1417.- TRATADOS CON VENEZUELA

Gerardo Raynaud (La Opinión)

Después de la independencia de los pueblos americanos, particularmente los del sur del continente, se va causando el reacomodo de sus límites territoriales, según las aspiraciones de sus gobernantes, lo que en ocasiones y aún hoy causa enfrentamientos, que en la mayor parte de los casos se resuelven pacíficamente y por las vías diplomáticas. Los Convenios o Tratados firmados entre las partes, documentos utilizados para dirimir conflictos o establecer reglas de comportamiento, han sido las fórmulas que muchos pueblos han empleado para llegar a consensos respecto de sus diferencias.

En lo que nos concierne como vecinos, me parece interesante escudriñar estos documentos para conocer de primera mano, lo que dicen y cuáles están aún vigentes. Es sorprendente el desconocimiento de los pobladores, a lado y lado de la frontera, respecto de estos acuerdos, algunos firmados hace muchos años, todavía vigentes y otros obsoletos y caducos, sin aplicación oficial, pero que suelen apelarse cuando las necesidades lo ameritan.

Al respecto quisiera invitar a mis lectores a leer el interesante documento titulado “Tratados históricos entre Colombia y Venezuela: una mirada en el marco de la relaciones Táchira-Norte de Santander”, escrito por May Stefanny González y Marcy J. Lancheros vinculadas a la Universidad de Santander en Cúcuta, del cual he extractado algunos apartes que me han permitido estructurar una parte de esta crónica.

Se lee en la Biblioteca Virtual de la Cancillería colombiana que entre Colombia y Venezuela se han firmado 67 Tratados de los cuales 47 se encuentran en vigor, es decir, gozan del pleno reconocimiento de ambas naciones, sin embargo, para efectos de esta crónica nos enfocaremos en los que consideramos son los más importantes de los cinco que conciernen a esta zona de la geografía de frontera.

Régimen Fronterizo

Por ahora iniciaremos nuestras crónicas con el tal vez, más importante de los tratados bilaterales, el “Estatuto de Régimen Fronterizo”, firmado el 5 de agosto de 1942, tratado que surtió todos los trámites establecidos en los patrones diplomáticos, como la confirmación presidencial, el 5 de septiembre de 1942 y aprobado por el Congreso el 11 de marzo de 1943, mediante la Ley 13.

Su publicación consta en el Diario Oficial N° 25208 del 22 de marzo de 1943. Vigente en la actualidad en todos sus aspectos teniendo en cuenta que no ha sido modificado por ninguna de las partes.

Fueron los negociadores, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en los Estados Unidos de Venezuela, Plinio Mendoza Neira y por Venezuela, el Canciller Caracciolo Parra Pérez.

No tiene sentido reproducir el texto, que se encuentra en la página virtual de la Cancillería, para quienes tengan el interés, pero sí discutir varios de sus puntos que resultan interesantes y que nos ilustran las diferencias existentes, muchas de las cuales aún persisten, y la manera cómo fueron tratadas. 

El primer artículo, como es costumbre, ilustra los objetivos del tratado y en él “convienen en regular conforme a los siguientes artículos, el tránsito de sus nacionales entre los territorios de su región fronteriza, la cual se determinará por un cambio de notas sobre la base de la división política, distrital o municipal de cada país.”

El Estatuto en mención, establece las fórmulas mediante las cuales se reglamenta el tránsito de personas entre ambas naciones, para lo cual se establece la expedición de permisos, licencias o cédulas y quienes las posean tendrán “derecho a entrar en la región fronteriza con el vehículo que los trasporte… y podrán introducir libres del pago de importación en la región fronteriza, a más del vehículo o vehículos que los conduzcan, sus prendas de vestir, los instrumentos de su profesión, las ramas de permitida importación, las cámaras fotográficas y cinematográficas, los objetos del culto que sirven para el bautismo, el matrimonio, la comunión y la extremaunción, así como los libros y demás útiles que sean evidentemente de su uso personal… asimismo, dichos titulares podrán introducir libres del pago de los derechos los alimentos y medicinas de uso personal que, a juicio de las autoridades competentes, sean utilizables durante la travesía, en la cantidad proporcionada a la duración de esta y siempre que no se conduzcan en recipientes cerrados que impidan verificar si el contenido está o no en acondicionado para fines comerciales.”

Además se estipula en el artículo XIV que “el paso de la frontera sólo podrá efectuarse por las rutas fijadas en los Reglamentos de Tránsito Terrestre, Fluvial y Aéreo; en caso de no existir disposiciones reglamentarias, cada país fijará y comunicará a la otra la ruta por donde pueda efectuarse el paso.”

