Tumba actual de Francisco de Paula Santander,
declarada Bien de Interés Cultural Nacional en el cementerio Central de Bogotá.
“… Iván Duque, suscribió un nuevo compromiso con esta región de frontera: la celebración de los 200 años de la Constitución de Cúcuta.” “… Así que apúntenme eso, porque como presidente quiero tener el enorme placer de celebrar con ustedes los 200 años de esta gran pieza institucional que forjaron nuestros padres fundadores”.
Así registró La Opinión en su edición del 10 de diciembre de 2019, apartes de las declaraciones del presidente cuando vino a presentar el Decreto que reglamentaba la ZESE.
Y al parecer, el gobierno del presidente Duque, en cumplimiento de esa promesa, ya ha destinado algunos recursos para celebrar el segundo centenario de la Constitución que fue sancionada el 30 de agosto de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta.
Adicionalmente, se están organizando distintos eventos y diferentes actividades para la celebración de dichas efemérides, lo cual está muy bien y debe recibir el apoyo de todos los colombianos y en particular el de los cucuteños y los rosarienses, si no fuera porque hay un tema legal pendiente de cumplirse desde hace 50 años.
Veámoslo: el artículo 1º de la Ley 22 de fecha 30 de noviembre de 1971 establece: “Ordénase al Gobierno Nacional el traslado de los restos del General Francisco de Paula Santander del Cementerio Central de Bogotá a la Villa del Rosario de Cúcuta”.
El artículo 3º de la misma Ley, dispuso: “El Gobierno abrirá los créditos presupuestales y efectuará los traslados necesarios para sufragar los gastos a que diese lugar el cumplimiento de la presente Ley, la cual regirá desde su sanción”.
Del cotejo entre el texto legal y lo que ha sido su ejecución se concluye que la Ley 22/71 terminó siendo un saludo a la bandera toda vez que alcanzará la cuarta parte de los años que cumplirá la Constitución de Cúcuta, con total y absoluta ineficacia. Es como si sobre ella hubiera operado el fenómeno jurídico del marchitamiento de la norma.
Lo anterior quiere decir que, desde el gobierno de Misael Pastrana, hasta el de Juan Manuel Santos, pasando por el del Virgilio Barco, ningún presidente tuvo a bien cumplir ni hacer cumplir la citada Ley, tal como es su deber constitucional, no obstante que el artículo 11 de la Ley 43 de 1973 dispuso:
“… la terminación y ampliación del parque de la Gran Colombia en Villa del Rosario, la dotación de la casa natal de Santander y del Museo de la Bagatela, la apertura y adjudicación del concurso escultórico y arquitectónico para el mausoleo de Francisco de Paula Santander y la construcción del mismo de acuerdo con la Ley 22 de 1971, para lo cual el Ministerio de Obras Públicas incluirá en sus presupuestos, a partir de 1974, las partidas necesarias para tales fines”.
Y el mausoleo se construyó, pero los restos de Francisco José de Paula Santander y Omaña, nunca llegaron.
De esa falta de ejecución de la Ley somos responsables todos los de esta región, pero claro está que lo son unos más que otros, razón por la que cabe preguntarse: ¿Qué le pasó al expresidente Barco? ¿Qué les pasó a los nortesantandereanos que han ocupado ministerios? ¿Qué les pasó a nuestros congresistas? ¿Será que el único camino es la acción de cumplimiento?
Presidente Duque, su nuevo compromiso con esta región debe empezar por hacer cumplir la Ley 22 de 1971.
Algo de historia (La Opinión)
La repatriación de los restos ha tenido varias posiciones que se presentan como inconvenientes para hacerse, entre ellos, dicen, la propia voluntad de Francisco de Paula Santander, quien en vida había trabajado por prohibir los entierros en lugares ajenos a los cementerios y cuya disposición de sus restos quedó en su testamento, redactado el 19 de enero de 1838.
“Mi cadáver será sepultado precisamente en el cementerio sin pompa ni fausto, sino según lo prescribe el ritual romano: se me vestirá de uniforme y si yo lo hubiera mandado hacer, se mandará a fabricar una bóveda particular para que en ella se depositen mis huesos, y sobre una loza se inscribirá mi nombre añadiéndole alguna frase que haga alusión a mi constante fidelidad a la independencia y a la libertad de mi patria. La bóveda y demás se costearán de mis bienes inmediatamente después de mi muerte”, escribió el general Santander.
Otro de los obstáculos para lograr la repatriación de los restos, es que el Cementerio Central fue declarado Monumento Nacional mediante el Decreto 2390 de 1984, al igual que la tumba del general (Resolución 0913 de 2005). Por eso, cualquier intervención deberá ser autorizada por el Ministerio de Cultura.
En ese sentido, Luis Fernando Niño, gerente del Bicentenario y ex-presidente de la Academia de Historia de Norte de Santander, no ve tan posible el deseo, debido a que al respecto ya hay una jurisprudencia. Los restos no pueden abandonar el cementerio por su religiosidad católica, por su figura ex-presidencial y ex-vicepresidencial”, explicó.
En el año 2019, unos estudiantes de la Universidad de Pamplona junto a la secretaria de Cultura de Villa del Rosario, Yuly Maribel Guerrero Pacheco, y Fredy Pinillos, presentaron un derecho de petición a la Presidencia de la República y una acción de tutela contra el Ministerio de Cultura para que se cumpliera la repatriación, pero se encontraron con una respuesta que los hizo desistir. “La tumba representa una identidad de toda una Nación, eso es irrespetarlo a él, mejor dejémoslo que descanse en paz, se estaríamos en contra de su voluntad”.
El deseo de ‘descanso eterno’ de Santander ha tenido varios inconvenientes, pues 10 años después de su muerte fue exhumado por su esposa, Sixta Pontón, y llevado a su casa. Allí permaneció hasta 1866; en ese año fue trasladado a un mausoleo del Cementerio Central, donde reposó junto a su hermana Josefa Santander de Briceño.
Luego con motivo de la conmemoración del primer centenario de su natalicio, el 2 de abril de 1892, sus restos fueron exhumados nuevamente y depositados en el lugar que actualmente ocupan, pero su inscripción solo tenía su apellido.
En 1990, en los 150 años de su muerte, su tumba fue otra vez intervenida y se cumplió su voluntad testamentaria, que exigía añadir alguna frase que hiciera alusión a su “fidelidad a la independencia y libertad de mi patria”. Ese mismo año se instaló allí una escultura suya, elaborada por Luis Pinto Maldonado.
Recopilado por: Gastón Bermúdez V.
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