Orlando Carvajal
A lo largo de los 23 kilómetros del anillo vial
(sector noroccidental), nacieron, sin resistencia alguna, 100 invasiones.
Las 100 invasiones que aparecieron de la noche a la
mañana en el paisaje del anillo vial, en el occidente y norte de Cúcuta, al
tiempo que fueron levantándose también dieron paso a una serie de problemas de
los cuales la ciudad tardará décadas en solucionarlos, si es que puede y hay la
capacidad.
El solo hecho de haber nacido en suelo ajeno, es de
entrada el primer problema al que se ven enfrentadas las autoridades. En segundo lugar, como su creación fue
ilegal, la alcaldía y cualquier entidad de gobierno nacional, departamental y
municipal no pueden hacer inversiones allí, lo que agudiza aún más las
condiciones de convivencia para los invasores.
La construcción del anillo vial en el occidente de la
ciudad, hace apenas cinco años (2012), fue el detonante de esta gran explosión
urbanística informal que se produjo en una zona también recién declarada de
expansión urbana por la administración municipal.
La invasión fue escalonada y sistemática, certera y
salida de control de las autoridades, que se quedaron cortas para impedirla,
dijo el consultor de proyectos y obras civiles, Gerardo González.
El experto señaló que
incluso el fenómeno llegó a bloquear proyectos urbanísticos legales, que se
encontraron con ranchos de tabla y techo de zinc en sus predios.
El fenómeno desató a la par una serie de enfrentamientos
y procesos en los tribunales en los que los propietarios de las tierras
reclamaban la propiedad y los ‘destechados’ su derecho a una casa digna.
Bandas de urbanizadores piratas también pescaron en
río revuelto y ello agudizó aún más el problema tanto para la alcaldía como
para los verdaderos propietarios, a tal punto de que en la Fiscalía Seccional
de Cúcuta se abrieron no menos de 35 procesos contra los integrantes de estas
bandas que feriaron al mejor postor una cantidad indeterminada de lotes a
incautos ciudadanos.
“Conocimos casos de
personas a las que se les vendieron lotes en tres y cinco millones de pesos y a
las mismas se les entregó escrituras falsas de los terrenos”, lo dijo un
investigador de la Fiscalía.
De la aparición de las invasiones, unas más grandes
que otras, han sacado provecho los políticos de la ciudad, quienes vieron en
estas comunidades el caldo de cultivo para ganar votos. Se conoció varios casos
en asentamientos como El Talento, Colina Real, Nueva Ilusión, La Fortaleza, Alfonso
Gómez, La Flor, donde los vecinos aseguraron que a cambio del voto el actual
alcalde César Rojas en campaña les prometió no desalojarlos de sus ranchos.
En estos sectores consideran a Rojas su salvador, pues
a la fecha no ha amenazado con sacarlos de los predios invadidos.
El mandatario local negó que haya hecho tal promesa a
los invasores y por el contrario señaló que fue en su mandato que cesaron las
invasiones en la ciudad. “En dos años no hemos permitido que prosperen unos 35
intentos”, dijo.
Un problema mayúsculo
sacude las escarpas de occidente y norte de la ciudad donde se asentaron los
invasores y es la ausencia de un sistema de alcantarillado de aguas lluvias y
negras, lo que pone en riesgo no solo a los ríos de la zona,
por la gran cantidad de aguas servidas que van a parar de manera directa a sus
lechos, sino a los mismos invasores, dadas las filtraciones de agua en los
terrenos de pendiente donde se levantaron los ranchos.
De estas cien invasiones que nacieron a lo largo del
anillo vial van a parar directo a las aguas de las quebradas Tonchalá y
Quebrada Seca, y de estas al río Zulia, el 22 por ciento de las aguas servidas
de Cúcuta, “una contaminación de gran impacto”, dijo el ambientalista Fermín
García.
“Como nacieron en la
ilegalidad y zonas de alto riesgo no se planearon vías, servicios públicos,
zonas verdes, espacio público, ni tampoco hay escuelas ni transporte público”, dijo la directora de
proyectos de la empresa que opera el acueducto de Cúcuta, Aguas Kpital, Luz
Marina Barbosa.
Para el arquitecto Alejandro Gómez, este impacto no
solo afea el paisaje urbanístico de la ciudad, sino que le produce un efecto
devastador en sus intentos por avanzar hacia otros niveles de desarrollo. “Por
ejemplo, qué competitiva puede ser Cúcuta si la gran mayoría de sus barrios
nacieron y siguen naciendo por las invasiones de tierra”.
El concejal Oliverio Castellanos reveló que en el
último control político que le adelantó el Concejo al director de Planeación,
Orlando Joves, este aseguró que cerca
del 70 por ciento de los barrios de la ciudad aún no cuentan con título de
legales.
El costo de vivir
ilegal
Juan Carlos Velandia y su esposa Amalia Díaz hicieron
parte de la comunidad que invadió los terrenos donde hoy se encuentra el
asentamiento El Talento parte alta, en la cima que colinda con Urimaco.
En la casa que levantaron con tablas, tela verde para encerramiento y techo de
láminas de zinc, pasan con sus tres hijos de 5, 7 y 10 años sus noches
entre velas y linternas.
Aunque Velandia tiene su propio televisor, no tiene
energía eléctrica para encenderlo. También
dejó de tomar jugos naturales porque no puede prender la licuadora y toma agua
caliente porque tampoco puede conectar su nevera.
Allá en la loma donde vive un hielo vale 500 pesos y
son pocos los que tienen planta eléctrica.
Vivir en uno de los
sitios más recónditos de la ciudad ha sido difícil, asegura, pues solo hasta
hace cinco meses pudo contar con el servicio de pila pública para el agua del
hogar. Meses atrás, pagaba 28 mil pesos cada 15 días por llenar, desde un
carrotanque, su pileta de 2 mil litros.
Sus hijos deben caminar cuatro kilómetros por terreno
en pendiente para llegar a la escuela más cercana que está en la ciudadela El
Progreso.
No tienen puesto de salud ni tampoco transporte
público. Para movilizarse acuden a los mototaxistas.
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