La Ruta de Legalidad en los Barrios
La Secretaría de Vivienda Municipal, durante la administración del alcalde Jairo Yáñez estructuró un proyecto en el año 2020, que busca mejorar substancialmente las condiciones socioeconómicas de la población de bajos recursos de la comuna 9 de Cúcuta; el programa de la ruta de la legalidad, conlleva cuatro etapas, iniciando con la legalización de barrios de origen informal, la titulación de predios a las familias que habiten en ellos y cumplan los requisitos establecidos por la ley, el mejoramiento de las viviendas con la construcción de baterías sanitarias, concluyendo con el mejoramiento integral del barrio.
La meta fue establecida con un ambicioso proyecto sobre 6 barrios de la ciudad de origen informal, legalizados entre los años 2.013-2.015: Manuela Beltrán, Las Delicias, Brisas de los Andes, Valles del Rodeo, María Gracia y Jerónimo Uribe, con un área total de 756.413 m2 y una población beneficiada estimada en 9.945 personas aproximadamente. El proyecto pretende convertirse en la columna vertebral de desarrollo urbano en el sector, trayendo beneficios en la calidad de vida de la población. Con una inversión proyectada superior a los $64.000 millones de pesos, que incluye la construcción de acueductos y alcantarillados, un canal de aguas de lluvias con alameda, parques, pavimentación de calles/ciclo-ruta y salón comunal.
Debido a la envergadura del trabajo no fue posible culminar en la vigencia 2020-23, sin embargo, con la entrada del nuevo gobierno del alcalde Jorge Acevedo, se decidió apoyar y dar continuidad al proyecto, (claro ejemplo de cómo los gobiernos deben manejar los proyectos de ciudad para beneficio de sus habitantes), el cual actualmente se financia con recursos del orden municipal, del orden nacional (Ministerio de Vivienda) y del orden internacional (OnuHabitat).
De la misma manera los crecimientos de ciudad se deben hacer planificadamente, tratando de evitar los crecimientos desordenados, debido a los problemas de invasiones por desconocimiento de su causa, impacto ambiental y falta de control sobre ellas.
Calidad del aire de Cúcuta estuvo crítica en marzo
El aire que respiran los cucuteños presentó en marzo niveles alarmantes en su calidad y ello puso en vilo a las autoridades ambientales. Incluso, la misma Corporación Autónoma para la Frontera Nororiental (Corponor) reveló que durante varios días de ese mes se registraron niveles nocivos para la salud, que obligó a pedir apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam. Factores como la emisión de gases vehiculares, la actividad industrial y las condiciones climáticas adversas han contribuido a esta problemática, generando preocupación entre la comunidad y las autoridades locales.
Para poder superar la emergencia que se extendió por varias semanas, Corponor y los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios implementaron una serie de medidas tendientes a contribuir al mejoramiento de las condiciones del aire del área metropolitana y evitar de esta manera decretar la alerta roja por parte de la autoridad ambiental.
EPS y Gobierno le deben al Meoz $487.000 millones
El Gobierno Nacional y las EPS le adeudan unos 487.000 millones de pesos al Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, que atiende a pacientes de Norte de Santander, pero también de Arauca, Sur del Cesar y de Venezuela. El nuevo gerente de la entidad, que asumió el cargo este año, Hernando José Mora, lamentó que de esta cifra, unos 250.000 millones, prácticamente hay que darlos por perdidos porque son de deudas que dejaron las EPS liquidadas como Cafesalud, Coomeva, entre otras. Añadió que solo de prestar servicios a la población migrante venezolana, el Gobierno Nacional le estaba debiendo al Hospital cerca de 120.000 millones de pesos. No obstante, dijo que la gestión este año era poder recuperar gran parte de la cartera.
Obras clave, en el limbo por mala gestión
En enero de 2024, La Opinión corroboró que tras concluir el mandato de Jairo Yáñez (2020-2023), el Área Metropolitana de Cúcuta firmó tres convenios, que contemplaban nueve proyectos. Solo cuatro culminaron, eso sí, ninguno en el tiempo estipulado, y aún quedan cinco por terminar: Avenida de Las Américas, los corazones de barrio La Libertad y Los Estoraques, el colegio Nuestra Señora de Belén y las baterías sanitarias.
