Gerardo Raynaud
Por la época de la mitad del siglo pasado,
era deber de las Cámaras de Comercio de Colombia, rendir mensualmente al
Ministro de Fomento un informe detallado de la situación comercial y económica
de la región bajo su jurisdicción.
Desde que se estableció esta
obligatoriedad, la Cámara de Comercio de Cúcuta, fue muy cumplida en su
presentación, además de divulgarla de manera masiva a través de los principales
medios que se disponía entonces.
En este año, la junta directiva presidida
por el connotado dirigente liberal Nicolás Colmenares, remitió al Ministerio de
Fomento un informe en el que se hacía un pormenorizado análisis en
tres temas. En primer lugar se puntualizaba la situación general de los
negocios de la ciudad y se planteaban algunas de sus posibles causas. En
segundo término, se solicitaba la reglamentación de la profesión mercantil y en
última instancia se esbozaba la angustiosa situación de los cafeteros de la
zona.
En cada uno de estos escenarios se
examinaban las incidencias que existían al respecto y se solicitaba la
intervención decidida del ejecutivo, que generalmente no atendía, por razones
de fácil comprensión, debido en parte a la precariedad de sus recursos y
también, por la falta de interés y de presión política.
En los principales apartes del documento se
lee que “las transacciones comerciales registraron el mismo estado de quietud
que reseñamos en nuestro anterior informe reglamentario, paralización que es
debida principalmente, a la carestía de los artículos esenciales y a la
insuficiente capacidad adquisitiva de los consumidores.”
Como puede observarse, dos eran las causas
atribuidas a la “recesión” de que hablaba el informe, como eran la carestía y
la baja capacidad adquisitiva de la población. En el primer caso, el examen que
hacía la institución se basaba exclusivamente en múltiples factores externos
entre los que se argumentaban, la aguda escasez de los mencionados artículos
esenciales. Este caso particular tenía su origen en las dificultades propias de
las empresas en normalizar su producción en la etapa del post-conflicto que
apenas comenzaba a superarse tanto en los Estados Unidos y en Europa tras el
fin de la Segunda Guerra.
Hay que recordar que buena parte de los
insumos requeridos, tanto en los hogares como en la industria, provenían de
esos países, que apenas comenzaban a recuperarse de la ruina que había
quedado tras su terminación.
Ante esta perspectiva, el informe
continuaba, “al mencionar los altos precios de las mercancías, como factor
determinante en el descenso de las ventas, creemos conveniente y necesario
advertir que tales alzas no deben imputarse a la indebida especulación del
comercio distribuidor, sino a factores de muy diversa índole, que están fuera de
su control.” Dicho en otras palabras, los comerciantes se lavaban las manos por
la situación de mengua que estaba sufriendo la región y prefirieron achacarle
las causas a varios factores que enumeraron en su informe y que pudiéramos
atribuirle a varios factores, todos ajenos a su actividad o exógenos como le
decían en la Venezuela de Chávez y Maduro.
La primera razón que se argumentaba era la
aguda escasez que se venía presentando y que como se dijo era un ingrediente
externo, fuera del alcance tanto del gobierno como del sector privado. Como
consecuencia de lo anterior, se generaba un aumento progresivo de los precios
en los mercados de abastecimiento.
Otra de las quejas frecuentes lo
constituían los problemas con el trasporte que se resumía en los frecuentes
paros y al saqueo y deterioro de las mercancías en los puertos marítimos y
fluviales, así como en los diversos trasbordos que debían cumplirse a lo largo
de las distintas rutas hasta sus destinos finales. A esto le sumaban los altos
gravámenes que debían pagarse por los productos que en algunos casos recargaban
hasta el 300% al costo de la mercancía.
Por otro lado estaban los altos costos de
arrendamiento de los locales destinados al comercio, las nuevas prestaciones
sociales a los trabajadores, que se habían decretado a comienzos del año y a la
multitud de nuevos impuestos directos e indirectos, -no se especifican con
exactitud cuáles, así que deducimos que se trataba de darle un peso más
llamativo a estos elementos. En este punto se incluía, además de los impuestos,
la reclamación por el alza permanente de los servicios públicos y de los
tributos municipales, particularmente los de industria y comercio.
En lo referente a la actividad comercial,
la Cámara de Comercio de la ciudad, informaba sobre las continuas alzas que las
fábricas manufactureras del país les fijaban a sus artículos, precisamente
cuando en esos días acababan se fijar una nueva alza que fluctuaba entre el 15%
y el 20%.
Finalmente le informaban al ministro
sobre “el exceso de intermediarios en la distribución de los bienes
de consumo, que ocasionaba un considerable recargo en los costos de
distribución, con directo perjuicio para el consumidor.”
Por las razones que antes exponían,
solicitaban que si se quería propiciar un reajuste favorable en el precio de
las mercancías, se debía adoptar “de inmediato, las siguientes medidas:
suprimir el recargo ad valorem en las importaciones; rebajar la tasación
específica del nuevo arancel aduanero; reconstruir y reparar las carreteras y caminos
nacionales; responsabilizar a los trasportadores, para evitar el saqueo y
deterioro de los cargamentos, impedir el abuso de los arrendadores de inmuebles
destinados al comercio; reducir el monto de las prestaciones sociales de los
trabajadores, en armonía con las reales posibilidades económicas de las
empresas comerciales; reducir la política tributaria del país a las mínimas
exigencias de los servicios públicos esenciales y finalmente, dejarle al
comercio especializado del país, la distribución exclusiva de los bienes de
consumo.”
En un segundo punto, solicitaban la
reglamentación de la profesión mercantil, “conforme ya lo ha hecho el gobierno
con las demás profesiones liberales, exigiendo requisitos mínimos de
honorabilidad, capacidad y competencia a todas las personas que pretendan
dedicarse a la profesión, para así garantizar una adecuada y correcta
prospectación (sic) en el giro de los negocios.”
El informe terminaba con la angustiosa
descripción que hacían de la situación de los caficultores, especialmente por
la carencia de recursos para atender la próxima recolección, razón por la cual
estaban solicitando la intervención del ejecutivo para que intervenga ante la
Federación de Cafeteros en el otorgamiento de préstamos y subsidios con el fin
de evitar pérdidas en la cosecha. Sin embargo, de todos era conocido que buena
parte de la cosecha de café se llevaba a Venezuela en lo que se llamó
“contrabando de extracción”, término aplicado hoy en ese país para denominar
los productos subsidiados a inundan las calles de la ciudad.
Recopilado por: Gastón Bermúdez V.
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