Para una mayor claridad que permita el estricto cumplimiento de estas medidas, se establece en el artículo XII que “cada gobierno designará y comunicará al otro cuáles son las autoridades competentes para expedir los permisos, licencias y cédulas que establece el presente estatuto.”

Ahora bien, es interesante anotar que el artículo II, establece que para los nacionales domiciliados en la región fronteriza, que necesiten cruzar la frontera para permanecer temporalmente en el país vecino, podrán obtener, sin necesidad de pasaporte, un permiso especial llamado “permiso fronterizo” que durante el término de su validez les dará derecho a permanecer, en la región definida como fronteriza, en el territorio del otro país, por un periodo limitado, cada vez que hagan uso de dicho permiso.

Con relación al anterior “permiso”, si mal no recuerdo, fue una exigencia que solamente les pedía a los nacionales colombianos para ir a San Cristóbal y alrededores, y a menos que me equivoque, no recuerdo que lo exigieran a los venezolanos que viajaban no solamente por la “región fronteriza”.

Con lo que no contaban los negociadores era que para evitarse toda esta tramitología o tal vez por razones menos triviales, debido a las relaciones de parentesco que se habían establecido desde tiempos de la Colonia y posiblemente desde antes, los vecinos de la “región fronteriza” tenían el derecho a las dos nacionalidades, aunque en esa época no era “legal”, todos se las ingeniaban para tenerlas y desde entonces se consideraba “normal” la tenencia de bienes y de toda clase de artículos adquiridos “del otro lado”, para los cuales bastaba mostrar la cédula que lo identificaba como ciudadano de uno u otro país según las necesidades o las circunstancias.

Sobre relaciones comerciales

Las relaciones comerciales y de intercambio que se iniciaron con el ´Canje de notas que constituye un acuerdo sobre el arreglo de relaciones comerciales entre los gobiernos de la República de Colombia y la República de Venezuela¨, firmado el 14 de marzo de 1934, no vigente en la actualidad y que es el tema de esta parte y el último de estos firmado el 1º de agosto de 2014 en Cartagena.

Los demás tratados hacen referencia a temas de interés mutuo sobre decisiones que facilitan el manejo de las situaciones que actualmente afectan la región y el mundo, especialmente en contenido de acciones ilícitas y de cooperación.

Ahora bien, dejemos para más adelante, mientras se completa la información, el caso del ´Acuerdo Colombo-Venezolano como instrumento de reafirmación de amistad colombo-venezolana del 6 de noviembre de 1959´ conocido como el Tratado de Tonchalá´, documento que existe en físico y reconocido en los ámbitos diplomáticos y que en alguna ocasión estuvo registrado en la Biblioteca Virtual de Tratados, pero que por razones desconocidas desapareció, sin mayores explicaciones por parte de la Cancillería, la cual he oficiado, desde el 31 de marzo de 2017, sin haber recibido respuesta.

Continuando, trataremos el tema sobre el ´Arreglo sobre relaciones comerciales´ del que dijimos anteriormente no se encuentra vigente, por lo tanto, su tratamiento será de carácter histórico lo que nos permitirá conocer el desarrollo de las acciones y decisiones tomadas posteriormente.

Este tratado, ejecutado mediante canje de notas, fue discutido gracias a la intervención del presidente Juan Vicente Gómez, quien medió en el problema surgido por los abusos y su correspondiente congestión en el puerto de Maracaibo, debiendo suspenderse la operación del ferrocarril ocasionando dificultades económicas y sociales en ambos lados de la frontera.

Sin embargo y a pesar de la mediación gubernamental, los problemas continuaron presentándose, esta vez por los inconvenientes en la importación de sal y de ganado vacuno que se hacía desde la vecina república. Con el único propósito de solucionar estos problemas, los delegados Manuel Guillermo Cabrera, enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia y el señor P. Itriago Chacín, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, realizaron el siguiente canje de notas diplomáticas, el 14 de marzo de 1934, notas que fueron publicadas en el Diario Oficial y autorizadas previamente en la Ley 31 de 1933.

En el documento en mención se dejó constancia que el arreglo iba ¨encaminado a facilitar cada día más las relaciones comerciales entre las dos repúblicas¨ en los términos siguientes:

¨El gobierno colombiano admitirá libre de todo gravamen la sal venezolana hasta una cantidad de veinte mil sacos anuales de sesenta kilos, que se importe por la Asuana de Cúcuta¨, se estipula además, que los comerciantes de Norte de Santander podrán comprar la sal directamente en las oficinas de las Salinas de Venezuela, en las mismas condiciones que para el comercio venezolano. Los mismos privilegios y condiciones fueron establecidos para los comerciantes de Arauca.