En todos estos proyectos, según la Contraloría Municipal, la alcaldía y el Área Metropolitana incurrieron en fallas de planeación, diseños, técnicas y hasta financieras, dado que a casi todos los contratistas hubo necesidad de adicionar recursos porque los trabajos no arrancaron cuando se contrataron sino seis meses, un año después.
Cúcuta, entre las más violentas del mundo
En febrero del año que termina, Cúcuta y su área metropolitana ocuparon el lugar 43 del listado de las 50 ciudades más violentas de 2023, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.
La capital de Norte de Santander volvió a estar en el deshonroso ‘ranking’ que cada año publica la ONG. Esta zona del departamento registró 369 homicidios el año 2023, lo que representó una tasa de 36,6% respecto al poco más del millón de habitantes que aproximadamente tiene.
Uno de los ejes centrales del plan de gobierno del alcalde cucuteño Jorge Acevedo es la seguridad, por eso ha propuesto la instalación de cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Además, anunció el trabajo que se viene adelantando con el Gaula del Ejército Nacional, para la creación de un grupo especial.
Estremecedora búsqueda de desaparecidos en el cementerio de Cúcuta
Lo que se encontraron las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el cementerio de Cúcuta, supera todos los pronósticos hasta ahora en el país.
De los 20 procesos de medida cautelar que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ha ordenado, el escenario más crítico a nivel nacional, por la magnitud, la gravedad y el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades locales, es el del Cementerio Central de Cúcuta, así lo afirmó la magistrada María del Pilar Valencia, quien lidera esta investigación por parte de la Justicia Especial para la Paz, (JEP).
Después de intervenir cerca de 3.800 cuerpos que fueron dispuestos de forma irregular en fosas comunes y monumentos en este camposanto, los expertos forenses de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y la UBPD encontraron evidencia que indica que, al menos, 211 de estos cuerpos serían víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado. El hallazgo se produjo durante la intervención de 10 de los 23 puntos de interés forense identificados, donde se encontraron cuerpos en bolsas de plástico degradadas por el paso del tiempo, algunos con o sin marcación.
La nueva Variante de La Floresta
Con una inversión de 18.000 millones de pesos, la Gobernación inauguró la Variante La Floresta, una obra que se dejó financiada desde la administración anterior. Se pavimentaron y mejoraron 2,6 kilómetros de doble vía entre Pinar del Río y Santa Rosa de Lima. Habitantes del Área Metropolitana de Cúcuta se beneficiarán y acortarán el tiempo de desplazamiento, gracias a la entrega de la vía que conecta a la capital de Norte de Santander con los municipios de Los Patios y Villa del Rosario.
Cifras
-800 mil vehículos no circularon en el primer Día sin Carro que se cumplió en marzo.
-48 colegio privados dejaron de funcionar por culpa de la pandemia de la Covid-19.
-5.000 millones de pesos perdió Cúcuta porque en la administración anterior se dejó prescribir deuda de la constructora Sodeva.
5.200 millones de pesos cuestan los estudios del Plan Maestro de Alcantarillado de Cúcuta.
Plantón por la paz
Vestidos de blanco y portando globos, pañuelos, carteles y clamando paz, miles de cucuteños salieron a las calles de la capital nortesantandereana para decirles a los violentos que no le hagan más daño a la ciudad.
La marcha tuvo lugar el 30 de octubre y fue convocada por la Alcaldía de Cúcuta, bajo el lema ‘Una mano por la paz y la seguridad’.
La iniciativa contó con el respaldo de la Gobernación de Norte de Santander, de las centrales obreras, instituciones educativas, de las distintas iglesias, la Fuerza Pública, líderes sociales y comunales, la comunidad LGBTIQ+, comunidades indígenas, gremios económicos y políticos, organismos de socorro, concejales, diputados, órganos de control, así como también, con la Comisión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros.
