Gerardo
Raynaud
A mediados de la década de los años cuarenta, el
gobierno nacional inició la gran tarea de recopilar la información
macroeconómica necesaria para proyectar sus políticas, dadas las condiciones
que se preveía con ocasión de la inminente terminación del conflicto global.
Por tal motivo, se tomó la iniciativa de realizar una
encuesta económica que posteriormente se socializó entre los gremios más
importantes del país, que no eran otros que las cámaras de comercio de las
principales capitales.
A la nuestra llegó el documento para su análisis y
discusión y las posteriores conclusiones y recomendaciones que ésta le enviaría
al ejecutivo con el ánimo de impulsar las mejoras y desarrollar escenarios que
le permitiera avanzar en la senda del progreso y del bienestar ciudadanos.
La época del momento se caracterizaba por ser de gran
agitación política. Estaba en la mitad de su segundo gobierno, Alfonso López
Pumarejo. Había abandonado los principios de su Revolución en Marcha que había
propuesto durante su primer mandato y enfrentaba una feroz oposición no sólo
del Partido Conservador sino de algunos sectores del Liberalismo y ese clima de
polarización política lo llevaría a mediados del año siguiente a presentar su
carta de renuncia al Congreso de la República, la que le sería aceptada el 31
de julio de ese mismo año.
Por entonces, la directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta estaba integrada por los señores Andrés Augusto Fernández, Emilio Gaitán Martín, Jorge Cristo Jr., Francisco Díaz H., Pablo E. Álvarez, Gustavo Chaustre, Pedro A. López, Luis A. Contreras H., José María Barbosa y fungía como abogado consultor, el doctor Miguel García-Herreros.
El documento fue sometido a una minuciosa lectura por parte de cada uno de los miembros de junta y luego de un detallado examen, procedieron a redactar un documento sustentado al presidente López en el cual sometían a su consideración una serie de puntos, cuya mención haré, de los más relevantes.
En primer lugar, las cámaras de comercio de Colombia se habían reunido en conjunto para analizar el resultado de la encuesta y habían concluido que el incremento del circulante que se había detectado, no era consecuencia del aumento de las importaciones y por lo tanto, solicitaban la supresión de las licencias y de los permisos, pues se consideraba que al facilitar la introducción de las mercancías, se descongestionaría la circulación monetaria y se dotaría al país de los numerosos artículos extranjeros que en las precarias circunstancias actuales era de urgente necesidad.
Siguiendo con la misma consigna anterior, las cámaras de comercio estimaban que debía decretarse nuevamente la libertad de importación de mercancías que regía en el pasado, eliminando de paso, los privilegios otorgados a las entidades oficiales, desvirtuando los fines para los cuales habían sido creadas y por consiguiente, constituyendo una competencia desleal con la libre empresa privada, sin que ello constituyera un beneficio positivo para el público y mencionaban el ejemplo de la Caja de Crédito Agrario y del Banco de República, a los cuales se les habían autorizado la importación de llantas y de sal respectivamente, operaciones que no habían contribuido en lo más mínimo a solucionar ni el problema del trasporte ni el de los ganaderos.
En el caso del Banco de República, es conveniente recordar que el gobierno nacional había decretado el monopolio de la sal en beneficio de esta institución, el cual se manejaba por medio de una concesión llamada “de sales” y que en Cúcuta estaba ubicada en la esquina de la calle 16 con avenida 2ª.
Pues bien, en este año el gobierno había aprobado una
importación de veinte mil sacos anuales de sal venezolana para suplir las
necesidades de la población nortesantandereana, pero dicho producto se vendía
con una ganancia exagerada del 25%, lo cual constituía un lucro oficial que no
tenía explicación.
En cuanto al caso de las llantas, el problema era de escasez debido a que las fábricas americanas estaban obligadas a surtir a los ejércitos participantes en la guerra que se desarrollaba en Europa y en el Pacífico Sur, además de las dificultades para conseguir las materias primas para su fabricación.
