo que les sirva de asentamiento en el que puedan desarrollar sus actividades productivas. Tienen derecho a darse sus propias formas de organización, a fijarse sus propios reglamentos y a elegir sus autoridades. Los asiste un característico grado de autonomía en el manejo de sus asuntos internos. Gozan del derecho a estudiar sus propias condiciones de vida y a darse modelos de desarrollo que armonicen con ellas. Con todo derecho, merecen el respeto y el reconocimiento de la integridad de su territorio, de su organización, costumbres y tradiciones, para que ello les permita disfrutar de una vida armónica y apacible. La propiedad de la tierra se fundamenta en la constitución de las áreas ocupadas, con el carácter legal de Resguardos por parte del Gobierno.
EN PIE DE IGUALDAD…
¡Cuánta esperanza…!
Este Gobierno considera indispensable y de especial prelación conocer, analizar y evaluar, objetiva y totalmente, el acervo de las costumbres, los usos y sistemas de control social de que estos numerosos grupos disponen, y tomar en consideración sus valores religiosos y culturales, porque son ocultarles los nocivos resultados que traería el quebrantamiento de esos valores y de esas instituciones propias; ello, con el objeto fundamental de permitir a la población indígena beneficiarse, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la ley otorga al resto de la sociedad, de promover el mejoramiento de su nivel de vida y de crear posibilidades de integración nacional, con exclusión de cualquier medida tendiente a la asimilación artificial de las diversas etnias indígenas.
Los 81 grupos indígenas que habitan a lo largo y ancho del territorio nacional constituyen en su conjunto una importante población de cerca de cuatrocientas cincuenta mil personas, que representa un valor social y cultural invaluable en el país. Las comunidades indígenas colombianas que viven y ocupan extensos territorios en la Amazonia, el Litoral Pacífico, las llanuras naturales del oriente del país, la península semidesértica de la Guajira y las tierras en las faldas y valles de la compleja geografía de los Andes, continúan soportando en mayor o menor grado situaciones de marginalidad y desatención del Estado.
Este Gobierno ha sido enfático en señalar que debe garantizarse a los indígenas el goce de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás nacionales, sin detrimento de las medidas especiales de protección que les consagra la legislación colombiana. Así mismo, se debe reconocer el carácter multiétnico de la Nación y apoyar las comunidades indígenas, para que asuman plenamente sus derechos como condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia.
El Gobierno Nacional, en su Plan de Economía Social, se ha propuesto como uno de sus grandes objetivos, el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, poniendo en marcha una estrategia de desarrollo social que busca el acceso adecuado y suficiente de la población a los activos sociales y económicos, que le permita gozar de los servicios de salud, de educación, bienes básicos y seguridad alimentaria. Las comunidades indígenas, de ninguna manera, deben estar por fuera de estos grandes propósitos y de los grandes planes de mayor prelación, previstos por el Gobierno, como el Plan Nacional de Rehabilitación y el Plan de Desarrollo Rural Integrado.
Sobre estas bases ha querido el Gobierno que su política en relación con los indígenas se oriente a la preservación de las zonas tradicionalmente habitadas por las comunidades, a la provisión de servicios sociales básicos, a la protección de sus derechos fundamentales y en especial de su integridad social y cultural y a brindar a estas poblaciones los medios y mecanismos de participación que les permitan decidir sobre las políticas, programas y acciones del Estado que las afecten.
Esta política está estrechamente ligada a la política ambiental, que tiene como propósito el ordenamiento, la protección, la recuperación y el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, en especial en los ecosistemas frágiles del medio selvático.
LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
Respecto a los derechos de los indígenas en la explotación económica del subsuelo, es decisión inmodificable del Gobierno Nacional que estas comunidades no tengan jamás derechos inferiores a los que, sobre el mismo aspecto, tienen establecidos los demás colombianos. De igual manera se reconoce el derecho de los indígenas a organizarse de acuerdo con sus usos y costumbres, en desarrollo de la Ley 89 de 1890, garantizando las condiciones necesarias que les permitan cumplir con las atribuciones que la comunidad les asigne y las que les confiere la legislación nacional. Para reforzar la participación indígena en la toma de decisiones sobre las políticas y programas que los afecten, se han ido creando una serie de mecanismos con participación indígena tales como los Consejos Municipales de Rehabilitación, los Comités de Política Indigenista y el Subcomité de la Comisión de Estudios y Reforma. de la Legislación Minera.
Su cacica…
En el campo de la educación, el Gobierno busca desarrollar programas conforme a las costumbres, necesidades y deseos de las diferentes comunidades. Estos programas tienen como objetivo fortalecer la capacidad social de decisión de los indígenas sobre su propio destino, lo cual conlleva una decidida política del Ministerio de Educación Nacional para poner en ejecución los Decretos Reglamentarios y demás disposiciones de ese Ministerio, orientados a la consecución de dichos objetivos, con la participación de los mismos indígenas.