Además de enviar un mensaje contra los violentos, la marcha también buscó llamar la atención del al Gobierno nacional, para que fije su mirada en esta ciudad fronteriza que necesita con urgencia intervenciones que le permitan salir de la lista de las ciudades más violentas del mundo y mejorar sus condiciones de seguridad y convivencia.
Apertura del paso por puente La Unión reanudó relaciones binacionales
Luego de siete años en abandono, las autoridades colombianas y venezolanas lograron ponerse de acuerdo para darle reapertura al paso vehicular en el puente internacional La Unión, que une a los municipios fronterizos de Puerto Santander y García de Hevia.
Los gobernadores de Norte de Santander y Táchira oficializaron la apertura con la firma del Protocolo del Habilitación del Puente Unión, que se sumó al de los puentes Simón Bolívar (La Parada), Francisco de Paula Santander (Ureña) y Atanasio Girardot (Tienditas).
La apertura de este puente contribuye a dinamizar la economía y el turismo en la zona, a través de los sectores de comercio, transporte, hoteles y restaurantes, entre otros, lo que impactará positivamente el empleo y el desarrollo fronterizo.
El paso de personas, mercancías y vehículos en general quedó regulado según los términos establecidos por las entidades técnicas de ambos países.
Crece la producción de agua potable en Villa del Rosario
La empresa prestadora del servicio de acueducto en Villa del Rosario, Aqualia, invirtió 25.000 millones de pesos en la ampliación de su capacidad de potabilización, lo que permitirá mejorar la producción del líquido vital, así como las frecuencias de abastecimiento de los diferentes sectores de este municipio del área metropolitana.
Esta se trató de la primera gran inversión que se le hace a la planta de tratamiento de ese acueducto en 50 años, de acuerdo con la gerente de la empresa, Ledys Quintero.
Además de este hito, otro hecho importante que tiene que ver con este servicio, fue el inicio de pruebas a las secciones del Acueducto Metropolitano, tanto en Los Patios como Villa del Rosario, a objeto de probar todo el sistema hidráulico, ante su eventual entrada en funcionamiento.
Doble cambio de mando en la cárcel de Cúcuta
Durante 2024, el Centro Penitenciario de Cúcuta, uno de los más importantes del país por el nivel de peligrosidad de los privados de libertad que alberga, cambió de mando en dos ocasiones por varias razones.
El primer relevo se registró a inicios de agosto cuando Ángelo Torrado, presentó su renuncia al cargo, por razones de seguridad. En su lugar llegó Jaime Blanco, un experimentado funcionario con 20 años de experiencia en el Inpec. Su estadía en el cargo no se prolongó más de un mes, luego de que fuera declarado insubsistente, por presuntos manejos irregulares en el interior de la cárcel.
Finalmente, Ronald Ugarte asumió el cargo el dos de diciembre, con la misión de garantizar una administración eficiente, transparente y orientada al respeto por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
La cátedra del ‘Maestro de la carranga’
El maestro Jorge Velosa fue el invitado de honor en el cierre de la edición número 20 de la Fiesta del Libro Cúcuta 2024, uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad, que tuvo la participación de más de 60.000 asistentes. Velosa, creador del género de música campesina, mejor conocido como la carranga, asistió en ocasión de presentar su libro ‘Historiando mi cantar, un viaje por la carranga’.
Bajó índice de hacinamiento en las estaciones de Policía
Cerca de un 80 por ciento bajó el índice de hacinamiento en las estaciones de policía de la ciudad, lo que convirtió en un acierto el convenio interinstitucional entre la Alcaldía de Cúcuta y el Inpec, razón por la cual dicho acuerdo se renovará en 2025.
De acuerdo con Miguel Castellanos, secretario de Gobierno de Cúcuta, el monto total proyectado para atender todo el tema penitenciario asciende a los 3.500 millones de pesos.
