Gerardo Raynaud
Establecida
la seccional de FENALCO en la ciudad en agosto del 47, conformada por los
principales comerciantes de la época y valga decir, que por entonces, era una
reconocida y reputada profesión, que proporcionaba la mayoría de los ingresos a
las menguadas arcas de un municipio lleno de necesidades que en buena parte
eran solventadas por los más acomodados, dado los bajos índices de recaudo que
se tenía para esos tiempos de antaño.
Antes de
finalizar la primera mitad del siglo pasado Cúcuta se había constituido en una
de las ciudades con el mayor potencial de crecimiento, en buena parte por la
gradual proyección de la economía vecina, quien venía superando lentamente sus
inconvenientes sociales, producto de los continuos absolutismos
gubernamentales, de los cuales venía padeciendo, prácticamente desde comienzos
de siglo.
Los
comerciantes, diríamos que envalentonados por el poderío económico que venían
acumulando en los últimos años, decidieron agremiarse para fortalecerse y poder
lograr mayor atención, especialmente de las altas esferas del poder y por ello,
lograron que la Federación de Comerciantes, que había sido creada, menos dos
años antes, les diera el aval para constituirse y desde ese mismo momento
lograron mantener un constante protagonismo que inclusive aún subsiste, aunque
con menos intensidad en la actualidad.
Por estas y
algunas otras razones que no son necesarias de mención, al asistir al primer
congreso de comerciantes posterior a la conformación de la seccional, que
cronológicamente era el cuarto en la sucesión de esos eventos, la delegación
hizo gala de la importancia que el comercio organizado de la ciudad tenía a
nivel nacional, presentando una ponencia que fue recibida con la mayor
atención, tanto por sus colegas como por el Gobierno Nacional, quienes tomaron
atenta nota de su contenido.
En esta
ponencia, que no es otra cosa que un memorial petitorio, se analizaba con detenimiento los principales
escenarios y se proponían acciones que tendieran a mejorar o a disminuir los
efectos negativos que ciertas decisiones, tomadas por el poder central, tenían
sobre el devenir de la inestable vida fronteriza.
Así pues,
pasemos a resumir los ocho puntos de dicha ponencia.
En primer
lugar es conveniente advertir que no se observa en la redacción, una
priorización ni un orden de importancia en la presentación de los distintos
temas, sino que se van exponiendo de manera fluida, sin darle preponderancia
especial y otorgándoles por igual, alcance y trascendencia.
La ponencia
inicia con la petición formal al gobierno de “acometer de manera inmediata” la construcción del edificio para el
funcionamiento de la Aduana de Cúcuta, por “considerarlo
una necesidad apremiante de este puerto terrestre, el primero de la república y
que el gobierno está en mora injustificada de acometer y obra que, hasta por
orgullo patrio, hace tiempo que ha debido ser ejecutada.”
Como
principal argumento, además de los anteriores, exponen que el gobierno
venezolano “ha comenzado los trabajos de
construcción de un moderno edificio para la aduana en la vecina población de
San Antonio del Táchira, que en ningún caso puede compararse en importancia y
movimiento comercial con la capital de nuestro departamento.”
Continúa la
ponencia con otra solicitud al gobierno sobre la nacionalización de la Empresa
del Ferrocarril de Cúcuta, la cual ya había sido convenida entre los dos
actores y establecida la negociación por la suma de 650 mil pesos; faltando solamente
la autorización del Consejo de Ministros para finiquitar la trasferencia.
Seguidamente,
la delegación expuso la necesidad de facilitar un acceso de bajo costo a la
población de Ureña, tal como había sido propuesto en la II Conferencia
Internacional de Cámaras de Comercio de la zona fronteriza, mediante la
construcción de un puente sobre el rio Táchira.
Lo más
pintoresco fue la argumentación de esta petición, toda vez que hoy pensaríamos
en razones de tipo económico, pues no; el paso solicitado entre el caserío de
El Escobal y la población de Ureña se fundamentaba en dos aspectos
completamente diferentes:
Primero,
estrechar los vínculos espirituales existentes entre los dos países y segundo,
aprovechar las ventajas curativas que ofrecía el balneario de Aguas Calientes,
famoso por sus fuentes de aguas medicinales.
Seguidamente,
solicitan que las licencias de importación les sean devueltas a los
comerciantes, luego de comprobar su conformidad, tal como sucede en las aduanas
de los puertos marítimos, de manera que los procedimientos sean unificados en
todas las oficinas de aduana del país.
En la
siguiente petición, solicitan una modificación del Estatuto Fronterizo vigente,
también como resultado de las conversaciones de la II Conferencia antes mencionada,
de manera que los nacionales de ambas naciones puedan transitar y permanecer
hasta por dos meses, en la región limítrofe, con la simple presentación de su
documento de identificación.
En esta
petición, incluyen la redacción misma de los artículos con sus parágrafos que
deben ser incorporados en el Estatuto en mención.
El problema
de la importación de sal de Venezuela, que tiene más de 3 años sin solución,
pues desde la expedición del decreto 499 de febrero de 1945, no se ha podido
realizar una sola importación ya que las formalidades de la norma, que estipula un cupo de 20 mil sacos de
sesenta kilos, son imposibles de cumplir, tanto operativa como financieramente.
Debido a la
tramitología, los documentos que deben allegarse para el cumplimiento de lo
estipulado, así como los plazos de despacho, travesía, trasbordo y formalidades
aduaneras excedentes los plazos fijados en el decreto, lo cual somete al
importador al riesgo de pérdida de su dinero y su mercancía.
La propuesta
concreta es la de modificar la cláusula respectiva de manera que se ajuste a
las condiciones del Convenio Comercial Colombo-Venezolano vigente.
Las dos
últimas peticiones, son de orden económico y tienen que ver con los aranceles
que por esos días se cobraban y que según los comerciantes, habían sufrido unas
alzas inmoderadas, además de haber estipulado un depósito del 20%, no
reembolsable, para el trámite de las licencias de importación.
Esta última
decisión tuvo un rechazo unánime del IV Congreso Nacional de Fenalco, realizado
a comienzos de marzo del año del título.
La
delegación, estuvo integrada por el popular Pacho Faillace y acompañado por los
reconocidos empresarios de la época, don Nicolás Colmenares, Aristóbulo Vergel
y el director Fernando Gómez Rivera.
Recopilado por: Gastón Bermúdez V.
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