Santiago Valencia/La
Opinión
En la noche del 19 de agosto de 2015, el presidente de
Venezuela Nicolás Maduro tomó una decisión sorpresiva: “He dado
instrucciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de cerrar la frontera con
Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata por 72
horas”.
Sus palabras, difundidas por radio y televisión,
tuvieron un efecto devastador en la frontera colombiana.
No fueron 72 horas, el cierre se extendió
indefinidamente; la medida se aplicó, posteriormente, a La Guajira y Arauca,
generando problemas para los empresarios de la zona y para las comunidades que,
como la wayúu, estaban acostumbradas a cruzar la frontera todos los días.
Maduro justificó el cierre por el ataque que sufrieron
tres militares venezolanos en San Antonio del Táchira. Esa misma semana desplegó
una operación militar para “erradicar el paramilitarismo de la frontera”.
Producto de esta fueron deportados 1.097 colombianos,
según cifras de Naciones Unidas. Por miedo a ser expulsados por la Guardia
Venezolana, 18.377 colombianos regresaron voluntariamente al país.
Las cifras no han variado desde el 21 de septiembre,
día en el que se reunieron los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás
Maduro en Ecuador.
Este encuentro no solo sirvió para atenuar la tensión
diplomática que era evidente entre ambos países (el problema había llegado a
instancias de la Organización de Estados Americanos, organismo que no aceptó
realizar una reunión de cancilleres para tratar el problema en la frontera),
sino que fue el escenario ideal para definir unos compromisos bilaterales para
enfrentar los inconvenientes fronterizos.
La atención de las últimas semanas se ha centrado en el
cumplimiento de los siguientes compromisos: retorno inmediato de los
respectivos embajadores; realizar una investigación sobre la situación en la
frontera; trabajar en la progresiva normalización de la frontera; reunir a los
equipos de ministros para trabajar en los problemas binacionales, y lograr la
“coexistencia de modelos económicos, políticos y sociales” entre ambos países.
Además del retorno inmediato de los embajadores,
Colombia y Venezuela han logrado acordar reuniones entre los ministros de
Defensa, quienes prometieron crear un Centro Binacional de Lucha Contra el
Crimen Organizado Trasnacional.
Venezuela también accedió a crear un corredor
humanitario para que los estudiantes colombianos puedan asistir a clases, y
permitió, además, que las familias que en un primer momento fueron deportadas
pudieran regresar por su enseres.
Sí hubo violación de derechos humanos
En los últimos 60 días se ha presentado una discusión
constante entre las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de
Venezuela, Delcy Rodríguez, por la masiva deportación de colombianos.
Según la funcionaria venezolana, su gobierno nunca vulneró los derechos humanos
de las familias colombianas.
Sin embargo, un informe preliminar de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le dio la razón al gobierno
Colombiano: “A lo largo de la visita la Cidh pudo constatar la grave crisis
humanitaria en la que se encuentran las personas deportadas y las que
retornaron como consecuencia del temor y la grave situación que estaban
viviendo en Venezuela.
Durante la visita, la Comisión Interamericana recibió
preocupante información sobre la forma en la que se realizaron las
deportaciones desde Venezuela, la cual indica que a estas personas se les
violaron múltiples derechos humanos y que fueron sujetas a expulsiones
colectivas”.
La Comisión confirmó lo que registraron los medios, a
finales de agosto en la frontera: cientos de colombianos cruzando el río
Táchira, cargando neveras, televisores, sofás, durmiendo a la intemperie por la
repentina deportación.
Señala la Cidh que en terreno recibió graves denuncias
de violaciones de distintos derechos de las personas como la libertad,
seguridad e integridad de la persona; a la igualdad ante la ley; a la
protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar,
entre otros.
En la deportación masiva de colombianos se presentó una
situación que confirmó la Cidh: al “identificarlos como nacionales colombianos,
(los militares venezolanos) requisaron sus casas, los sacaron de ellas y los
llevaron a una cancha donde los mantuvieron de pie, bajo el sol, sin acceso a
agua, alimento, ni servicios higiénicos durante varias horas, las cuales
llegaban a ser hasta más de 12”.
Atención para los deportados
Norte de Santander tuvo que enfrentar, a finales de
agosto, la crisis humanitaria que generó la deportación masiva de colombianos
en la frontera. El departamento llegó a instalar 30 albergues para las familias
que llegaban desde Venezuela.
El gobierno colombiano respondió ante esta crisis
enviando a representantes de 45 instituciones del Estado para atender la crisis
humanitaria.
En el transcurso de las últimas semanas las familias
han abandonado los albergues. En un principio, dicen las cifras del gobierno
Nacional, había 6.129 personas en ellos; hoy quedan 369 que están siendo
atendidas en el albergue Interferias.
Según el gobierno, 5.760 dejaron los albergues temporales
para “reconstruir su proyecto de vida”.