El panorama inicial de esta problemática daba cuenta de un universo de 728 personas en condiciones de sindicados en las estaciones de Policía; durante el año se lograron trasladar al menos 567 personas. El último balance indicaba que faltaba lograrse el traslado de 161, concentradas en los CAI de Alfonso López, Kennedy, Centro, Libertad, Trigal del Norte y San Fernando, que representan todavía un grado de hacinamiento o sobrepoblación de un 126 por ciento, según fuente policiales.
San José de Castro vive tras la avalancha
El 3 de junio de 2024 será una fecha que los habitantes del corregimiento de San José de Castro en el municipio de Arboledas jamás olvidarán. Y es que ese día, la furia del río Arboledas se llevó todo lo que encontró a su paso: casas, árboles, animales, vehículos, cultivos, puentes y vías, dejando a más de 13 familias sin nada. Aunque el rugido de la tierra alertó a la comunidad, contra la naturaleza nada pudieron hacer, pues fue en cuestión de minutos que se desató la avalancha que logró con todas sus fuerzas, desplomar la carretera principal del corregimiento, dejándolos incomunicados con más veredas y sin saber que del otro lado también quedarían aislados con el casco urbano de Arboledas.
En medio de lágrimas y desolación, las familias de San José de Castro solo agradecían una cosa: estar vivas, precisando que, según las historias que conoció La Opinión al visitar la zona es que ‘los milagros sí existen’, ya que, algunos se salvaron porque lograron salir a tiempo de sus casas, otros estaban de paseo y unos más habían salido a rezar el Rosario.
Seis meses después de lo ocurrido, los habitantes de esta zona siguen viviendo un drama que les genera preocupación, pues hace unas semanas la naturaleza quiso reclamar lo que le pertenece y se registró un nuevo deslizamiento sobre la misma zona donde varias viviendas se desplomaron y otras quedaron totalmente inhabitables.
Sin embargo, San José de Castro ha demostrado ser un corregimiento resiliente que, a pesar de las adversidades nunca se rendirá: hoy, las familias damnificadas cuentan con subsidios de arriendo, mientras que, la administración municipal trabaja en un proyecto para solucionar los problemas de humedad en la zona y evitar que la tierra siga cediendo.
Las lluvias causaron emergencias
Debido a la temporada invernal, la Gobernación de Norte de Santander tuvo que declarar en el mes de junio, la calamidad pública en el departamento, destacando que los municipios más afectados fueron Salazar de las Palmas, Cucutilla, Arboledas, Chinácota, Convención, La Esperanza, Labateca, San Cayetano, Teorama, Villa del Rosario, Toledo, Chitagá, El Carmen, Cacota, Bochalema, Los Patios, Pamplona y la provincia de Ocaña.
Y en este último sector, las fuertes lluvias ocasionaron el colapso del puente en el sector de la San Juana que comunica a Sardinata con Ocaña, luego de que el 12 de noviembre, la quebrada que pasaba por debajo de la estructura afectara seriamente sus cimientos, por lo que se ordenó el cierre inmediato de este tramo vial.
Sin embargo, contrario al tiempo que tuvieron que esperar en El Tarrita para que se instalara un puente metálico, en el tramo La Remolina 2, en Sardinata, la interrupción del paso solo duró 13 días. Esto, gracias a la gestión adelantada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) que contempló la instalación de un puente metálico provisional, la adecuación de los accesos y rigurosas pruebas de carga que hasta el momento han garantizado la seguridad de los automotores.
Se entregó la vía 4G Pamplona-Cúcuta
Con la puesta en funcionamiento de 32,4 km de segunda calzada, correspondientes a las unidades funcionales 3 y 4, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entregó en su totalidad el proyecto de cuarta generación Pamplona-Cúcuta, un corredor vial de 62,6 kilómetros. En la Unidad Funcional 5 se construyeron los dos puentes vehiculares más largos: el puente de La Honda, de 358 metros y el puente Iscalá, de 224 metros.
Campesinos del páramo protestaron
Durante varios días del mes de octubre, campesinos y habitantes de los páramos de Almorzadero, Santurbán, Berlín y el Cocuy, que abarcan los departamentos de Norte de Santander, Santander y parte de Boyacá, hicieron efectivo el bloqueo en las vías que conectan al Nororiente colombiano con el resto del país, en señal de protesta por una serie de medidas que, aseguraban, vulneraban sus derechos sobre el relacionamiento con la tierra.
