Juan Carlos Cuero se rebuscaba el dinero comprando cerveza en esta zona fronteriza para revenderla.
La intención del grupo paramilitar era convertirse en el proveedor del pequeño comerciante.
A pesar de que el joven había manifestado a su familia que por precaución dejaría este negocio, continuó trabajando como de costumbre, hasta que a los pocos días después de la amenaza, nunca más regresó a su hogar.
Desapareció el 7 de abril de 2014. De inmediato, su hermano John Eider García, conocido como ‘Tatú García’, quien es defensor de los Derechos Humanos, emprendió la búsqueda de su ser querido. Puso la denuncia ante la Fiscalía tras la desaparición de Juan Carlos.
Sin embargo, además de tener que soportar junto a su mamá la desaparición de su hermano, las amenazas de muerte, esta vez, fueron en su contra.
“Llegaron dos hombres en una moto vinotinto y me preguntaron que si había denunciado la desaparición y yo les dije que sí. Pero, me preguntaron que si los había mencionado en la denuncia y lo negué. Sin embargo, me advirtieron que si se enteraban de que los hubiera mencionado me iban a matar y también matarían a mi familia”, dijo John Eider.
Buscó refugio en Venezuela, pero tuvo que regresar de inmediato. Luego de un intento fallido al buscar ayuda del Estado colombiano tras las nuevas amenazas, decidió salir de la ciudad en busca de protección y otra calidad de vida.
La zozobra y la incertidumbre son la compañía para esta familia, que ha tenido que soportar visitas extrañas a la casa materna, de hombres sin identificación que piden información de John Eider y, además, toman fotografías de la residencia.
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, organización defensora de los Derechos Humanos, aseguró que con base en investigaciones y testimonios de los familiares de las víctimas, se estableció que en esta zona de frontera desde la década de los años 70, se cometen las desapariciones transfronterizas.
Aseguró que, en un principio los victimarios eran los miembros de la Guardia venezolana que desaparecían a los colombianos en la frontera.
“En esta zona, en fincas, en el sector rural venezolano, la guardia y la PTJ de la época asesinaban colombianos, los perseguían y los desaparecían”, dijo.
Sin embargo, según Cañizares, esta práctica cambió a una persecución política e ideológica y en ese momento las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) convirtieron la desaparición forzada en una estrategia sistemática y masiva, y el territorio venezolano fue el ideal para esconder y desaparecer de manera definitiva cualquier rastro de los cuerpos de sus víctimas para evitar escándalos públicos.
El defensor de los Derechos Humanos enfatiza en que por orden del comandante paramilitar Salvatore Mancuso, sus hombres al mando en Norte de Santander tenían indicaciones concretas de desaparecer los cuerpos.
“Ahí es donde comienzan a sepultar cuerpos de colombianos retenidos en Colombia y asesinados en Venezuela; esto se dio hasta 2004. Desde entonces hasta hoy 2015 los que han estado desapareciendo de manera forzada son los grupos ilegales que salieron después del fracaso de la desmovilización de las autodefensas”, dijo Cañizares.
Según el defensor, hasta ahora se conocen 3.681 denuncias de personas desaparecidas; más del 80 por ciento de estas denuncias puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, no tienen ningún avance en la investigación.
De esta cifra, se ha comprobado que alrededor de 600 son desapariciones forzadas, pero del resto no se sabe si están vivos, muertos o si fueron secuestrados.
Además, la Fundación Progresar, con base a las investigaciones y los testimonios, calcula que al menos “entre 300 y 350 personas desaparecidas estén sepultadas en territorio venezolano, no solo en fosas comunes, sino en cementerios de Ureña, San Antonio, San Cristóbal y La Fría”, dijo Cañizares.
A principios de marzo de 2015 estuvo en Cúcuta la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conformada por delegados de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, Mindenfensa, la Alta Consejería Presidencial para Derechos Humanos, y Medicina Legal, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfades) y organizaciones defensoras de derechos humanos, en una reunión con las familias de las víctimas en Norte de Santander.
Sin embargo, el sinsabor de los familiares se convirtió en reclamos para que se revelen avances significativos en las investigaciones de sus seres queridos.
Gloria Cortés, coordinadora de Asfades, aseguró que son muy graves los casos de desaparición forzada por la situación que se presenta en la frontera.
Dijo que la situación es preocupante, “porque la Cancillería no ha buscado concretar un acuerdo para la exhumación, la plena identificación y repatriar los cuerpos y entregarlos a las familias”.
En esto está de acuerdo Wilfredo Cañizares, quien enfatizó en que no ha existido voluntad ni de la Cancillería ni del Estado colombiano para buscar una solución a esta problemática.
“Hemos citado la Cancillería a reuniones, le hemos escrito al Gobierno proponiéndole que se incluya el tema de los desaparecidos en la frontera venezolana en las conversaciones con el gobierno de Venezuela, hemos propuesto que se creen comisiones de trabajo humanitario, pero no hemos tenido respuesta”, aseguró Cañizares.
El Comité Internacional de la Cruz Roja informó que la desaparición sigue siendo una de las infracciones más comunes al derecho humanitario en Colombia. En 2014, se reportaron como desaparecidas 10.798 personas, de las que 7.257 continúan desaparecidas, 3.235 aparecieron con vida y 306 fueron encontradas sin vida.
La familia García espera encontrar a su ser querido así sea sin vida. “No me rendiré”, dijo John Eider.
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