Según el gobierno, 22.252 personas se inscribieron en
el Registro Único de Damnificados, todos provenientes de Norte de Santander,
Arauca, La Guajira y Vichada. Para la atención de las personas afectadas,
fueron invertidos 12.000 millones de pesos.
Del total de deportados, 938 personas lograron
trasladarse al interior del país con el respaldo de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
Para depurar la situación en los albergues el gobierno
ofreció subsidios de arriendo para los deportados, de los cuales ha entregado
3.501.
Oportunidad económica para Cúcuta
En un comienzo, recuerda el alcalde de Cúcuta, Donamaris
Ramírez, la ciudad estaba colapsando. La Asociación de Carboneros de Norte
de Santander (Asocarbón) reportaba pérdidas diarias por 900 millones de pesos.
Además, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera ha
señalado que los camioneros del país están perdiendo 750 millones cada semana
por el cierre.
La primera respuesta del gobierno fue buscar la salida
del carbón a través de transporte fluvial. Con las 4.000 toneladas que fueron
transportadas al puerto de Barranquilla este fin de semana se alcanzaron 11.000
movilizadas por transporte fluvial.
En total, desde el cierre de la frontera, han sido
evacuadas 54.500 toneladas del mineral.
Para mitigar las pérdidas económicas, el gobierno
autorizó, mediante un decreto, el transporte ferroviario de carbón 24 horas
para que el mineral no se demore tanto en llegar hasta los puertos del Caribe
colombiano.
Con estas acciones, dice el alcalde de Cúcuta, la
ciudad puede desligarse cada vez de la dependencia económica con Venezuela:
“Con medidas como la exención del IVA esperamos tener grandes ventas en
diciembre.
Estamos a la espera de que el gobierno nacional
autorice la inversión de 700 mil millones de pesos para que pueda mejorar la
situación económica de la región. El próximo 16 de noviembre vamos a tener un
evento para mostrar por qué Cúcuta es una ciudad de oportunidades.
Frente a temas sensibles como el comercio de carbón y
el suministro de gasolina, el alcalde señala que, con los subsidios del
gobierno nacional, la situación puede mantenerse controlada:
“Con el carbón tenemos el problema que sacarlo por Santa
Marta o Barranquilla nos vale 15 dólares más por tonelada. El gobierno Nacional
ha reducido el precio de los peajes y no está cobrando unas retenciones que
antes se tenían que pagar. Con estas medidas se puede seguir trabajando.
Frente a la gasolina, antes nos daba 4 millones de
galones subsidiados, hoy estamos recibiendo 10 millones.
Ahora queremos es que lleguen las empresas. Aquí pueden
hacer inversiones sin pago predial, con varias exenciones, eso es lo que
queremos ofrecer”.
En total 22.252 personas se
incluyeron en el Registro Único de Damnificados, que contiene los ingresos por
Norte de Santander, Arauca, La Guajira y Vichada.
Elecciones parlamentarias en Venezuela
Una de las hipótesis que ha venido tomando relevancia
es que el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera para
legitimar su gobierno ante el pueblo venezolano. El 6 de diciembre enfrenta
elecciones legislativas y se pronostica que el chavismo puede perder varias
curules.
Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la
Universidad del Rosario, coincide con esta hipótesis: “Venezuela vive un
momento particular producto de la inseguridad y del desabastecimiento que se ha
presentado con la crisis económica. El gobierno ha decidido acusar a Colombia
de estos males, ha dicho que todo lo sucedido es causado por paramilitares
colombianos para evadir acusaciones.
El ambiente electoral es adverso, el panorama económico
oscuro, por eso Maduro ha decidido aumentar el salario mínimo en un 30 por
ciento, medida que generará más inflación pero que mejorará su imagen de cara a
las elecciones”.
Contrabando sigue operando en la zona
Aunque los ministros de Defensa están trabajando en
operativos para desarticular a las bandas de contrabando, y la Policía Fiscal
Aduanera ha reportado la desarticulación de ocho estructuras criminales con 87
capturas durante 2015, el contrabando sigue operando a través de los 2.219
kilómetros de frontera.
Para el alcalde de Cúcuta, esta situación puede cambiar
si el gobierno venezolano toma acciones dentro de las fuerzas militares: “El
contrabando pasa directamente por la Guardia Venezolana. Son los mismos
militares los que controlan el mercado subsidiado, y si llega a Cúcuta es
porque lo están permitiendo o en el peor de los casos lo están vendiendo.
Lo mismo sucede con la gasolina. Las bandas criminales
sí existen, pero algunas tienen vínculos con la Guardia Venezolana para
operar”.
Su balance
Aunque el cierre de la frontera ha traído problemas y beneficios, la que
más ha ganado es la seguridad.
En ello coinciden el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas y
su par en Venezuela, Vladimir Padrino López, quien incluso afirmó que la
criminalidad en la frontera disminuyó 30%.
