Pável Rondón es una de las voces más autorizadas para hablar de la frontera colombo-venezolana. Fue embajador de Venezuela en Colombia, es docente universitario jubilado de la Universidad de Los Andes (ULA) y preside la Escuela de Gobierno Mundo y Frontera (Fundet). Durante décadas ha investigado la dinámica social, económica y cultural de este espacio compartido por más de 2.200 kilómetros.
Pável asegura que la integración colombo-venezolana no puede limitarse solo a atraer inversión o crear fábricas, sino que debe garantizar servicios básicos, empleo digno y desarrollo humano en las comunidades de ambos lados de la frontera
En diálogo con La Opinión, Rondón explica por qué considera que la creación de una Zona Económica Especial (ZEE) no es la mejor estrategia y defiende la implementación de una Zona de Integración Fronteriza (ZIF), una figura que, según él, responde mejor a las necesidades reales de la región.
Profesor Rondón, el Gobierno colombiano ha planteado la creación de una Zona Económica Especial en la frontera. ¿Por qué usted no la considera el camino adecuado?
Las Zonas Económicas Especiales o ZEE, se diseñaron para atraer inversión extranjera, incentivar la producción y ofrecer condiciones tributarias y laborales diferenciadas. Sin embargo, están enfocadas exclusivamente en el desarrollo económico y no contemplan el componente social. Nuestra frontera no es solo un espacio productivo: es un territorio habitado por millones de personas que necesitan servicios básicos, educación, salud y oportunidades de desarrollo humano. Una ZEE puede traer fábricas, pero no necesariamente resuelve las carencias de agua potable, electricidad, movilidad o seguridad que padecen nuestras comunidades.
¿Cómo surgió el concepto de Zona Económica Especial y qué experiencias hay en el mundo?
La idea nació en Europa en los años cincuenta y fue adoptada por Irlanda en 1959. Sin embargo, fue China quien la convirtió en una política de Estado en 1979, cuando estableció su primera ZEE en un pequeño pueblo pesquero, Shenzhen, con el objetivo de abrir la economía socialista a inversiones y concesiones capitalistas. Ese modelo fue exitoso en Asia porque iba acompañado de un gran impulso estatal, infraestructura, capital humano y un plan de desarrollo integral. Pero en América Latina las experiencias han sido limitadas y muchas ZEE se han convertido en enclaves productivos desconectados de la realidad social circundante.
¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta la implementación de una ZEE en la frontera colombo-venezolana?
Primero, la cuestión jurídica: ¿qué leyes aplicaríamos? ¿Las de Colombia, las de Venezuela o una mezcla de ambas? Luego vienen los temas laborales, sindicales, tributarios y aduaneros. Además, la infraestructura es insuficiente: en Táchira tenemos limitaciones de energía eléctrica, problemas de transporte y dificultades para garantizar servicios básicos. Si no resolvemos eso, una ZEE podría quedarse en el papel o beneficiar solo a unos pocos inversionistas, dejando de lado a las comunidades locales.
Usted propone una alternativa: la Zona de Integración Fronteriza. ¿Qué la hace diferente?
La ZIF es un instrumento creado por la Comunidad Andina de Naciones mediante la Decisión 501 del año 2001. Su objetivo es el desarrollo integral de la frontera, y no únicamente la producción. La ZIF considera variables sociales, culturales, ambientales, sanitarias y educativas, además de las económicas. Es decir, busca que la integración mejore la vida de la gente. Colombia ya tiene ZIF con Ecuador y Perú, con experiencias positivas. Desde 2006 existen estudios conjuntos entre la Universidad Francisco de Paula Santander y la ULA-Táchira que identifican los municipios de Norte de Santander y Táchira que deberían integrar esta zona. No estamos partiendo de cero.
¿Cuántos municipios podrían beneficiarse de esta integración?
Hablamos de 19 municipios de Norte de Santander y al menos 13 del estado Táchira. Son territorios que ya tienen un intercambio natural: sus habitantes cruzan la frontera para trabajar, estudiar, comprar alimentos o recibir atención médica. La integración no sería artificial; ya existe de hecho, solo hay que ordenarla y fortalecerla con políticas públicas que reconozcan esas dinámicas.
El reciente memorando firmado entre Bogotá y Caracas habla de una “zona económica binacional”. ¿Qué opinión le merece ese concepto?
Es un término impreciso si no se especifica qué autoridades van a gobernar esa zona ni qué leyes se van a aplicar. Además, no se puede hablar de “zona metropolitana binacional” porque no existe una ciudad que tenga jurisdicción en dos países. Lo que necesitamos es una figura que parta de la realidad de la frontera, no de un concepto impuesto desde las capitales.
¿Qué debería ser prioritario para mejorar las condiciones de vida en esta región?
Primero, garantizar servicios básicos: agua, electricidad, gas, educación y salud. Segundo, promover el empleo digno y formal. Tercero, planificar el desarrollo urbano y ambiental para evitar que el crecimiento poblacional genere caos. Y por supuesto, impulsar la producción y el comercio, pero de manera que el beneficio llegue a la población local y no solo a grandes empresas.
Usted ha señalado que las decisiones sobre la frontera suelen tomarse de forma centralista. ¿Eso sigue ocurriendo?
Sí. Tanto Bogotá como Caracas toman decisiones sin consultar a los actores locales. El cierre de la frontera en 2015 es un ejemplo: se decretó desde las capitales, sin tener en cuenta el impacto en las comunidades. Eso generó desabastecimiento, migración forzada y pérdida de empleos. Necesitamos que los municipios y gobernaciones tengan voz y voto en el diseño de las políticas fronterizas.
¿Qué papel juega la academia en todo este proceso?
La academia tiene la tarea de producir conocimiento y formar talento humano. Desde las universidades del Táchira y la UFPS hemos desarrollado estudios, diplomados y publicaciones sobre integración fronteriza. Incluso se ha propuesto un “currículo fronterizo” que permita educar a los niños y jóvenes en temas de integración, historia común y desarrollo sostenible. Pero para que esto tenga impacto, los gobiernos deben usar ese conocimiento en la formulación de políticas públicas.
¿Qué tan urgente es crear una hoja de ruta común entre Colombia y Venezuela?
Es urgente. Cada día que pasa sin un plan conjunto perdemos oportunidades de desarrollo y dejamos que el mercado negro y la informalidad dominen la economía. La ZIF puede ser ese plan, porque está respaldada por la CAN, por estudios académicos y por experiencias en otros países.
¿Qué mensaje le enviaría a las autoridades de ambos países?
Que piensen en la frontera como un territorio vivo, con problemas y potencialidades propias. Que diseñen políticas participativas, que involucren a las comunidades, a los empresarios, a los sindicatos y a las universidades. La integración no puede ser solo un discurso: debe traducirse en bienestar para los pueblos que comparten historia, cultura y un destino común.
Recopilado por: Gastón Bermúdez V.
No hay comentarios:
Publicar un comentario