En Norte de Santander los cierres de vías se propagaron por los municipios de Mutiscua, Pamplona, Chitagá y el área metropolitana de Cúcuta, específicamente en el peaje Los Acacios, donde se formó una kilométrica fila de vehículos, de carga y transporte público, en la que quedaron atrapados cientos de personas, que debieron cruzar a pie para continuar su recorrido a diferentes destinos.
No fue sino hasta después de 5 días y gracias a las mesas de diálogo que se instalaron con el Gobierno nacional, que los paramunos decidieron levantar los bloqueos, tras llegar a varios acuerdos.
Entre los puntos acordados está el cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, que establece que para la delimitación del páramo se debe incluir la propuesta campesina y de Corponor, basada en un modelo predio a predio y denominada “Santurbán, con gente protegida para conservar”.
También se acordó estudiar los casos de titulación o formalización de propiedad privada en el área de páramo y además, se planteó la posibilidad de un memorando de entendimiento para consolidar un plan de inversiones que apoye la conservación del páramo de Santurbán y mejore la actividad agropecuaria de la región.
Finalizó la construcción del nuevo Gramalote
Se cumplieron 14 años de la avalancha que acabó con Gramalote, y luego de una inversión de 448.000 millones de pesos, se dio por terminada la construcción del nuevo municipio a sólo 20 minutos del antiguo centro poblado.
Las obras de este reasentamiento incluyeron la estabilización geotécnica, redes de servicios públicos, sistema de drenaje subterráneo y la construcción de andenes, espacios públicos y equipamientos como la plaza de mercado, la estación de policía, el hospital y el polideportivo. Asimismo, se construyeron dos vías para conectar a Gramalote con los municipios aledaños de Santiago y Lourdes.
Del proyecto solo resta la entrega de 104 viviendas que corresponden a propietarios no habitantes del pueblo en el momento de la avalancha, las cuales se van a desarrollar a través de un convenio entre la Gobernación de Norte de Santander y el Fondo de Adaptación.
En cifras
· 100 mil millones de pesos invirtió el Ministerio de las TIC en Norte de Santander, en materia de interconectividad y telecomunicaciones.
· 283 años se perdieron con la caída del Puente Real en Chitagá, una de las estructuras por donde pasó el libertador, Simón Bolívar.
· 3 días de arresto cumplió el alcalde de Ocaña por desacato a una acción de tutela.
· 700 hectáreas fueron consumidas por el fuego en lo corrido de 2024.
Envían a Donamaris a prisión, pero se fugó
Comenzando octubre, el Juzgado Sexto Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Cúcuta revocó la medida de casa por cárcel con la que había sido favorecido el exalcalde Donamaris Ramírez, en abril de 2023, y ordenó su traslado a un centro carcelario.
Sin embargo, la orden judicial no se pudo cumplir, toda vez que el exmandatario no apareció en la residencia donde permanecía detenido. “Pongo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el posible punible de fuga de presos art. 448 CP, basado en informe rendido por el funcionario que estuvo a cargo de la diligencia”, informó el Inpec.
Una de las razones que tuvo en cuenta el juez para enviar a prisión al exmandatario tiene que ver con que la medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario es la que resulta más efectiva ante el hecho por el cual se le está investigando.
El exmandatario entre 2012 y 2015 es investigado por las presuntas irregularidades que rodearon la ejecución del contrato 876 de 2013 para la construcción de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Cormoranes, Ciudad Rodeo, Torcoroma Siglo XXI y Comuneros, cuyo valor alcanzaba los $4.695 millones.
Dos cucuteños, en el gabinete de Gustavo Petro
Después de que en Cúcuta y Norte de Santander le reclamaran duramente al gobierno del presidente Gustavo Petro por la indiferencia con la que se ha mirado al departamento y la falta de respaldo para hacerle frente a los diferentes problemas que sufre la región, el jefe de Estado sorprendió con dos anuncios que revivieron las posibilidades de un cambio radical en esa relación.
