1461.- PROBLEMA CON LA TRANSURBANA

Gerardo Raynaud  (La Opinión)

A medida que la ciudad crecía y se extendía, las necesidades de trasporte para desplazarse a los sitios de trabajo y de paseo también crecieron. Durante  el siglo XIX, la gente se movilizaba utilizando bestias especialmente dedicadas a estas labores, pero en los años finales, buena parte de estos traslados se realizaba en el tren o el tranvía que había sido acondicionado para tal fin y que comunicaba la ciudad entre sus extremos, de sur a norte, de las estaciones sur, todavía hoy puede apreciarse su construcción en el barrio San Rafael y la estación Cúcuta, en el sitio de la actual Central de Transportes.

Para 1912, en agosto se reseña la llegada a la ciudad, del primer automóvil, traído por don Enrique Raffo; era un Ford y a partir de entonces, se establece la primera empresa de trasporte público, diferente al tranvía. Dos años después la empresa había crecido lo suficiente como para ofrecer un servicio colectivo, tanto en la zona urbana como hasta el sitio denominado Los Vados, sobre la ruta que conducía al municipio de Pamplona.

La empresa se llamaba “Empresa de Automóviles Ford”, pudiendo decirse que fue la primera empresa de taxis debidamente autorizada en Cúcuta. Para contratar sus servicios bastaba llamar al teléfono 93, pero la condición era que no se prestaba el servicio por menos de media hora, tiempo que se contaba desde el momento que el automóvil salía del garaje; las tarifas se cobraban de acuerdo con el número de pasajeros, 6 o 4, según la clase de vehículo que se utilizara y de los días, fueran feriados o no. Las tarifas oscilaban entre $6 y $4 la hora.

Con el tiempo y la necesidad fueron apareciendo más empresarios con la idea de ofrecer los servicios a los ciudadanos que requerían trasladarse a los diversos puntos de la ciudad, siendo necesarios equipos de trasportes con mayor capacidad, razón por la cual, el servicio de buses urbanos hizo su aparición a mediados del siglo XX. 

Por los años cuarenta, se sabe que se dio inicio al servicio de buses urbanos con la empresa Libertad, la cual duró poco tiempo, pues la asociación de varios personajes para brindarle a la sociedad cucuteña un servicio eficiente, encabezado por el señor Celemín Cárdenas, dio como resultado la creación de la empresa insignia del trasporte urbano en Cúcuta, Transurbanos Cúcuta Ltda., conocida durante muchos años como la “transurbana” por sus múltiples y constantes usuarios.

Esta empresa comenzó con unos pocos recorridos, pues al principio solo atendía dos recorridos, uno desde el centro hasta el barrio Loma de Bolívar y otro de la plaza de mercado hasta el puente San Rafael; con el tiempo fue ampliando sus rutas hasta copar todas las necesidades de sus potenciales clientes.

Con el advenimiento de la prosperidad para la ciudad, las autoridades municipales fueron ampliando igualmente sus fronteras fiscales y de esta manera sus impuestos iban al alza a la par de las nuevas actividades.

La “Transurbana” fue durante algunos años, monopolio en el trasporte urbano y como sucede por lo general en estos casos, el deterioro en la prestación del servicio fue haciéndose más notorio hasta que por razones de negocio le surge competencia. 

Don Víctor Solano, otro idealista cucuteño, tuvo la visión de impulsar una nueva empresa que le hiciera contrapeso a la ”Transurbana” y de allí resulta “La Libertador”, empresa que tuvo contra las cuerdas a su competencia, a pesar de la obstrucción y las influencias que se movieron para impedirle el paso y coprotagonista de la situación que vamos a exponer en esta crónica.

Desde el inicio de las operaciones de trasporte de pasajeros urbanos, el municipio les impuso sus respectivos impuestos, como a cualquier otra actividad que se desarrollara en su jurisdicción. La propuesta del fisco municipal inicialmente fue de $10 diarios  a cada vehículo de servicio local, sin embargo, luego de una larga concertación, se llegó a fijar un monto de $5 por vehículo, suma que fue aceptada por las partes. 

Al parecer, luego de varios años de servicio, la “Transurbana” vio disminuido sus ingresos, en buena parte por un servicio que los usuarios consideraban deficiente, como puede concluirse de las quejas publicadas, tales como que “eran trasladados de un lugar a otro de la ciudad entre estrujones, empujones, sacadas de madre y arañazos en la cara por los bejucos de los canastos de las sirvientas que hacen mercado, amén de brincar como un cacho en un empedrado o como las bolas de la lotería dentro de la canasta en la cual hacen el sorteo”.

Por otro lado, su competencia La Libertador, gozaba de un reconocido prestigio, pues decían los comentarios callejeros que “… sus choferes son decentes y muy considerados con el público, en el sentido de que no los cargan como bultos varios ni andan atropellando a niños y a ancianos, ni matándose a velocidades por las calles para coger un pasajero más”.

Pues bien, llegó un momento en que la empresa no aguantó más y dejó de pagarle al municipio los impuestos correspondientes a sus buses, generando confrontaciones entre integrantes del gremio de los trasportadores que se acusaban unos a otros de enriquecerse  a costa de los sufridos consumidores.

El hecho es que el municipio tomó la determinación, luego de seis meses de incumplimiento en el pago de los impuestos, de frenar a los buses impidiéndoles la circulación y manteniéndolos “presos” frente a las instalaciones del Permanente Central (en la esquina de la calle 13 con avenida octava).

El entonces alcalde Miguel García-Herreros tomó la iniciativa de llamar a concertación a los propietarios  con el fin de conjurar el problema, que en aquel entonces no tenía la trascendencia de hoy, pero que de todas formas alteraba el normal desenvolvimiento de las actividades diarias de la ciudad, en especial por la romería de las gentes que se agolpaban frente al Permanente para ver –y burlarse- de las largas filas de buses que se mantenían allí inmovilizados.

La disminución de los ingresos del municipio por concepto de estos impuestos estaba menoscabando la actividad de pavimentación de las calles, que era el destino de éstos.

Las reuniones entre alcalde y sus funcionarios, aunque cordiales no dieron el fruto inmediato, pues los morosos tuvieron que pagar sus impuestos, con algunas deducciones, y la alcaldía se comprometió a estudiar una fórmula tributaria que aligerara las cargas a los trasportadores y que sería presentada en la siguiente sesión del Concejo.

Recopilado por: Gastón Bermúdez V.