Con el propósito de facilitar el acceso de los indígenas a la educación media y superior, se creará este año un fondo de becas en el ICETEX que se denominará “Álvaro Ulcué”, en honor al sacerdote mártir de la lucha por la reivindicación de los derechos de los indígenas.
El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, diseñará y desarrollará programas de atención primaria en salud, de acuerdo con las costumbres y necesidades de las comunidades indígenas. Para este efecto creará el Ministerio un grupo especializado en atención a las comunidades indígenas y adoptará las medidas que sean necesarias para poner en ejecución la Resolución 10.013 de 1981, emanada de ese Ministerio, la cual establece que el servicio de salud debe prestarse teniendo en cuenta las características culturales de cada comunidad.
La casa Arana
Esta Administración, con la coordinación de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, está adelantando programas para que las autoridades de la República y la sociedad colombiana en general conozcan y respeten los valores culturales de las comunidades indígenas y para que los funcionarios públicos, no importa su posición o su cargo, den cumplimiento a las normas legales que tutelan sus derechos. De igual manera, ordena un trato justo a estas comunidades y advierte que sancionará ejemplarmente los actos discriminatorios contra los indígenas. La lucha contra la discriminación comprenderá, además, una campaña educativa encaminada a remover los prejuicios culturales y sociales que favorecen tales actitudes.
LA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS SOCIALES
Consideramos fundamental apoyar la investigación científica, en colaboración con las comunidades indígenas, en las áreas de antropología, ecología y ciencias afines, y el fortalecimiento de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a estas actividades, para que la acción del Gobierno en las comunidades culturalmente diferenciadas y los ecosistemas frágiles se fundamente en conocimientos precisos.
Con la entrega de los resguardos del Predio Putumayo, Monocha, Aduche, Puerto Sábalo o Los Monos, Villazul y del Yaigojé o Apaporis se completan más de doce millones de hectáreas constituidas bajo la figura de Resguardos Indígenas y Parques Naturales en el Amazonas colombiano y se da un paso definitivo en la ejecución de una política amazónica, que reconoce los derechos de las comunidades aborígenes y busca establecer un manejo racional, equilibrado y sostenido de los recursos naturales.
Antes de la entrega del Predio Putumayo, los resguardos indígenas en la Amazonia colombiana se extendían por algo más de 5 millones de hectáreas, situación que ganó para Colombia expresiones de admiración, respaldo, felicitación y gran acogida de la comunidad científica internacional. Considero, por lo tanto, que este reconocimiento internacional es hoy aún mayor con motivo de que el país ha duplicado el área de protección y desarrollo de las comunidades indígenas y de conservación del medio natural.
Biblioteca Virgilio Barco Vargas en Bogotá.
En el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, el Gobierno de Colombia, al que actualmente corresponde ejercer la Secretaría del Tratado, se propone estimular la adopción de todas las acciones necesarias para desarrollar los territorios amazónicos dentro del fiel cumplimiento de las respectivas disposiciones nacionales de protección a las culturas indígenas y a los recursos naturales.
Igualmente, sugiere el estudio conjunto de la situación de los pueblos indígenas que se encuentran en las regiones amazónicas de cada uno de estos estados, para construir un modelo para el mejoramiento de dichas comunidades.
HOMENAJE A SU VALENTÍA Y TENACIDAD
Cuánto complace la Gobierno Nacional y al Presidente de la República en particular, haber apresurado la culminación de este gran acto de justicia, consistente en la entrega a las comunidades indígenas de la Amazonia de las tierras que han sido su cuna, su hogar, el asiento fundamental de su sociedad y en las que, por tantos años, sus antepasados y abuelos sufrieron no sólo los rigores de la naturaleza sino hasta el atropello de nacionales y extranjeros.
A esos antepasados rindo hoy un homenaje de gratitud y admiración por su valentía y tenacidad, que fueron indudablemente pilares útiles para que se forjara nuestra nacionalidad. Todos los planteamientos mencionados, que constituyen la política del Gobierno Nacional, deben entenderse por los señores Ministros de Gobierno, Agricultura, Educación, Salud y Trabajo, así como por los Jefes del Departamento Nacional de Planeación y DAINCO y de los demás organismos públicos a quienes corresponda realizar actividades con indígenas; deben entender todos los planteamientos mencionados, repito, como una orden expresa para que busquen y utilicen los mecanismos que faciliten la realización de esta política, la cual será coordinada por la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno.
Recopilado por: Gastón Bermúdez Vargas