En cuanto al tratamiento que se le daría a la importación del ganado vacuno venezolano, se dispuso que Colombia no impondrá gravamen de ninguna clase a los semovientes con destino a los cebaderos del departamento de Norte de Santander y que se consideraban suficientes los certificados sanitarios expedidos por las autoridades venezolanas, también se establecía un límite a estas importaciones, las que se fijaron en 25.000 cabezas anuales.

En cuanto al cobro de los servicios originados por estas operaciones, se determinó que los valores serían iguales a los prestados en conexión con los productos análogos de Colombia, ajustándolos a su equitativo valor.

Igualmente se acordó que el gobierno de Venezuela no percibiría ningún impuesto de tránsito sobre las mercancías y en general, los bienes destinados a Colombia, que atraviesen el territorio venezolano, siempre y cuando sean de lícito comercio según las leyes venezolanas. En este punto se soluciona el problema surgido con los productos de importación y exportación que se realizaban por Cúcuta utilizando el ferrocarril y luego el transporte lacustre por el lago de Maracaibo.

El cobro de los servicios prestados al comercio, por parte de las instituciones venezolanas, serían los mismos derechos que los cobrados al comercio de su país, ajustándolo a su equitativo valor y hará uso de sus atribuciones constitucionales para que no se imponga ningún otro gravamen a las exportaciones.

Acuerdan así los delegatarios, que en virtud de las autorizaciones conferidas por ambos gobiernos, la entrada en vigor del presente arreglo se hace efectiva con el intercambio de estas notas.

Finalmente, se establece que la duración del presente arreglo será de un año, entendiéndose prorrogado por un período análogo, si no fuese denunciado tres meses antes de la fecha de su expiración.

Y así definitivamente, con este intercambio de notas diplomáticas, se puso fin a la primera de las grandes crisis económicas sufridas en esta frontera.

Convenio comercial y de desarrollo económico

En 1963, se suscribe el que, tal vez, sea el más amistoso y visionario de los tratados entre los dos países vecinos. Puede ser casualidad, toda vez que los presidentes de ambas naciones eran oriundos de la frontera, de poblaciones separadas por escasa distancia. En Venezuela ejercía la primera magistratura Carlos Andrés Pérez, nacido en Rubio, Estado Táchira y en Colombia Virgilio Barco Vargas, natural de Cúcuta, ciudades que sólo las separan unos veinte kilómetros.

Las comisiones se reunieron en Caracas del 12 al 20 de junio, encabezadas por el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela y el ministro de Agricultura de Colombia, con el objeto, como reza el encabezado del documento, “de estudiar los temas de interés para la evaluación y solución de problemas comunes y en la realización de programas coincidentes que se desarrollan con un propósito de bienestar social y de mayor progreso de los pueblos de Colombia y Venezuela”.

Las conclusiones están plasmadas en dos capítulos, los que comienzan por recordar los tratados anteriores, sobre cuyos fundamentos se construye la estructura del presente Acuerdo; lo paradójico es que uno de ellos, reconocido y válido en ese momento, hoy a pesar de su supuesta vigencia, se encuentra en entredicho por no estar registrado oficialmente  en los archivos de la Cancillería de Colombia.

El primer aparte de este tratado llamado Convenio Comercial y de Desarrollo Económico, reitera lo acordado en los anteriores, Estatuto de Régimen Fronterizo y el Instrumento de Reafirmación de Amistad suscrito en Tonchalá y Tamá, en cuanto al tratamiento que se les otorgará a los nacionales radicados en el territorio del otro país “siempre que ejerzan un oficio lícito del cual puedan derivar su honesta subsistencia”.

En la práctica, los seis temas considerados en esta primera parte, confirman lo expuesto en los tratados anteriores a excepción de un último punto, relativo a facilitar los viajes de esparcimiento de los nacionales por el territorio del otro país, “para ofrecer a las clases trabajadoras los más amplios medios de disfrutar de sus vacaciones, de propiciar intercambios culturales y excursiones estudiantiles y de fortalecer las relaciones de amistad entre los pueblos”. Especial énfasis se hacía sobre las facilidades para el tránsito de vehículos y la asistencia de las oficinas de turismo en la orientación de los planes turístico al viajero.