Como el gobierno estaba estudiando la posibilidad de efectuar una devaluación, las recomendaciones del sector de la producción nacional era que la desaconsejaban, en razón de la afectación que podría incidir en toda la economía y por tal razón solicitaban estudiar un tipo de cambio diferencial, con carácter provisional, para productos esencialmente sensibles, dada su escasez, como era el caso de la maquinaria y herramientas agrícolas, las medicinas y los materiales de construcción, así como algunos víveres de primera necesidad como el trigo, el azúcar y la manteca.
Ahora bien, consecuentemente con lo anterior, señalaban respetuosamente al ejecutivo la necesidad y notoria justicia de un alza paulatina en los salarios, especialmente en los obreros campesinos.
En este punto me parece necesario recordar que la
legislación salarial de ese momento, en cuanto a remuneración se refería,
distinguía dos tipos de trabajadores, los urbanos y los rurales, ambos con
especificaciones salariales diferentes, de ahí la solicitud en cuanto a la
remuneración de los trabajadores del sector rural.
Exponían como ejemplo, las condiciones que tenían los trabajadores cafeteros del departamento, quienes ganaban jornales de $1.20 incluida alimentación, debido a los precios muy remunerativos del grano, pero también, a la escasez de jornaleros recolectores, haciendo énfasis en que la prosperidad de los hacendados repercutía favorablemente en la de los labriegos.
La Cámara de Comercio de Cúcuta, de manera particular,
le recordaba al Gobierno Nacional, la urgente necesidad de concertar un nuevo
tratado comercial colombo-venezolano, cuyas negociaciones, al parecer,
habían sido suspendidas por los cancilleres.
El último tratado comercial suscrito, había vencido hacía algún tiempo y las condiciones de intercambio, estaban sujetas a la buena voluntad de las autoridades locales, lo cual generaba desconcierto entre la población fronteriza, toda vez que no había claridad cada vez que se presentaban fricciones por el paso de las mercancías de uno u otro lado de la frontera común.
Se había terminado la primera parte del análisis de la encuesta económica realizado por los directivos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en el año de la referencia y cuando se retomó la discusión algunos días más tarde, con el argumento que dicho examen sería transmitido directamente al señor Presidente de la República, con el ánimo de que tratara, por lo menos, de tomar ciertas medidas que pudieran paliar, aunque fuera en mínimo grado la difícil situación que por entonces se presentaba en la región de frontera, así ésta no fuera tan grave como la de los actuales momentos.
Los directivos hacían alusión a las urgentes necesidades por la que está atravesando el sector de la agricultura, las cuales “a pesar de que son ellas tan conocidas del gobierno y han sido tan debatidas por la opinión, que exponerlas de nuevo resultaría un lugar común.
Sin embargo, el problema del alto costo de la vida,
está de tal modo vinculado al desamparo oficial de la agricultura que no se
puede estudiar aquel problema sin recalcar sobre el apoyo inmediato y eficaz de
esta importante actividad del pueblo colombiano.
”De la misma forma, reconocían las promesas de los
ambiciosos proyectos que sobre irrigación, electrificación y otros no menos
importantes, que requerían de “ingentes cantidades de dinero” y que su
realización no podía esperarse sino para un futuro, “más o menos remoto e
incierto”, todo lo cual, no representaba una solución práctica para la
emergencia que se desplegaba en ese momento.
Se hacía, igualmente referencia a otros dos problemas para los cuales no se avizoraban soluciones efectivas como lo eran, la inseguridad rural, tema sobre el cual, las autoridades locales, en cabeza del gobernador Manuel José Vargas había denunciado ante el gobierno central y la recientemente aprobada “ley de tierras”, la que lejos de haberse constituido como un “estatuto de justicia social” se había convertido en nuevo factor de “despoblación” de los campos y por consiguiente, de disminución de la producción agrícola y pecuaria.
Todo lo anterior, teniendo en cuenta que los créditos agrarios no estaban propiamente al alcance de los pequeños agricultores, toda vez que el tipo de interés no proporcionaba auténticos beneficios para el desarrollo de sus labores.
