Gerardo
Raynaud (La Opinión)
Empresa de Teléfonos Departamental de Norte de Santander en 1935. La
construcción de esta empresa se inició en el año 1927 y se inauguró en 1929. La
primera planta de teléfonos fue instalada en la ciudad en 1892 por los señores
Concepción y Luis Méndez, quienes en el año 1907, se la vendieron a José María
Polanco. Sus herederos posteriormente se la vendieron al Departamento.
El servicio telefónico en la ciudad fue uno de
los primeros instalados en Colombia, en
parte gracias al proceso de reconstrucción
que se dio luego de la catástrofe del cataclismo de 1875.
Históricamente, Bogotá empezó a prestar el servicio
telefónico en 1885 y solamente cinco años después se dio en
Cúcuta. A comienzos del siglo XX, el gobierno nacional le concedió la
licencia a los esposos Polanco Rodríguez para que
explotara el servicio en la ciudad.
En los años posteriores fueron extendiendo este servicio a los pueblos
aledaños, sin la debida autorización, lo
que les ocasionó algunos inconvenientes que pudieron solucionar
transitoriamente con la intervención de sus amigos del gobierno. Sin
embargo, en 1924, la administración departamental
decidió tomar cartas en el asunto y promovió la expedición de una ordenanza que
le permitiera asumir la prestación del servicio y luego de convenir el valor de
la compra en la suma de sesenta mil pesos
($60.000), la empresa pasa manos del
departamento, con el nombre de Empresa
de Teléfonos del Norte de Santander.
Un año después, en 1929, el gobernador Ramón Pérez Hernández inauguró el
servicio telefónico para todo el departamento y a partir de esa fecha, el
servicio fue extendiéndose mediante la construcción líneas físicas,
incluso hasta la población de San
Antonio del Táchira, operación que en
aquella época tuvo un costo de $843.70, toda una fortuna entonces.
Con la nueva administración, la empresa de teléfonos comenzó a operar
siguiendo los lineamientos de la política y con ella los problemas que fueron
apareciendo a medida que pasaba el tiempo, según la voluntad de los gobernantes
de turno que no escatimaban esfuerzos por obtener de ella el mayor
beneficio.
Fuera el gobierno liberal o conservador, los problemas eran los mismos,
pues cada quien obtenía los beneficios según sus necesidades o los de sus
seguidores.
La ‘Telefónica’ como era llamada
coloquialmente, fue adscrita originalmente a
la sección de rentas de la Secretaría
de Hacienda Departamental, desde la cual
se administraban sus recursos y producidos,
los cuales debían ir a las arcas
del fisco del departamento, sin embargo y como suele suceder
con las empresas del sector productivo administradas por el gobierno, ésta no
rendía lo esperado y por lo tanto, la gobernación tuvo que ingeniarse la manera
de volverla rentable.
La compra de la ́telefónica’ coincidió con el ascenso del partido
liberal al poder, así que el primer encargado fue de esa filiación y estuvo
muy pendiente del cumplimiento del deber
de sus funcionarios.
En una ocasión, según se lee en las
crónicas de entonces, narran cómo don Julio Reyes, a la
sazón encargado de la Sección de Rentas que tenía a su cargo la dirección de la
empresa, encontró a un grupo de operadoras, unas
leyéndose las cartas y otras en pleno besuqueo,
desgreñadas y sudorosas, en sus mesas de trabajo; salió hecho una furia,
directo a su oficina para expedir las resoluciones sancionatorias
que decían, en su parte resolutiva,
más o menos así:
“(...) sancionar con una multa de
20 centavos a cada una de las señoritas (...) por las graves
faltas en que fueron sorprendidas in fraganti, en la mañana de hoy, en el mismo
recinto en donde trabajan y en horas de labor. Parágrafo: si estas niñas
reinciden en la falta que se les ha sancionado, la multa será llevada por
primera vez a 25 centavos y por la segunda vez a 30, y si insisten todavía,
serán suspendidas de sus cargos por 12 horas, aunque ganando el sueldo, como
una sanción moral.”
Quiero aclarar que aunque ‘la suspensión con sueldo’ no parece lógica, la
razón es que el personal de operadoras debía estar capacitado previamente
y no se disponía de personal idóneo
para ejercer dicho cargo. Aún con
esos controles la situación no mejoraba
y con el pasar del tiempo se agravaba
más.
Tal vez el colmo de los problemas se presentó en el año 48,
desde antes del suceso originado por la muerte de
Gaitán, cuando un numeroso grupo de
empresarios encabezados por el propietario del Almacén
Ancla S.A., solicitó la cancelación del servicio con el argumento que
“el teléfono no sirve hoy ni siquiera
de adorno en oficinas y casas
particulares, sino de estorbo”.
Con anterioridad a este problema el gobernador
había nombrado una Junta que manejara los hilos de la empresa, quitándole la
responsabilidad a la Secretaría de Hacienda. Estuvo integrada por dos
personajes de mucha reputación en la
ciudad, Víctor Pérez Peñaranda y Domingo
Pérez quienes al parecer no se apersonaron de sus funciones, debiendo el
gobierno revocar los nombramiento y recuperando el
control de la empresa.
Durante la época del gobernador militar, el general Matamoros trató de
poner en marcha una propuesta que se
le hiciera por parte de algunos miembros de la Cámara de
Comercio, en el sentido de reunir a
los gerentes y apoderados de las principales casas de comercio, entre los
que se contaba Nicolás Colmenares, Guillermo Eliseo Suárez, Aristóbulo Vergel,
Pedro Felipe Lara, Emilio Gaitán Martín, Arturo Cogollo y Josué Canal Sorzano
entre otros, para que conjuntamente con
el doctor Rodrigo Peñaranda Yáñez, responsable del manejo de la
‘telefónica’, encontraran una fórmula para salir del embrollo en que se encontraba
por los manejos desacertados de la compañía.
Después de un sesudo análisis, el resultado fue plasmado en un escueto documento en el que se exponían dos razones del descalabro al que se había llegado:
Primero, la inconformidad del experto Eduardo Valdés, quien
manejaba todo el entramado técnico y
cuya presencia era indispensable para el
normal funcionamiento de las operaciones.
Este señor no aceptaba la subordinación
impuesta por la empresa y prácticamente
hacía lo que le venía en gana,
sin embargo, profesionalmente estaba muy calificado y por esa
razón y “no habiendo más” tenían que
aguantarle las pataletas.
Segundo, la injerencia política “introducida hasta
por las faldas de las operadoras” como decían, pues como
recomendadas de los políticos de turno,
no mostraban ni educación, ni interés y mucho menos temor a las
sanciones, pues ¿quién se mete con una recomendada del doctor...?
En conclusión, ningún resultado se obtuvo de esa reunión y los sufridos
usuarios tuvieron que seguir aguantándose el mal servicio hasta que ésta
fue vendida a Telecom en el año 1970.
Recopilado por: Gastón
Bermúdez V.
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