En el segundo capítulo, se tratan asuntos más específicos demostrando así, la mejor buena voluntad que tenían los mandatarios, de generar un clima de acercamiento y aprecio de los pobladores de ambos países. Dice la introducción del segundo apartado que “con el propósito de impulsar en las zonas fronterizas el mejor aprovechamiento de los beneficios de la complementación natural entre algunos de sus recursos de producción, de dar oportunidades de empleo, de regularización y satisfacción” los gobiernos adelantarán los estudios tendiente a dotar a las regiones de instrumentos adecuados para alcanzar un mayor grado de desarrollo económico.

Basados en estos preceptos, las comisiones llegaron a una decisión sobre los siguientes aspectos:

Propiciar el funcionamiento de organismos especializados que manejen los estudios y coordinen los planes.

De este punto se derivó la conformación de las llamadas Comisiones de Vecindad Binacionales que durante varios años estuvieron operando, digamos que sin mayores resultados concretos, con varios países vecinos.

En un segundo renglón, se propuso definir una regulación sobre manejo de las cuencas hidrográficas comunes. De la misma manera, se acordó  facilitar el suministro de caña de azúcar al central azucarero de Ureña, en cantidades definidas para lapsos no menores de tres años. Las negociaciones se perfeccionarían entre la Corporación Venezolana de Fomento y la Federación Agropecuaria del Norte de Santander.

La Carretera Panamericana, una aspiración legendaria de unión entre los dos países, fue definida construirse durante el año 1964 en el lugar comprendido entre las poblaciones de La Fría, estado Táchira y el corregimiento de San Faustino, en Cúcuta. Los ministerios de Obras Públicas acordarían las especificaciones respectivas. Al día de hoy, el gobierno colombiano habilitó la carretera entre Cúcuta y San Faustino, sector  La Chinita, donde se construiría un puente internacional que nunca se hizo.

Para contribuir a las facilidades de tránsito de las mercancías de importación y exportación, el gobierno venezolano “reducirá al mínimo legalmente autorizado, el impuesto de tránsito para las mercancías de importación y exportación colombianas que utilicen el puerto de Maracaibo”.

La construcción del puente Internacional de Ureña, convenida en las notas de Cancillería canjeadas el 4 de enero de 1960, acuerdan realizarla en la vigencia de 1964. Como sabemos, finalmente el puente fue inaugurado en 196 .

En este documento se acordó la interconexión eléctrica mediante una línea de tensión media entre San Antonio del Táchira y Cúcuta como solución para la necesidad mutua de suplir emergencias.

En términos de manejo de recursos naturales, se acordó el estudio conjunto del aprovechamiento de las fuentes de gas, “con fines de su más intensa y eficiente utilización”.

Para promocionar el desarrollo agrícola y fomentar la ganadería se realizarán coordinadamente programas de acción integral tales como, campañas de erradicación de la malaria, control de la fiebre aftosa, la rabia paralítica del ganado y la encefalomielitis equina, así como coordinar la coordinación de investigaciones sobre la incidencia de la tuberculosis y la brucelosis bovinas.

También se concertó estudiar el incremento de las frecuencias y los itinerarios del tráfico aéreo de manera que se extendiera a otras ciudades diferentes a las capitales de ambos países. En cuanto al transporte marítimo se estudiará la conveniencia de coordinar el servicio de ambas navieras.

Una propuesta de integración de las industrias siderúrgicas y de construcción de automóviles fue pactada para extender mercados e incrementar la productividad; una invitación a participar como observador en la OPEP recientemente creada, hizo el gobierno venezolano y finalmente, el mismo gobierno anunció oficialmente la construcción de un monumento al Libertador en la quinta de San Pedro Alejandrino y la financiación de las obras de ornato en la Villa del Rosario. 

El ‘desaparecido’ tratado de Tonchalá

Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que la más seria aproximación a una concertación formal y juiciosa sobre la problemática fronteriza de mediados de siglo, fue la expedición del Estatuto de Régimen Fronterizo de 1942.

Digamos que fue tan exitoso que “supuestamente” en 1959 se reunieron en las ciudades de Cúcuta y San Cristóbal, capitales del departamento colombiano de Norte de Santander y Estado Táchira en Venezuela respectivamente, los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y de Venezuela, Julio César Turbay Ayala y Ignacio Luis Arcaya,  para reexaminar la situación que venía presentándose en la zona fronteriza, relativa al tránsito y residencia de sus respectivos connacionales, con el firme propósito de eliminar las dificultades y fortalecer los vínculos de amistad entre los dos países.

Las pruebas muestran que el 6 de noviembre del año mencionado, se firmó el “Acuerdo Colombo-Venezolano de reafirmación de amistad”, llamado “Tratado de Tonchalá”. Menciono pruebas por la sencilla razón que no hay evidencia legal de su existencia, pues no aparece registro oficial alguno en la Biblioteca Virtual de Tratados de la Cancillería colombiana, requisito que certifica la validez de los convenios y tratados que firma el país con sus pares.

