Gerardo Raynaud (La Opinión)
A comienzos
de la década de los años cuarenta la situación financiera del municipio era tan
penosa que una minoría de concejales se había empeñado en hacer desaparecer las
Empresas Públicas Municipales como organismo autónomo y convertirla en una
simple dependencia de la Tesorería Municipal. En una acción intempestiva e
inconveniente, este pequeño grupo introdujo un ‘mico’ en uno de los
Acuerdos presentados en una sesión desarrollada algunos días antes,
logrando su aprobación sin que se produjera ninguna reacción por parte de la
coalición mayoritaria.
Días más
tarde, cuando el hecho fue conocido por el ejecutivo en cabeza del alcalde Luis
Monsalve Cuberos, citó a los concejales de la mayoría, para que revirtieran esa
norma, pues no sólo era inadecuada sino que perjudicaba a la población en
general, que la llevó a manifestarse en contra de tan absurdo proceder.
Si bien es
cierto que las Empresas Municipales de la ciudad no fueron, hasta ese momento,
un ejemplo de organización ni de eficiencia, la decisión de eliminarlas no
constituía el remedio adecuado para solucionar los crecientes problemas que
durante años venía padeciendo la ciudad.
Por
instrucciones del señor alcalde, el Concejo Municipal fue citado para los
primeros días del mes de julio de 1942, para estudiar el restablecimiento de
las Empresas Municipales de Cúcuta, mediante una acción de revisión que el
grupo opositor trataba por todos los medios, hasta los más vedados, impedir.
Para el día
citado la mayoría llevó el proyecto de restablecimiento de la institución
municipal, proponiendo además, una reorganización de forma más conveniente y
presentando economías y ahorros de funcionamiento en una suma cercana a los
ochocientos pesos mensuales.
En un
principio, el proyecto tuvo una discusión de altura entre todos los concejales,
tanto entre quienes presentaban el proyecto y constituían la mayoría, como
entre los opositores que veían en el proyecto presentado como “más de lo mismo”
y que argumentaban que se trataba de una pirueta del alcalde para mantener una
burocracia que contribuía a satisfacer las aspiraciones políticas del partido
en el poder.
Al producirse
el primer receso, los distintos grupos se reunieron tratando de encontrar
un acuerdo en torno al proyecto con los concejales de la mayoría liberal el
cual lograron de forma amplia, juiciosa y cordial, separándose del consenso
únicamente los concejales Carlos Ramírez París y Teodoro Gutiérrez
Calderón, quienes dejaron constancia de su voto negativo.
Por su parte,
el concejal Carlos Julio Peña, quien venía sosteniendo la supresión de las
Empresas, tuvo una actuación inteligente y magnífica durante el acuerdo al
aceptar y ofreciéndole todo su apoyo y respaldo, con razonamientos lógicos y en
varias oportunidades protestó enérgicamente contra la coacción que
se ejercía contra la coalición mayoritaria amiga del restablecimiento de
las oficinas del servicio público.
En el mismo
sentido, el concejal Luis Antonio Cáceres, quien en un principio atacó
violentamente el restablecimiento, luego tomó parte de las conversaciones
privadas que se hicieron en relación con el proyecto y más tarde, en sesión
pública, aceptó y justificó las fórmulas adoptadas para el restablecimiento del
organismo; sin embargo, a la hora de la votación, se ausentó del recinto,
excusa tradicional de los políticos cuando no quieren verse involucrados en
decisiones que después puedan ser controvertidas.
Esa sesión
del Concejo Municipal de Cúcuta, puede reconocerse como una de las más largas
que se hayan realizado en su larga vida republicana, inició a las seis de la
tarde y duró debatiéndose hasta las cinco de la mañana del día siguiente. La
hora de la votación de los artículos pertinentes se fijó a las tres de la madrugada
y vale decir que de los quince ediles que formaban el Concejo de aquella época,
doce votaron afirmativamente el restablecimiento con las reformas que fueron
propuestas y aceptadas.
Las crónicas
relatan que los concejales que aprobaron el Acuerdo, fueron Augusto Martínez,
Miguel Alvarado García, José Manuel Villalobos, Luis Francisco Guerrero, Carlos
Julio Peña, Macedonio Colmenares C., Marco Antonio Lázaro, Luis Francisco
Ibarra, Lope Moros, todos los anteriores pertenecientes al partido liberal quienes
constituían la bancada mayoritaria y los conservadores Manuel Buenahora, Luis
Felipe Dávila y José Antonio Ortega Parra.
Fue tanta la
algarabía que se formó en torno a quienes libraron esa memorable y
honrosa jornada, no sin soportar los ultrajes gratuitos de algunos de los
concejales oponentes y de elementos irresponsables de las barras quienes habían
sido llevados ex profeso para cumplir con tan bochornosa misión.
En virtud de
las reformas aprobadas, en lo sucesivo, el gerente ya no sería nombrado por el
alcalde sino que lo haría la Junta Administradora que a partir de la nueva
normativa estaría integrada por un representante del Concejo, un representante
de los bancos instalados en la ciudad y un tercero en representación de la
Cámara de Comercio.
Aunque aún le
faltaba el tercer y último debate para su aprobación oficial, las decisiones
que se tomaron previamente incluían este punto que fue asumido
protocolariamente.
Adicionalmente,
el Concejo suspendió de manera definitiva la entrega de la Empresas Públicas
Municipales de Cúcuta a la Tesorería Municipal, tal como se había establecido
en el Acuerdo derogado.
El alcalde
Monsalve Cuberos alcanzó una victoria política muy importante para el
desarrollo de la ciudad, pues en los años posteriores, las Empresas Municipales
participarían activamente en la implementación de los proyectos de acueducto y
alcantarillado, este último que tuvo un desarrollo más lento y demorado, puede
decirse que fue gracias al interés puesto por esta institución que se logró
acceder a los recursos para su construcción.
Recopilado por: Gastón Bermúdez V.
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