Los cucuteños María Constanza García Alicastro y Juan Fernando Cristo fueron designados ministros de Transporte y del Interior, respectivamente, hecho que fue bien recibido por los diferentes sectores de la región, quienes coincidieron en que finalmente habría alguien de Norte de Santander con poder de decisión en el alto gobierno.
Por el lado de la cartera política, Cristo es uno de los que más se ha destacado en este segundo semestre del año y es el artífice de una de las reformas que ya logró sacar adelante el Gobierno: la que amplía las transferencias del SGP a las regiones.
Ludy Páez es elegida personera de Cúcuta
La novela en que se convirtió la elección de personero de Cúcuta para el periodo 2024-2028 llegó a su fin a mediados de febrero y Ludy Páez Ortega definitivamente pudo tomar posesión del cargo. Después de muchos ires y venires, y de una intensa puja que se desató al interior del Concejo entre los dos bloques en que está dividida la corporación, la mesa directiva y la exsecretaria de Educación del departamento terminaron ganando el pulso, al lograr que un juez dejara con vida la elección que se había celebrado el 10 de enero y en la que la ganadora fue Páez Ortega. Sin embargo, las demandas continuaron y el caso llegó al Tribunal Administrativo, en donde ratificaron que la elección de la personera era válida. Recientemente, el Consejo de Estado confirmó ese veredicto.
Anulan la elección de Fabio Leal y Oliverio Castellanos
Sin haber terminado el primer año del nuevo periodo un alcalde y un concejal en Norte de Santander se quedaron sin credencial, y otro más terminó en la cuerda floja.
El mandatario al que muy temprano apartaron del cargo fue Fabio Leal, en Pamplonita. Una inhabilidad lo llevó a que le declararan nula su elección, puesto que suscribió contratos con la Gobernación en el año anterior a los comicios.
Entre tanto, al concejal Oliverio Castellanos, de Cambio Radical, el Consejo de Estado le decretó la pérdida de su investidura por haber reconocido y pagado los honorarios al entonces concejal Nelson Ovalles, sin estar acreditada su asistencia a una sesión del Concejo.
Y quien está a la espera de que se resuelva su situación es el concejal animalista Víctor Caicedo, al que el Tribunal Administrativo, en un fallo de primera instancia, le anuló la elección por una presunta doble militancia.
Fallida intervención de Comfanorte
En mayo, la Superintendencia de Subsidio Familiar intentó tomar el control nuevamente de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte) por un término de hasta 15 meses, pero el proceso resultó fallido. En medio de un intenso pulso jurídico, el destituido director de la entidad, Oscar Gerardino, le ganó la puja al Gobierno Nacional y por cuenta de una tutela logró que se suspendieran los efectos jurídicos de la resolución que ordenaba la intervención administrativa total de la Caja y que se ordenara su reintegro al cargo que viene ocupando desde 2022.
Ramiro Suárez, a detención domiciliaria por caso de Pedro Durán
El proceso penal que se adelanta contra el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, por el homicidio del veedor ciudadano Pedro Durán Franco, ocurrido el 12 de agosto de 2003, volvió a moverse en la justicia ordinaria. En mayo, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado Mixto de Cúcuta ordenó hacer efectiva la medida de aseguramiento que había sido proferida desde septiembre de 2012 en contra del exmandatario, cuando un fiscal de derechos humanos lo acusó como presunto determinador de la muerte de Durán Franco.
Esta decisión había quedado en firme el 20 de septiembre de 2013 y Suárez Corzo, que ya se encontraba detenido en Bogotá por la muerte del exasesor jurídico Alfredo Enrique Flórez, fue llamado a juicio, pero como en abril de 2017 el exalcalde pidió pista en la JEP, el caso había salido de la justicia ordinaria y estaba casi que congelado.
