1703.- HUELGA EN EL COLEGIO MUNICIPAL

Gerardo Raynaud (La Opinión)

La Quinta Cogollo primera sede.

El colegio Municipal de Bachillerato de Cúcuta fue creado en 1961, según acuerdo 35, para solventar las necesidades de gratuidad en la educación de la población de menores recursos de la ciudad, toda vez que hasta entonces, sólo se disfrutaba esta condición en lo tocante a la educación primaria y pocos tenían la oportunidad de continuar sus estudios en las escasas instituciones oficiales de bachillerato existentes.

El colegio inició operaciones al año siguiente con el doctor José Antonio Rubio como rector, la señora Carmen Yáñez de Rojas como secretaria y el señor Manuel Rodrigo Díaz Ramírez, vicerrector, en la quinta Cogollo frente al colegio Sagrado Corazón de Jesús. La Junta nombrada por el municipio estuvo conformada por Miguel García-Herreros, gobernador del departamento, como presidente; Mario González, secretario de Gobierno y Educación del municipio y el doctor Lucio Galvis en representación del Concejo.

Aunque el colegio era manejado con criterio político, durante sus primeros años no se presentaron dificultades mayores, sin embargo, a comienzos de 1965 hubo gran agitación en el colegio debido a las decisiones de tinte político que entonces tomaban los organismos encargados de su administración y que superaron las expectativas académicas.

El rector, hasta ese año, era el médico David Darío Porras, profesional muy apreciado, no sólo en su gremio sino por toda la comunidad del colegio.

Por motivos de política partidista, la nueva Junta, que dicho sea de paso, se renovaba todos los años para darle participación a todos los grupos políticos, decidió remover a su actual rector y nombrar a José del Carmen Leal Atuesta, decisión que al parecer no fue del gusto de la mayoría de los alumnos, profesores y padres de familia, quienes explicaron sus motivos por medio de un comunicado que en breves términos decía que no se habían presentado presiones ni violencia en contra de profesores y menos contra el rector y vicerrector para que renunciaran; que las actividades académicas no se habían interrumpido y que horarios y clases se venían cumpliendo estrictamente; que no se habían producido actos de violencia dentro y fuera del colegio, a excepción del protagonizado por el concejal Elbano Corzo, quien sin ninguna autoridad, se  presentó en el plantel y amenazó con expulsar a los estudiantes y destituir a los profesores que pedían el reintegro del doctor Porras.

Los manifestantes argumentaban que la Junta del colegio elegida el 24 de enero, había sido elegida de manera irregular y que por lo tanto no la reconocían y desconocían todos los actos por ella ejecutados, pues no la consideraban capacitada para llevar el colegio a su verdadero destino, tratando de convertirlo en un juego político, campo de maniobras partidistas.

Contra todos los pronósticos, el nuevo rector tomó posesión de su cargo y su primer acto fue destituir a la secretaria, la subsecretaria y varios profesores, detonante para que los estudiantes, con el respaldo de los padres de familia y de varios profesores, declararan la huelga.

El Ministerio de educación fue advertido del problema y se decidió que la Secretaría de Educación intervendría en el conflicto mientras la situación entraba en la etapa de definición.

Mientras tanto, un grupo numeroso de estudiantes de los grados superiores se trasladaron al parque Colón donde en compañía de sus profesores recibían sus clases.

Como sucede en estas crisis, dos grupos se conforman, pues mamertos y esquiroles siempre están presentes, de manera que un grupo grande que representaba el 95% de los involucrados asistían al parque Colón mientras que el resto iba a las instalaciones del colegio. Esto no duró mucho, pues el grupo mayoritario se tomó las instalaciones y las cerraron, motivo por el cual, la junta, en ese momento presidida por el doctor Luis Jesús Romero Peñaranda, decidió decretar vacaciones hasta tanto se supere la actual coyuntura.

Para este momento, los estudiantes se propusieron  realizar un desfile pacífico para insistir en sus peticiones entre las que estaban, a) inclusión del obispo en la Junta, b) reintegro de los profesores y las dos secretarias destituidas, c) reconsideración del nombramiento del rector y d) garantías de que no habrá represalias contra ningún estudiante.

El tiempo transcurría y no se vislumbraba ninguna solución en el corto plazo, mientras los estudiantes permanecían en las instalaciones, los padres de familia y algunos simpatizantes del movimiento ofrecían su apoyo a la huelga con la esperanza que ésta se resolviera lo más pronto posible, incluso después de más de quince días de paro prepararon “una animada ternera a la llanera” para todos los participantes que se encontraban dentro del recinto.

Las actuales directivas se mantenían alertas al desarrollo de los eventos, sin lograr avances significativos, pues al parecer, la mayor parte de las reivindicaciones habían sido aceptadas menos la del reintegro del docente Sigifredo Ochoa Ospina, piedra de escándalo en torno al cual no había acuerdo.

El profesor Ochoa era un joven caldense que fue el guía y mentor de los huelguistas y que luego se estableció que no tenía escalafón siendo ese el principal obstáculo para su reintegro, además de una denuncia, interpuesta por el vicerrector Rodrigo Díaz, quien afirmó que lo obligó a firmar su renuncia con amenaza de agresión, por lo cual, el Juzgado 2° de Instrucción Penal Municipal libró orden de captura y fue detenido.

Pasado un mes largo de huelga, comenzaron a aparecer otros problemas, éstos relacionados con la salud de los protagonistas, pues además de la epidemia de gripa que rondaba por esos días la ciudad, algunos huelguistas decidieron realizar una huelga de hambre con el fin de agilizar los trámites que parecían haberse congelado o “puestos en nevera” como lo publicara un diario de la ciudad.

Para el 31 de marzo, en una jugada desconcertante, la Junta Directiva anterior, es decir la que había sido removida por la que originó el pleito, se tomó nuevamente el gobierno del colegio con el argumento que la designación de esa junta había sido ilegal toda vez que no había un acuerdo del Concejo que legalizara su existencia.

La Junta anterior estuvo presidida por el notario y concejal (no actuante) Luis Corzo Ramírez, quien encabezó la “marcha del poder” y a nombre de la nueva administración restituyó al rector David Darío Porras, así como la reintegración de los profesores destituidos y convocó al alumnado a clases a partir del día siguiente 1° de abril. De esta manera, se logró resolver, por un tiempo la crisis ocasionada por un manejo inadecuado de una situación académica, que por fortuna, hoy superada.

Recopilado por: Gastón Bermúdez V.