El contrabando, el paramilitarismo y la criminalidad fueron los argumentos que esgrimió el presidente Nicolás Maduro para cerrar la frontera entre Venezuela y Colombia.
Los graves problemas del corredor entre ambos países se convirtieron, tal vez sin querer, en una oportunidad de cambio que logró que el corredor binacional no sea el mismo desde el 19 de agosto de 2015.
Al menos así lo refiere el General Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), enviado especial del presidente Juan Manuel Santos, y quien funge como líder de las operaciones que dejan varios resultados.
Hasta el momento, van 16 estructuras criminales totalmente desarticuladas en la línea de frontera y tres que son objeto de extinción de dominio, es decir, 19 casos en los que los lavadores de activos y controladores del negocio son realmente investigados. Así mismo, cayó una estructura dedicada al contrabando de ganado y carne en canal, con 12 personas capturadas que movían $70 mil millones anualmente.
Si bien Moreno reconoce que la lucha “que más se ve” es la callejera, contra pimpineros y contrabandistas menores, “en las trochas, el trabajo es integral y silencioso, y sabemos lo que está pasando”.
Es que como él mismo reconoce, “ha habido contubernio, no generalizado, en diversas autoridades” y relaciones de corrupción con la criminalidad desde las instituciones.
“Por parte de la Policía hay investigaciones y procesos de transparencia”, dice. “Hay listados de policías a los que se les pedirá el retiro, la aplicación de la medida discrecional, desvinculación y traslado”.
Esa es, afirma, una de las transformaciones de la frontera: la depuración de las instituciones del Gobierno, que incluyen a la Policía.
“Necesitamos sacar a quienes tengan siquiera un indicio de vínculos de favorecimiento al contrabando, narcotráfico o cualquier estructura criminal que sigue en esta zona”, asegura, sin titubear cuando reconoce que entre los uniformados de Cúcuta también hay ‘manzanas podridas’.
Actualmente, para acabar con esta relación entre autoridades policiales, civiles y contrabandistas se controlan varias líneas telefónicas con el sistema Puma (Plataforma Única de Monitoreo y Análisis), que permite interceptar llamadas y conversaciones vía chat. Según reveló, hay varias líneas “postuladas” en el sistema por su relación con integrantes de bandas criminales, y todos serán investigados disciplinaria y penalmente.
Además, hay una línea de trabajo con la oficina de transparencia de la Presidencia y la Fiscalía, entidades encargadas de vigilar las actuaciones de funcionarios públicos que han favorecido la comisión de delitos como el contrabando.
LAS MALAS COSTUMBRES
Antes del cierre de la frontera, los gobiernos locales avalaban la permanencia de pimpineros en las calles y permitían, sin vergüenza alguna, su despliegue en las avenidas, sin sanciones a quienes llenaban los tanques de sus carros en estos puestos ilegales. Pero ahora las condiciones son otras; “ninguna autoridad puede patentar la ilegalidad”.
Para Moreno es inconcebible que, hasta hace poco, se pensara en entregar carné a los pimpineros, sabiendo que estaban inmersos en una actividad ilegal penalizada, que contraviene la ley anticontrabando. “La costumbre no puede patentar y legalizar la informalidad que, a su vez, no puede ir de la mano de la criminalidad”, enfatiza. “¿Cómo dejamos que en lugares como La Parada oEl Escobal se permitiera eso?”. Con el cambio paulatino de la cultura de la ilegalidad, llegó también la organización de espacios en los que campeaba el caos.
La Parada es uno de esos ejemplos, cuyo espacio público estuvo atiborrado de pimpineros y casetas, útiles para que los criminales se lucraran del pago de extorsiones, pero hoy está despejado. “Antes, cuando se entraba por Venezuela se veía personal de la Dian y Migración, pero no la Policía y menos las fuerzas militares”, comenta el General. “Hoy en día, esa presencia institucional es un reflejo de la recuperación de la soberanía, la autoridad y el orden”.
Además, ayuda que los expimpineros y habitantes de estas conflictivas zonas le huyan a la estigmatización y, sobre todo, a la persecución de las autoridades.
Aunque no ha sido fácil, se ha trabajado con los alcaldes “presos del miedo”, como el de Puerto Santander, Henry Valero, “que hoy tiene el respaldo real de una autoridad estable”, y aunque falta que otros se involucren más, la plataforma de seguridad, control migratorio, economía, e intervenciones sociales favorecerá esta integración.
“La responsabilidad política es grande y nadie puede amparar la ilegalidad, porque las autoridades elegidas legítimamente tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas; de lo contrario serán investigados”, advirtió.
PUNTOS POR VENCER
Sectores como Guaramito, San Faustino, y algunos tramos de Tibú y Puerto Santander no serán descuidados, pese a que la mayoría de acciones militares se han desarrollado en el área metropolitana. Sin embargo, todavía queda un área estratégica para desmantelar parte del contrabando: el centro comercial Alejandría.
“Alejandría es, hoy en día, un sitio que alberga comerciantes buenos y malos, pero allí ya se han hecho allanamientos”, dijo. “En los locales donde haya contrabando habrá extinción de dominio”.
