Gerardo Raynaud
No niego que el título sea un poco estrafalario, pero a mediados del siglo
pasado, cuando empezaba a asomarse la modernidad en la ciudad, comenzaron a
surgir problemas originados por las técnicas de construcción que se empleaban,
en toda la ciudad sin excepción, lo cual llevó a las autoridades ambientales a
tomar ciertas decisiones que originaron disgustos y desavenencias entre la
población.
Desde que se inició la reedificación de la ciudad después del terremoto de
1875, las casas y demás construcciones siguieron las instrucciones que deban
los ingenieros de la época y estas consistían en la utilización del bahareque,
sistema del cual nadie se apartó y que puede constatarse, aún hoy, en las
viejas residencias construidas en los barrios más tradicionales de la ciudad.
El bahareque tenía varias ventajas, todas comprobadas empíricamente como eran,
la seguridad que presta, la durabilidad y la garantía contra cualquier
emergencia sísmica como la vivida y de la cual, nadie quería recordar.
Sin embargo, no faltaban los funcionarios recién aterrizados, hijos o no de
esta villa de San José, que recién posesionados de sus puestos, posiblemente
contagiados de ese prurito de la innovación y alejados de la superabundancia de
hombres empleómanos, de esos que en sus ratos de ocio, viven pendientes “de ver
la manera de maltratar la tranquilidad y el respecto a las propiedades y
sistemas económicos de sus conciudadanos”, decían algunos de los críticos a las
normas que expedían, sin mayores fundamentos ni sustentos, aquellos noveles
empleados públicos.
Se trataba de subalternos de la llamada ‘Dirección de Sanidad’, considerada
en aquella época por quienes se sentían maltratados, debido a las pautas que
continuamente se expedían, como “la dirección de putrefacción pública”.
Pues bien, a mediados de 1943, les dio por expedir una famosa
resolución, mediante la cual se exigía el embovedamiento de todas las casas de
la ciudad. La resolución era perentoria y su incumplimiento acarreaba unas
sanciones bastante fuertes, que iban desde la retención de las propiedades, el
decomiso de las llaves de entrada para impedir el acceso a la vivienda hasta
multas por el desacato a la norma.
¿En qué consistía el tal embovedamiento? Pues resulta que después de la
destrucción de la ciudad en el siglo anterior y la subsiguiente reconstrucción,
los techos de las casas continuaban al descubierto, especialmente las de las
clases menos favorecidas, quienes vivían la vida al nivel de sus comodidades.
La norma del cubrimiento obligatorio de la vivienda se había establecido
como medida preventiva de las enfermedades más comunes de ese momento, toda vez
que la ciudad había sufrido los embates de las más mortíferas epidemias en los
años transcurridos desde su restauración.
Las fluctuaciones del clima en los últimos cincuenta años, había expuesto a
la población, incluidos todos sus elementos de habitación, a contagios que
comenzaron con la fiebre amarilla, luego una epidemia de viruela, que
posteriormente le dio paso a otra de fiebre tifoidea y finalmente, un azote de
gripa con todas sus consecuencias de expurgación de vida.
Las autoridades sanitarias, conscientes de la necesidad de proteger a los
habitantes
de estas plagas, hacían ineludible la llamada desinfección de las viviendas, operación que se cumplía con regularidad y era supervisada por los trabajadores de la Oficina de Higiene.
de estas plagas, hacían ineludible la llamada desinfección de las viviendas, operación que se cumplía con regularidad y era supervisada por los trabajadores de la Oficina de Higiene.
A pesar de estas contingencias, insuficientes debido a lo descubierto de
las viviendas, los efectos de los programas de desinfección duraban muy poco y
su eficacia era casi nula. Por esta razón, había que apelar a fórmulas más
efectivas y tratar de “blindar” las casas, para que los parásitos tuvieran
mayores dificultades en desarrollar su nefasto propósito; de ahí la propuesta
de embovedamiento, que no era otra cosa, que cubrir la construcción para
impedir el paso de alimañas nocivas a la salud de sus habitantes.
Es necesario anotar, que la desinfección, la que hoy llamamos fumigación,
se hacía más como control de propagación del comején que de los zancudos, de
los cuales aún no se conocían como agentes transmisores o vectores de
enfermedades como las anteriormente mencionadas.
El problema surgió más por el procedimiento empleado, que por la finalidad
que se buscaba, levantándose una polvareda de disgustos, inquietudes y
angustias que llevaron a manifestaciones, particularmente entre los pobladores
de los barrios más pobres pues consideraban carecer de los recursos necesarios
para realizar las peticiones de la tal “resolución”.
En los estratos intermedios se procedió de manera más calmada pero
igualmente provocadora, pues apelaron a los medios para hacerse sentir y
promover acciones jurídicas en torno a las competencias y a los elementos
procesales empleados en la expedición de la norma.
En los círculos sociales de los clubes y en las tertulias de los famosos
cafés, era tema ineludible discutir el tema. Algunos se preguntaban: ¿existe
alguna disposición que autorice ese adefesio sanitario? Ese mismo sistema, ¿es
adoptado en otras ciudades del país, como por ejemplo, en Bogotá? Luego se
trata de un abuso que es preciso denunciar ante las autoridades superiores.
Otros más acuciosos, argumentaban que “hasta ahora, que sepamos, nadie
puede ser perturbado en la posesión de sus intereses, ni violado en la
tranquilidad de sus personas y aquel ocio del empleado atrabiliario, viola
todos los principios constitucionales que nos rigen y lo repetimos como siempre
lo hemos hecho, es un abuso protuberante que está haciéndole daño a Cúcuta en
forma escandalosa.”
En el caso de los más menesterosos, siempre salían en su defensa alegando
“que en esas circunstancias, ha llegado la hora de reaccionar contra ese abuso
repugnante y censurable, digno de sanciones del Código Penal, cuando se presente
el caso de que porque a un pobre no pueda embovedar su casa, se pretenda
expropiarlo, retenerle la posesión de sus propiedades o intimarlo a fuerza de
amenaza, para hacerlo cometer el mayor de los errores, como arruinarse
ejecutando una obra que va a demoler dentro de un no lejano día, los
sacrificios de tantas vigilias para adquirir su vivienda y la de sus hijos,
debe tenerse en cuenta que la Constitución de Colombia no ha sido reformada en
el sentido de autorizar al gobierno de arrebatar derechos ajenos.”
Estos considerados atropellos, definitivamente no prosperaron y después de
algunos “tires y aflojes”, con los funcionarios de la Oficina de Sanidad, el
embovedamiento pasó al olvido y la tranquila villa continuó con su caluroso
ritmo sereno y sosegado hasta una próxima “resolución”.
Recopilado por: Gastón
Bermúdez V.
