Luis Arturo Melo
Ceremonia de posesión del Primer Tribunal Superior de Cúcuta el primero de
mayo de 1963 en la Biblioteca Emilio Ferrero, sede del Tribunal ante el
gobernador Eduardo Cote Lamus. El órgano judicial había sido creado por la Ley
79 de diciembre de 1962 con 8 magistrados y como presidente fue escogido Oscar Vergel
Pacheco. De izquierda a derecha, Jorge Soto Olarte, Carlos Ramírez París “Trompoloco”, Mario Vázquez Rodríguez, Mario
Seade, Luis Alejandro Bustos, José María Barco Rico, Amílcar González, Alfonso
Ramírez Navarro, Víctor Ortega Rueda, Juan Pineda Ropero, Manuel Blanco Suárez,
Hernando Camargo Belén, Yolanda Corinaldi de Vásquez y Rosa Emma Arenas de
Méndez.
Aquí, una vez consolidado el concepto Estado Nación- (Teoría piramidal, sociedad, nación-Estado) a partir de la adopción del Código Civil en mayo de 1873; como que definitivamente archivamos la vieja juridicidad que aún manteníamos de la metrópoli española derivadas de: las ordenanzas de Bilbao, de los rezagos de las siete partidas y de la recopilación de castilla, que prohibidas por la constitución de 1821, pasaron más allá de la confederación granadina y los Estados Unidos de Colombia.
Resulta inverosímil, pero desde ese parto de 1.873 al paso de la constitución de 1.886 y luego a la creación del Departamento de Cúcuta con la ley 1ª de 1908, solo transcurren 28 años.
En otros términos, los modernos conceptos de jurisdicción y competencia nacidos con un criterio técnico y moderno a raíz de la creación de los Distritos Judiciales y los Tribunales Superiores solo se dan con la Ley 23 de Septiembre de 1912. Como se ve: un lapso de tiempo como el reseñado para sembrar una cultura de Justicia, es un proceso muy importante pero históricamente es un lapso breve.
El retrovisor nos alecciona en el sentido que el implante de la juridicidad de las Ordenanzas de Bilbao se tomó tres siglos y el nuestro solo llega al siglo. Así que nuestra región desde 1912 entró a la modernidad de la justicia, con el Honorable Tribunal de Pamplona estamos ad portas de celebrar su centenario. Lo anterior nos lleva a realizar algunas reflexiones como la defensa de nuestro histórico tribunal de Pamplona, tan perseguido por la simplicidad de las unas cifras. Y a los nortesantandereanos nos debe convocar unas motivaciones mucho más sensibles.
Pamplona significa la historia de nuestra justicia regional por casi un siglo, que en la compilación de sus fallos, retrata el talante de la honorabilidad de los magistrados y los jueces que han equilibrado una paz permanente, que dio confianza a miles de personas que definieron su talante comunal por la bondad ciudadana. Contrario a los obsesos por las estadísticas y los resultados, los tribunales y los Juzgados hay que mantenerlos, simplemente porque su presencia infunde temor ante una potencia violación de la ley. La justicia ha tenido a través de la historia un significado humanístico más no barómetro de criminalidad.
En esta foto podemos
recordar a miembros del Poder Judicial de algún momento de esa época. En ella,
encontramos de izquierda a derecha a los doctores Hernando Camargo Belén,
Carlos Arturo Díaz, Pedro Tarazona Arocha, Mario Vásquez Rodríguez, Jesús María
Carrillo Ballesteros y Alfonso Ramírez Navarro. Nótese además el modelo de
grabadora usada para tomar el acta de la sesión solemne a la que probablemente
corresponde esta foto de los eminentes juristas.
La absurdidad de los tecnócratas, es la de concluir que hay que suprimir Juzgados y tribunales, para que haya expedientes, para que haya criminalidad y conflictos que justifiquen el gasto público. El Honorable Tribunal de Pamplona, con todas la variaciones históricas que ha tenido en sus salas, sirvió para que en 1963, luego de aprobada la ley 79 de 1962, trazara de manera bizarra la cultura de honorabilidad, de equidad y fortaleza con la cual nació el Honorable Tribunal Superior de Cúcuta. Por él han desfilado mujeres y hombres sabios y sensatos en la administración de justicia, que en últimas, es la que nos iguala a los colombianos libres. Hombres y mujeres que en el ejercicio recto de sus funciones han entregado varias vidas.
¿Dificultades? Claro que sí. Nuestros tribunales regionales las padecen. Privaciones tecnológicas, presupuestales, de seguridad, de insolaridad de muchas instituciones públicas y privadas, indiferencias gremiales. Pero en el concierto nacional es llamativa la coherencia de nuestros Tribunales y Jueces, no solo de sus comportamientos jurídicos, sino en la confiabilidad derivada de una armonía funcional e interdisciplinaria de sus jurisdicciones y competencias y el cuidado personal de jueces y magistrados porque su privacidad sea ejemplar.
Recopilado por : Gastón Bermúdez V.
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