Gerardo Raynaud
No hay que creer que las quejas contra el impuesto predial en nuestra
ciudad son recientes. Las administraciones municipales, entiéndase alcalde y
concejales, siempre han tenido el ojo puesto sobre este tributo, el más
importante y a la vez, el más sencillo de recaudar.
Por razones como estas, se presentan con frecuencia, disgustos y protestas
entre los pobladores y aunque estas no prosperan, dejan un amargo sinsabor,
especialmente porque las inversiones que deberían hacerse con su colecta, no
aparecen traducidos en bienestar y prosperidad para la ciudad.
Pues bien, en 1956, la Cooperativa de Habitaciones Colsag Ltda. y las
Juntas Cívicas de las urbanizaciones Colsag y Pescadero, que representaban a
más de 350 familias se dirigieron al Concejo de Cúcuta con el fin de
solicitarle se ampliara el plazo de la rebaja del 50% sobre el predial que se
había establecido en 1953, hasta el 31 de diciembre del año 61.
Antes de comentar este evento, es bueno recordar que los dos barrios antes
mencionados fueron promovidos y construidos como parte de las obras que la
compañía petrolera que explotaba los yacimientos del Catatumbo, entregaría a
sus funcionarios y empleados como parte de sus prerrogativas.
Las Juntas Cívicas de los barrios en mención estaban encabezadas por los
párrocos respectivos, lo que nos lleva a pensar que las cooperativas habrían
solicitado de los sacerdotes su apoyo, toda vez de la gran autoridad que en
esas épocas ejercían sobre la administración pública en todos los niveles.
Desde el año 31, se había aprobado la Ley 134, en la cual se autorizaba a
las Asambleas y Concejos para que fomentaran la creación de sociedades
cooperativas, a las cuales se les decretarían subvenciones, exenciones, rebajas
de impuestos y toda clase de dispensas que fomentaran la realización de
proyectos en beneficio de la clase trabajadora.
Efectivamente, el Decreto-Ley 1310 de 1953, había establecido una
exoneración de todos los gravámenes nacionales, departamentales y municipales,
incluyendo los de valorización, para las viviendas urbanas que ocuparan un área
no mayor de 150 metros cuadrados y cuyo valor de construcción, sin incluir el
terreno, no excedieran la suma de $25.000.
Sin embargo, como suele suceder frecuentemente en este país, algunos
funcionarios públicos, entre los que estaban los Tesoreros Municipales y los
Jefes de Rentas Departamentales, no se sabe si errónea o caprichosamente,
optaron por considerar que dentro de esos 150 metros cuadrados de construcción,
se incluían las áreas de los antejardines y los patios, como áreas construidas,
haciendo caso omiso “de las condiciones climatéricas de nuestra ciudad”
quedando, de esa manera, excluidas de esas exenciones, todas las casas
urbanizadas en los barrios que la Colpet había construido.
La alcaldía, habida consideración de lo anterior y para contribuir con el
bienestar de los propietarios trabajadores de la petrolera, expidió el decreto
municipal 253 de 1953, en el que se contemplaba una rebaja del 50% del impuesto
predial para las casas del Colsag y Pescadero, siempre y cuando las viviendas
no excedieran los 250 metros cuadrados construidos y su avalúo fuese inferior a
los $20.000.
Esta norma no satisfizo completamente a los directivos de la Cooperativa y
de las Juntas Cívicas, pues consideraban que el descuento no era suficiente en
comparación con lo que pagaban los demás propietarios, con el argumento
adicional que el municipio no había realizado ninguna inversión en esos
sectores ya que fue la Colpet la que pagó por las obras de acueducto,
alcantarillado, red eléctrica y telefónica, así como los pavimentos de las
calles fuera del 33% de los terrenos cedidos para la construcción de parques y
zonas verdes.
En el pliego remitido agregan que “la Cooperativa de Habitaciones Colsag,
al adelantar la construcción de dos modernos barrios que redundan en beneficio
del progreso urbanístico de la ciudad, tiende a elevar el nivel de vida de los
trabajadores de las clases menos favorecidas, por la fortuna que a trueque de
privaciones y sacrificios, logran hoy su techo propio.”
Así pues y con base en las consideraciones anteriormente consignadas, los
solicitantes aspiraban a lograr la extensión del decreto municipal de exención
del 50% hasta finales del año1961, tanto para las casas ya construidas sino
para las que serán construidas en el futuro, en ambos barrios.
Finalmente agregaban “Que dada nuestra sensibilidad social y elevado
espíritu patriótico y razonado criterio, huelga ampliarnos en mayores
consideraciones. Empero, si ello fuere necesario, pedimos cabildo
abierto, a fin de que un representante nuestro lleve nuestra vocería y en
exposición de fondo sobre la materia, deje más clara nuestras ponencias,
con las cuales solo buscamos una fórmula ecuánime y más ajustada al imperativo
del alto costo de la vida actual que castiga despiadadamente la clase media,
pobre y trabajadora, creadora de nuestra soberanía nacional.”
La nota fue firmada el 6 de diciembre de 1954, por el presidente de la
Cooperativa Luis F. Arenas y todos los directivos y por los presidentes y
directivos de las Juntas Cívicas, presbítero Edmundo Guerrero por la del Colsag
y presbítero Ángel Ramón Clavijo por la junta de Pescadero.
Recopilado por: Gastón Bermúdez V.
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