Si se logra que este centro comercial se formalice, erradique el contrabando, y comercialice productos colombianos, como ocurre en Puerto Santander, o La Parada, “tendríamos un ícono nacional que demuestre que sí se puede ser legal”.
Está pendiente también vencer el retorno de la corrupción cuando las autoridades foráneas se establezcan en otras zonas, pero la garantía que deja Moreno es la voluntad política, originada en la decisión presidencial y ratificada por la Gobernación.
“Soy un convencido de que en Cúcuta hay gente que no va a permitir que lo que se está haciendo decaiga”, agregó, señalando que a futuro “esperaría ver una Venezuela pujante, y una frontera viva y sana, en la que se respeten las normas”.
Recuadro Datos de aquí y allá
* En Norte de Santander hay 51 trochas identificadas para el paso de contrabando. De ellas, 30 han sido reconocidas binacionalmente.
* Por orden del ministerio de Defensa, hay 33 trochas que tienen presencia del Ejército y la Policía Fiscal y Aduanera.
* Hasta el momento, en Norte de Santander se cuentan 23 pasos ilegales totalmente inhabilitados.
* La mayoría de las trochas están ubicadas entre los estados de Zulia y Táchira.
* El contrabando de gasolina movía, hasta el año anterior, más de 100 mil barriles diarios de petróleo.
* La zona de la frontera más preocupante para las autoridades es Táchira, debido a que allíhay tres disidencias del Clan Úsuga que reclaman derechos sobre las trochas.
* En julio de este año, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana decomisó más de 31 mil litros de gasolina en el estado Zulia, mientras que la Guardia Costera de Venezuela ha retenido más de 19 mil litros de combustible.
* Para el cierre de la frontera, solo en Táchira, se contabilizó el ahorro de 60 millones de litros de gasolina.
*La lucha contra el contrabando deja, en Colombia, el decomiso de más de 149 mil millones de pesos de mercancía y productos de contrabando. * Desde mayo de 2014, Venezuela ha destruido más de 160 trochas en la zona de frontera del estado Táchira.
La gente debe entender que lo que hace es un delito y no un mecanismo de subsistencia. Nadie puede vivir a punta de delitos”. General Gustavo Moreno, director de la Polfa.
Desde el día que ordenó cerrar la frontera con Colombia, hoy hace un año, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha argumentado que una de las razones que soportaba tal decisión era la presencia de grupos paramilitares en suelo venezolano.
"Quiero expresar mi repudio, dolor, por este ataque, esta emboscada que hubo contra tres jóvenes soldados de nuestra patria, en San Antonio del Táchira. He estado siguiendo al detalle los sucesos y realmente es indignante y doloroso".
Con estas palabras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el ataque del que fueron víctimas los tenientes Daniel Santaella y Alexis Rodríguez Arias, el cabo primero Miguel Núñez Martínez y el ciudadano Ramón Huelva, quienes, según dijo el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, se encontraban en una operación de inteligencia.
El ataque, ocurrido el 17 de agosto del año pasado, llevó a Maduro a ordenar el cierre durante 72 horas de la frontera. Luego, esas 72 horas se convertirían en un cierre indefinido que hoy completa un año.
Sobre el ataque a los militares, las informaciones ofrecidas por el gobierno venezolano apuntaban a una represalia de grupos paramilitares colombianos que operan en la frontera y que habían sufrido varios operativos en su contra, luego de que se redoblaran los controles en la zona para impedir el contrabando de combustible y productos básicos de la canasta familiar.
Sin embargo, algunos medios internacionales, incluido El Nuevo Herald de Miami, afirmaron en sus páginas, citando fuentes de Inteligencia venezolanas, que “se trató de una pelea entre carteles, entre efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército; y el ataque se produjo porque el civil (Ramón Huelva) que se encontraba en el carro les estaba dando la casa donde guardaban el cash (dinero en efectivo)”.
Independientemente de cuáles hayan sido las verdaderas razones del ataque contra los militares, este sirvió como excusa para que el presidente Maduro ordenara cerrar la frontera argumentando la necesidad de erradicar la presencia que los grupos paramilitares colombianos ejercen del lado venezolano.
Sin embargo hoy, cuando se cumple un año del cierre, la realidad es que los grupos paramilitares que Maduro mencionaba como excusa, aún siguen haciendo presencia a lo largo de la frontera y utilizan el suelo venezolano para esconderse del asedio de las autoridades colombianas.
‘Los Rastrojos’ del Puerto
El grupo armado ilegal que más presencia hace en suelo venezolano y cuyos integrantes son, en su gran mayoría, colombianos, son Los Rastrojos. De hecho, el último reducto que aún queda de esta banda criminal (bacrim) en el país, tiene como fortín la línea fronteriza desde Vigilancia (Puerto Santander) hasta Aguaclara (Cúcuta).