El gobernador del estado Táchira, José Vielma, reportó la disminución del
96 por ciento en los índices delictivos de los 10 municipios incluidos en el
estado de excepción, y 99 por ciento en todo el estado.
Para él, los niveles de tranquilidad en la población son visibles,
aceptando incluso que se han registrado 20 homicidios en dos meses.
Según el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez París, tras 60 días de
incomunicación vial y de cierre comercial, los cucuteños se están acostumbrando
a comprar solo producto nacional, la seguridad mejoró y el dinero circula en la
ciudad.
“El recurso se está quedando en Cúcuta: la exención de IVA nos ha ayudado
mucho, y en general la ciudad ahora tiene su propia dinámica... la gente va a
los colegios, a la universidad, al trabajo...”, dijo Ramírez.
Señaló además que la otra realidad es la que viven 369 personas que quedan
en el albergue de Interferias; sin embargo, Ramírez confía en que la situación
humanitaria de ellos mejore.
El saliente presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, José Miguel
González, dijo que los primeros 15 días fueron los más críticos y que la
situación no empeoró gracias a los decretos y las medidas económicas y
sociales que tomó el gobierno.
González aseguró que hay un plan para buscar un punto medianamente estable
en todos los sectores de la economía, especialmente el del carbón que fue
directamente golpeado; sin embargo, cree que es necesario que el gobierno
nacional adopte nuevas medidas de mayor profundidad para apoyar a las
agencias aduaneras, cambiarias y aquellos sectores que dependían del
intercambio comercial.
Para la secretaria ejecutiva del gremio G-Cúcuta, Mayra Camargo Acosta, la
situación comercial ha mejorado levemente, pero aún con todas las medidas
temporales como la exención del IVA, faltan otras de largo aliento.
La vida del otro lado
Según el gobernador Vielma Mora, en Venezuela mejoró el tránsito, hay
menos colas y mayor control por parte de la autoridad.
“En dos meses de cierre de frontera le hemos ahorrado al país más de 90
millones de litros de combustible”, dijo el gobernador.
Daniel Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio del estado Táchira,
considera que la situación sí es crítica y que las medidas que hasta al momento
se han aplicado en la frontera, deben venir acompañadas de otras decisiones.
“Sólo en el sector aduanero unos 2500 trabajadores se están viendo
afectados por la paralización del intercambio comercial.
También afecta seriamente a la región fronteriza el cese del paso de
1.100.000 toneladas métricas de carbón que generaban directamente más de 3 mil
empleos”, precisó.
Aseguró que el comercio, aunque mantiene sus puertas abiertas, registra una
disminución de 70%, sumado a que son muy pocos los establecimientos a los que
les está llegando productos alimenticios, mientras buena parte de la industria
se ha paralizado por falta de materia prima.
También tienen problemas eléctricos.
“Pedimos a los gobiernos de ambos países establecer acuerdos para reactivar
el paso de mercancías y la actividad comercial”, dijo.
La otra cara
Mientras que la ciudad sigue su curso, los deportados tienen otra historia
que contar.
Según el alcalde Donamaris Ramírez, para los repatriados debe haber
soluciones.
Aunque reconoce que hay personas que están esperando a que el Gobierno les
dé, incluso, casa y hasta beca, el alcalde dijo que lo que sí les ofrece es
educación para sus hijos y la oportunidad de que puedan ser incluidos
laboralmente en los proyectos que se desarrollan en Cúcuta.
El obispo católico de Cúcuta, Víctor Manuel Ochoa Cadavid, expresó su apoyo
a los deportados y dijo que para Cúcuta vinieron cosas buenas y malas. Lo
bueno fue que el Gobierno volteó su mirada; lo malo, que el problema sigue.
Mario Moronta, obispo católico de San Cristóbal, se mostró perplejo frente
al hecho de que luego de dos meses, las autoridades no hayan logrado dar una
solución efectiva.
Walter Márquez, diputado venezolano
“A dos meses del cierre de frontera hay un descalabro
económico para más de 7.500 empresas que laboran en Ureña y en San Antonio del
Táchira. Estas empresas están a punto de cerrar, causándole un alta incidencia
al fisco municipal.
La paralización económica está incidiendo en el sector
transporte, especialmente en el negocio de lo que ustedes llaman tractomulas.
Además hay más de 100 empresas aduaneras que cumplían
un servicio de almacenamiento que están completamente paralizadas, de hecho, ya
les avisaron a sus empleados que van a cerrar.
Suspendieron las actividades aseguradoras.
El sector de carbón también presenta pérdidas. Había
muchas empresas que iban a las empresas siderúrgicas del Orinoco y que hoy
están paralizadas, lo cual va a incidir negativamente en la producción de
hierro en Venezuela.
También hay afectaciones en el sector hotelero, en el
agrícola, en los alimentos. Es desolador”.
Recopilado por: Gastón
Bermúdez V.
