René Mora
Tras más de cinco décadas de estar
operando, la Zona Franca de Cúcuta no ha logrado cumplir su objetivo
principal y la ciudad se expone a perderla.
La razón tiene que ver con el hecho de que el Gobierno Nacional la declaró como un bien improductivo y decidió entregarla a la Central de Inversiones S.A. (Cisa) para venderla al mejor postor, así este no quiera mantener el régimen franco y prefiera urbanizar las 20 hectáreas del terreno, que durante la mayor parte del tiempo ha concentrado actividades de tipo comerciales y no industriales.
Las Zonas Francas fueron creadas en 1958 como una política comercial del Estado para incentivar la inversión extranjera, nacional y local con el montaje de parques industriales de bienes y servicios o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia de tributaria, aduanera y de comercio exterior. Con este régimen las regiones se beneficiarían con la creación de empleo, la captación de capital extranjero y la generación de economías de escala.
En Cúcuta, la Zona Franca se inauguró a principios de los 70 y durante dos años fue administrada por el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y luego por el Ministerio de Comercio Exterior. A diferencias de otras zonas francas creadas por la misma época (Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Palmaseca), el desarrollo de esta fue muy lento, debido a que los requisitos para ser usuario industrial eran muy complejos y el estudio de las propuestas tardaban seis meses. La mayoría de ellas fueron negadas.
Las empresas que pasaron el filtro y obtuvieron la calificación de usuarios industriales pertenecieron al sector maderero (fábrica de aglomerados), calzado, confecciones y automotor. Cuando arrancó la Zona Franca, en el 70, existían más de 50 usuarios, entre comerciales e industriales. Hoy esa cifra llega a diez y solo siete están operando. El mayor uso que se le ha dado a los terrenos es para almacenar mercancía y no para producir bienes o servicios, que es el objetivo principal.
NACE UNA SOCIEDAD
Entre 1972 y 1995, la Zona Franca estuvo bajo la tutela del Gobierno, quien a partir de 1991 inicia un proceso para entregar su operación al sector privado con el fin de promoverla y desarrollarla por medio de una concesión, en la que el arrendatario asumía las inversiones en infraestructura por medio de un plan maestro, ya que en esa época se efectuaba la liquidación de dicha zona. Por medio del Decreto 2480 de 1993, el Estado estableció el régimen especial y con la Resolución 1059 de 1994, declaró por un término de 30 años el área geográfica de la Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Cúcuta, por lo que abrió una convocatoria para conseguir un usuario operador.
A dicha convocatoria llegaron tres empresas: Promotora y Desarrolladora de la Zona Franca de Cúcuta, Corporación Internacional de Negocios Ltda. y Empresarios Asociados S.A. (Emasa). Cada una presentó al Ministerio de Comercio Exterior su plan de inversión, quien luego de evaluarlas, propuso a los tres interesados crear un consorcio para salvar el régimen en ese entonces y no declarar desierta la convocatoria. Es así como nace la sociedad Zona Franca de Cúcuta S.A. y se gana el derecho de usuario operador, a partir de 1995, con una inversión de $3.700 millones, a ejecutarse en los próximos tres años.
El plan de inversión propuesto por la sociedad tenía como objeto el cerramiento del terreno, la demolición de edificio de administración y la construcción de uno nuevo, 4.800 metros cuadrados de bodegas, servicios especiales (bancos, salas de exhibición, áreas deportivas y de recreación, acometidas para redes de gas y agua. Cuatro años después, el plan solo se había cumplido en un 14 por ciento y el usuario operador acumulaba una deuda con el Ministerio de $258 millones, relacionada con el pago de los cánones de arrendamientos.
Estos incumplimientos obligaron al Gobierno en marzo de 2011 a dar por terminado el contrato suscrito con la sociedad Zona Franca de Cúcuta S.A. y a designar como usuario operador transitorio a la empresa Zona Franca de Bogotá S.A., primero por tres meses y luego cada seis meses hasta la fecha.
Mientras la zona franca fue
manejada por el Estado, esta marchó bien, pero cuando la tomó el sector privado
esta cayó y nunca pudo recuperarse. No había fondos suficientes para mantenerla.
Muestra de ello son los resultados financieros que arrojó el ejercicio de la operación o administración de la Zona Franca. En 1999, los ingresos totales ascendieron a $680 millones y los egresos, a $716 millones. Esta pérdida fue permanente y nunca se pudo recuperar (…) esta es una de las razones por las que no se pudo cumplir con el plan de inversiones. La disminución de usuarios también fue uno de los factores que contribuyó a que los ingresos de la Zona Franca se debilitaran y, por ende, se pusiera en riesgo el régimen franco en Cúcuta, ante los pocos réditos que le genera al Gobierno.
LLEGA MONO BLOCK
Uno de los momento más memorables de la Zona Franca de Cúcuta y que parecía ser el motor del desarrollo económico para la región y una invitación para que las empresas internacionales se establecieran en ese lugar, fue la instalación de la ensambladora de chasís para buses urbanos, Mono Block, filial de Mercedes Benz, que tenía como meta inicial ensamblar 300 buses con carrocería venezolana. La idea surgió en 1986, pero solo se cristalizó en 1993. La fábrica, instalada en un terreno de siete hectáreas de la zona franca, generó más de 200 empleos directos y unos 500 indirectos, que eran cubiertos en un 80 por ciento por mano de obra de la región.
Sin embargo, los altos costos de operación, comparados con otras Zonas Francas, caso Cartagena, y así como los costos que representaba el transporte desde el puerto hasta Cúcuta, llevaron a Mono Block a irse de la ciudad y a instalarse en Cartagena con el beneficio de dos régimen: franco y ensamble. Además, porque el mercado potencial era Venezuela y desde que el presidente Hugo Chávez Frías asumió el poder, el comercio exterior con el país vecino se ha complicado. Otras industrias que se instalaron es esa época tenían que ver con yines, suelas para calzado y varillas.
MANTENER EL RÉGIMEN
Ante la inminente venta de los terrenos de la Zona Franca de Cúcuta a particulares, por parte de la Central de Inversiones S.A. (Cisa), los usuarios hicieron un llamado a los empresarios de la región para que conformen un grupo visible y salven el régimen franco, por medio de la compra de los predios, estimados entre $50.000 y $60.000 millones. Se debe conservar el régimen por la expectativa que hay por los tratados de libre comercio, propicios para canalizar el capital extranjero para promover y desarrollar el régimen franco.
A la fecha hay tres usuarios operadores interesados: Zona Franca de Bogotá, Zona Franca Brisas y Zona Franca Tebaida. La Zona Franca de Bogotá es la más calificada para quedarse con el manejo de la Zona Franca de Cúcuta, pero se necesita ampliar el tiempo de arrendamiento máximo a 10 años y no como lo viene haciendo el Gobierno, renovando el contrato cada seis meses, lo que impide un plan de inversiones para su desarrollo. Patiño Ortiz pidió al Estado y a Cisa ampliar el plazo dado para buscar un operador permanente, que se cumple en septiembre, porque se requiere de tiempo para preparar un plan maestro de desarrollo viable y susceptible de ser ejecutado al cien por ciento.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Cúcuta hizo una convocatoria a los empresarios y congresistas de la región para que conformen un bloque conjunto y hagan gestión ante el Gobierno para que sea más flexible, cambie las condiciones, para que el régimen franco de la ciudad se pueda mantener. Si el terreno se vende a un particular y este le da otro uso, el régimen franco se acaba.
Recopilado por: Gastón Bermúdez V.
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