Los 70 hombres que según las autoridades integran esta bacrim, son liderados por Wilfrido de Jesús Torres Gómez, alias Necoclí, un antioqueño nacido en el pueblo que le sirve de alias y que se cree se vinculó a este grupo armado desde 2009, cuando llegó por primera vez a Aguaclara.
En el Puerto, Necoclí y sus hombres controlan el contrabando de combustible venezolano, para lo cual han construido sofisticados sistemas de extracción y traspaso de la gasolina desde el vecino país hasta fincas ubicadas del lado colombiano, a través de mangueras que sirven de ‘oleoducto’ transfronterizo.
De hecho, un grupo de hombres fuertemente armados pertenecientes a Los Rastrojos emboscó la caravana de la Policía a la altura de Aguaclara, cuando venía de regreso con la gasolina incautada, impactando varios vehículos con tiros de fusil y sosteniendo un enfrentamiento con la fuerza pública que se prolongó por más de 20 minutos.
También, en el último año, Los Rastrojos han liderado dos paros transportadores en el estado Táchira, como mecanismo de presión contra las autoridades venezolanas por el cierre de la frontera.
Recientemente, Rubén Darío Muñoz Pineda, un presunto líder de Los Rastrojos en suelo venezolano, fue asesinado por sicarios en el barrio Francisco Rondón del municipio Boca de Grita (estado Táchira). A Muñoz le dispararon frente a su casa.
Los Rastrojos, además de nutrir sus finanzas ilegales con el contrabando de gasolina, también se lucran en este sector con el cobro de extorsiones a los contrabandistas de todo tipo de productos venezolanos que utilizan las trochas de la zona, así como del tráfico de estupefacientes hacia el exterior utilizando rutas que atraviesan a Venezuela para salir al mar Caribe y de allí a Estados Unidos y Europa.
Por ‘Necoclí’, de quien se cree permanece gran parte del tiempo en territorio venezolano, moviéndose por las poblaciones de La Grita, El Guayabo, La Fría y García de Hevia, las autoridades ofrecen una recompensa de 150 millones de pesos.
El Clan del Golfo, desde Juan Frío hasta Guaramito
Los Urabeños, que después pasaron a llamarse Clan Úsuga y ahora son conocidos como Clan del Golfo, son liderados en Norte de Santander por Freddy León Ortiz Roso, alias Walter, de 39 años.
Este exparamilitar, que perteneció al Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, al mando de Fredy Rendón Herrera (El Alemán), se cree que actualmente lidera a 98 hombres armados que controlan gran parte de la zona rural de Cúcuta, así como las comunas 7 y 8, donde se ubican las casas de lenocinio y la Terminal de Transporte.
Para las autoridades, el Clan del Golfo centra sus actividades criminales en la región en el contrabando, las extorsiones y el microtráfico.
Allí, en el último año, se han registrado varios homicidios que las autoridades han relacionado con la guerra que libran estas dos bacrim por el control de la frontera.
El Clan del Golfo, a pesar de que este año ha sufrido 56 capturas, es el que más terreno copa en la zona de frontera, pues sus integrantes se mueven también en Juan Frío y La Parada, corregimientos de Villa del Rosario por donde a diario cruzan productos de contrabando.
Actualmente las autoridades colombianas centran sus esfuerzos en dar con el paradero de ‘Walter’ y ‘Bracktes’, su segundo en la organización. Por Ortiz Roso, las autoridades ofrecen una recompensa de 150 millones de pesos.
‘La Niña’, el comandante de Ureña
Wilkin Alexander Roa, conocido como ‘La Niña’, se entregó a las autoridades colombianas en agosto del año pasado y desde el primer momento confesó ser el comandante del Bloque Frontera de una banda criminal, de la cual no especificó su nombre, dedicada al contrabando en el municipio Pedro María Ureña (estado Táchira- Venezuela). Al menos 10 hombres integrarían esta banda.
Si bien en un primer momento se dijo que la presión del presidente Nicolás Maduro y su Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que busca ‘liberar a Venezuela del paramilitarismo’, lo habían llevado a entregarse, ‘La Niña’ dijo que nada de esto había tenido que ver y que su entrega obedecía a ‘las ganas de compartir con sus hijos y su familia’ ‘La Niña’ también confesó que desde hacía algún tiempo estaba viviendo cerca de la zona fronteriza, pero del lado colombiano, y que por eso no le había afectado el cierre de la misma.
Y ha sido precisamente esa falta de información oficial, la que ha dificultado conocer con exactitud la realidad del paramilitarismo que tanto denunció en su momento el presidente Maduro.
Recién cerró la frontera el año pasado, el presidente venezolano dijo que la Operación de Liberación del Pueblo había dejado 100 personas detenidas y otro centenar más había muerto en enfrentamientos con las autoridades. Sin embargo, las identidades de los capturados y mucho menos las de los muertos, fueron dadas a conocer por el vecino país.
Aún hoy, las acusaciones de Maduro contra supuestos paramilitares se han centrado en casos muy puntuales, como el prófugo exconcejal de Cúcuta, Julio Vélez, de quien dijo estaba detrás del asesinato del diputado oficialista Robert Serra.
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