Contaminación del aire en Cúcuta
En marzo de 2024, Cúcuta vivió una de las crisis ambientales más severas de su historia, la presencia del fenómeno de inversión térmica, que en palabras más comunes es la formación de una capa de aire frío atrapada bajo una capa de aire más caliente impidió la dispersión de contaminantes atmosféricos.
Este evento, difícil de predecir, agravó los niveles de material particulado (PM10 y PM2.5), superando los 250 puntos en el Índice de Calidad del Aire, nivel clasificado como “peligroso” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) siendo niveles dañinos para la salud según la Resolución 2254 de 2917del Ministerio de Ambiente.
Así mismo, Corponor declaró la emergencia ambiental en Cúcuta dado que los niveles sobrepasaron los límites de calidad de aire, debido a factores locales como: las emisiones industriales del coque y la arcilla cerámica, el parque automotor público y privado obsoleto, resultado de la baja aplicabilidad de la normativa ambiental por parte de las entidades territoriales y ambientales del departamento y del país, reafirmando la premisa expuesta por autores como Mauricio Rueda, Gloria Amparo Rodriguez, Enesto Guhl Nannetti y Pablo Leyva, entre otros, que han analizado la efectividad regulatoria del país, concluyendo que esta es deficiente y se deben garantizar los procesos para su aplicación.
Por ello y teniendo en cuenta que, en marzo de 2024, Cúcuta enfrentó una grave crisis ambiental debido a niveles críticos de PM10 superiores a 150 µg/m³, lo que llevó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo a declarar la alerta roja. Corponor advirtió que la falta de vientos y las emisiones acumuladas por industrias y vehículos intensificaron el fenómeno.
En respuesta, la Alcaldía emitió el Decreto No. 170 el 18 de marzo, implementando medidas urgentes como el uso obligatorio de tapabocas, restricciones vehiculares, suspensión de clases presenciales y limitación de actividades industriales, afectando a fábricas de coque y arcilla.
Posteriormente, el 20 de marzo, el Decreto No. 174 ajustó las restricciones para proteger la salud pública sin paralizar completamente la economía local. Finalmente, el 21 de marzo, la emergencia fue levantada con el Decreto No. 178 tras una ligera mejora en la calidad del aire, aunque las secuelas ambientales y de salud persistieron.
La gestión migratoria debe ser política de Estado
El nuevo instrumento de regularización aprobado por el gobierno nacional conocido como Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de Niñas, Niños y Adolescentes (PEP TUTOR), si bien representa una medida positiva para proteger a los menores de edad migrantes y la unidad familiar, no justifica resucitar el ya superado PEP si el país cuenta con el Permiso por Protección Temporal (PPT), ampliamente conocido y aceptado por las instituciones y sociedad de Colombia.
No ha sido sino hasta bien entrada la mitad de su mandato que Gustavo Petro ha anunciado un nuevo instrumento de regularización como es el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de Niñas, Niños y Adolescentes (PEP TUTOR), una medida necesaria pues va dirigida a garantizar la unidad familiar y los derechos de menores de edad que ya tienen el PPT, pero cuyos padres o representantes legales se encuentran en situación irregular en el país.
Hasta ahí no caben sino aplausos, pero lo que no se entiende es por qué se ha resucitado el PEP, un documento que ya cumplió su cometido y que fue sustituido por el PPT, instrumento conocido y ampliamente aceptado por la institucionalidad pública y privada del país. La reintroducción de la vieja documentación, en paralelo con la existente, no hace sino generar confusión y añadir nuevos costos administrativos y logísticos.
También debemos recordar que esta medida deja por fuera a los padres de niños y niñas que han adquirido la nacionalidad colombiana a través del programa Primero la Niñez.
Los temas migratorios deben ser abordados como políticas de Estado que trasciendan las vicisitudes que acompañan los cambios de gobierno y con más razón si las políticas públicas que se venían adoptando están funcionando adecuadamente y gozan de gran reconocimiento. Solo imaginémonos el archipiélago de siglas que conformaría el panorama migratorio cada vez que se adelante cualquier otra política de regularización que seguramente habrá que adoptar.
Recopilado por: Gastón Bermúdez V.