Por otro lado, la industria cafetera pasaba por un momento de bonanza, tanto por los precios que se tenía en el exterior como por la producción recolectada y almacenada, razón por la cual, solicitan al Gobierno Nacional, su intervención ante la Junta Interamericana para solicitar un aumento en el cupo de cuota, la que fácilmente se alcanzaría, dada la escasez que por esos días se tenía por efectos de la guerra, cuya inminente terminación se auguraba con gran expectación.
Para la Cámara de Comercio de Cúcuta era claro el
inmenso beneficio que le traería a la región, debido a su ventajosa posición
geográfica, por las facilidades de trasporte que entonces existía por la vía
del lago de Maracaibo y que estaban estancadas por la falta de aprobación de
nuevas licencias de exportación.
Toda esta situación se vendría al suelo cuando el gobierno decretaría la prohibición de exportar café por esta frontera.
Terminado el severo estudio arrojado de la escueta lectura que le hicieron a la encuesta realizada por el gobierno nacional, las observaciones y críticas que se hacían respecto de la misma información no tardaron en conocerse ya que personajes muy importantes de la ciudad, no vinculados a la Cámara o por lo menos, no pertenecientes a su Junta y quienes no tuvieron oportunidad de participar en el debate, procedieron a divulgar a través de los medios que por la época existían, algunos con buena receptividad por parte de la opinión pública y otros no tanto, así que para conocer los argumentos más destacados, les narraré algunas de las consideraciones expuestas.
Las que más llamaron a atención fueron las exteriorizadas por el magnate del momento, tal vez el empresario más importante de la época, reconocido por su trayectoria y sus ejecutorias, que es conveniente reconocer, don Pedro Felipe Lara.
Sin entrar en más detalles, comienza por recordar la conveniencia y la importancia de trabajar mancomunadamente para que el gobierno le asigne partidas importantes a la región, en el sector de las obras públicas, de manera que el departamento tenga las vías suficientes y en buen estado para lograr la integración con el interior del país.
Al parecer, no era muy partidario de las vías de salida al mar por el vecino país a pesar de ser originario de allí.
Don Pedro Felipe tenía un especial interés en promover el desarrollo regional mediante la implementación de una vías que le permitieran, tanto a él como empresario, como a sus colegas, aprovechar las carreteras que les permitiera un acceso más expedito a los puertos, especialmente a los que se comunican con el rio Magdalena.
En esta ocasión y a raíz de la encuesta, escribe en
una entrevista que le hiciera el diario Comentarios, deja entrever que su mayor
interés para beneficio de la región son las ejecuciones de las obras públicas,
que aún hoy no se han sido cumplidas.
Comienza por exponer tres proyectos que eran de primordial importancia en ese tiempo, la carretera al Catatumbo que según su parecer, su mayor utilidad era el beneficio para la empresa petrolera gringa que los explotaba; en segundo lugar, estaba el proyecto del Parque de la Gran Colombia, que era la remodelación que se haría casi treinta años después y que según su parecer, carecía de importancia pues lo consideraba que solamente servía para fines recreativos y de esparcimiento, actividades de poca importancia en esos tiempos y finalmente, el que consideraba el eje fundamental del progreso y solución a los muchos problemas regionales, la que llamada la ”obra mater” para Cúcuta, la carretera al Magdalena, pues las dificultades que se tenían para el tránsito al lago de Maracaibo utilizando la ruta fluvial del rio Zulia y el Catatumbo, en épocas de sequía, eran manifiestas y paralizaban, algunas veces por meses el desplazamiento, especialmente de las mercancías; por esa razón veía con buenos ojos la construcción de la carretera al rio grande de la Magdalena por el camino de la provincia de Ocaña, máxime cuando lo que faltaba era únicamente el trayecto entre Sardinata y Ábrego y que proponía se le escribiera al Presidente López para que iniciara los trámites necesarios para poner en ejecución esa obra que sería la redención tanto de Cúcuta como de Ocaña.
Recopilado
por: Gastón Bermúdez V.
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