El “desaparecido” Acuerdo retoma los compromisos pactados en el anterior Estatuto de Régimen Fronterizo, adaptándolos al nuevo contexto social y político  suscitado por las renovaciones surgidas con ocasión de los cambios en los regímenes políticos de ambos países al ingresar en el camino de la democracia participativa.

En la práctica el “Tratado de Tonchalá”  ratificó lo aprobado en el Estatuto de 1942, relacionado con el tratamiento que se les daría a los trabajadores agrícolas e industriales, entre otros, a quienes se les expediría una “cédula pecuaria fronteriza” a los primeros y un “permiso fronterizo industrial” a los segundos. 

En los más de quince años transcurridos desde la firma del anterior Estatuto, no se tenían estadísticas exactas sobre la cantidad de personas a las cuales se les había otorgado su respectiva documentación, ni se llevaban controles de los permisos, licencias y cédulas expedidas, puntualmente en Venezuela, puesto que eran escasos por no decir que nulos los documentos que en tal sentido hubieran sido expedidos en Colombia, salvo aquellos casos de imprescindible necesidad.

Todo ello, sin consideración de la presencia infaltable de hechos de corrupción asociados con la expedición de documentos de identidad que entonces eran obtenidos con mucha facilidad y sin mayores compromisos.

En el “acuerdo de Tonchalá” se plantea como la primera y más importante tarea de los gobiernos de ambas naciones, proceder a la realización de un censo de sus respectivos nacionales “actualmente domiciliados en el territorio del otro país,  y a documentarlos debidamente, previa identificación para facilitar su permanencia, siempre que ejerzan un oficio lícito, del cual puedan derivar su honesta subsistencia.”

Desde el mismo inicio de las conversaciones que culminaron con la firma de este tratado, ambos gobiernos eran conscientes de la informalidad con que se habían manejado los compromisos adquiridos en el anterior Estatuto y para ello era necesario conocer el estado en que se encontraban los ciudadanos asentados  en las localidades del conocido eje fronterizo de Cúcuta, San Antonio del Táchira y la pequeña población de Ureña.

Se aclara, en el punto cuarto del “Tratado de Tonchalá”, que su propósito es “regularizar a la mayor brevedad posible, la situación de los connacionales que se hallen en circunstancias irregulares” y que para ello, se comprometen a incrementar el personal de aquellos consulados que hayan de realizar las labores censales y de identificación.

Para el exitoso cumplimiento de estas acciones, ambos gobiernos se comprometen a realizar, en la región fronteriza, una intensa campaña, tendiente a notificar a los interesados de los requisitos exigidos para entrar, tanto a Colombia como a Venezuela, señalándoles las severas sanciones que les puede acarrear el olvido o la violación de tales requisitos.

En definitiva, el “Tratado de Tonchalá” fue un instrumento diplomático que no buscaba otra cosa que formalizar el tránsito y la permanencia de colombianos y venezolanos en el territorio del vecino y para darle un toque de mayor amistad, el documento concluye con una premisa que había sido largamente esperada, la construcción de un nuevo puente internacional que uniría la población de San Antonio del Táchira con su vecino, para lo cual establecen un plazo fijado hasta el 15 de noviembre del año de la rúbrica, para canjear las notas que sobre las bases técnicas habían sido formuladas por los respectivos ministerios de obras públicas, lo cual se cumplió efectivamente pues con el pasar del tiempo, el proyecto se materializó en febrero de 1962.

Fueron testigos de la firma, los gobernadores  Carlos Vera Villamizar del Norte de Santander,  Ceferino Medina Castillo del Estado Táchira y el obispo de Cúcuta Pablo Correa León.

Sin embargo, el “Acuerdo Colombo-Venezolano de reafirmación de amistad” del 6 de noviembre de 1959, llamado “Tratado de Tonchalá”, sigue desvanecido, perdido en algún lugar de las nebulosas burocráticas del olvido.

A pesar de su innegable existencia, pues tanto el texto como las citas realizadas por diferentes investigadores, así lo confirman, no hay reconocimiento oficial del documento. Nadie en la Cancillería ratifica conocerlo, no hay respuestas a los interrogantes planteados sobre el tema, en definitiva reina un silencio sospechoso sobre el destino del documento y aunque la validez y existencia  o no del “desaparecido Tratado de Tonchalá”, seguirá siendo trivial e intrascendente, no deja de inquietarnos su paradero.

 

Recopilado por: Gastón Bermúdez V.