236.- LIOS CON LAS HERMANAS DE LA PRESENTACION

Gerardo Raynaud

Hermanas de La Presentación. Óleo sobre fique

Una de las características sociológicas de la población local de principios del siglo pasado era el amancebamiento, claro que hoy, la expresión ha entrado en franco desuso y no es de buen recibo, puesto que tanto por la evolución del idioma como de las costumbres, se ha optado por emplear más diplomáticamente, el concepto de unión libre o unión marital de hecho.

No puedo imaginarme la procedencia de esta rara costumbre entre una población de reputada tradición católica, pero era frecuente y hasta normal se consideraba, porque se desconocía el estado conyugal de muchas parejas, entre otras cosas, debido a las constantes migraciones que se producían en una zona de frontera que, aunque no era rígida en condiciones, la rotación de la población no permitía asentamientos realmente duraderos que permitieran su conocimiento y ascendencia. Era frecuente, como me consta, que los padres sólo reconocieran a sus hijos una vez hubieran superado algunas condiciones no escritas, establecidas por costumbres ancestrales, muy comunes entre personas de ciertas condiciones socio económicas, particularmente aquellas que hoy denominamos vulnerables, como por ejemplo, al obtener su diploma de bachiller, que era para muchos la culminación de su carrera, en buena parte debido a las dificultades que se tenían, tanto para conseguir cupo en una de las pocas universidades oficiales como para financiarle al novel estudiante su estadía en otra ciudad o país, condición que solo tenían acceso los más pudientes.

Pues bien, conocedores y conscientes que esta situación ocasionaba entre los jóvenes, algunos inconvenientes a la hora de realizar ciertos trámites burocráticos, ya que la connotación negativa que le imprimía a los mencionados su condición de “hijos naturales” (como si hubieran “hijos artificiales”), la Honorable Asamblea de Norte de Santander expidió la Ordenanza No. 7 de 1933, mediante la cual se ordenaba a todas las instituciones de educación –de cualquier nivel- recibir y matricular a los “hijos ilegítimos” que se presentaran a estudiar.

Decía textualmente el artículo primero: “Desde la vigencia de esta Ordenanza ningún establecimiento costeado por el tesoro departamental podrá negar matrícula a los hijos ilegítimos que reúnan las condiciones reglamentarias de buena conducta y capacidad para seguir estudios, de acuerdo con el respectivo pénsum.”

Instaladas las sesiones ordinarias del Concejo de Cúcuta el día 1 de noviembre de 1933, el primer debate que se suscitó fue por cuenta del concejal liberal Julio César Pernía quien había recibido informes del Director de Educación Teodoro Gutiérrez Calderón respecto de las quejas que habían sido interpuestas por algunos padres de familia en contra de la Hermanas de la Presentación, que regentaban el colegio de su mismo nombre, por cuanto habían rechazado la admisión de algunas niñas que, de acuerdo con la partida de bautizo, eran “hijas naturales” y que por tal razón, estaban en abierta violación de la ordenanza No. 7 anteriormente citada. La Dirección de Educación había oficiado a las religiosas que “conforme a esta disposición las Reverendas Hermanas se ceñirán al reglamento del plantel y sólo exigirán el certificado de buena conducta”.

Parece que las Hermanas se hicieron las de la vista gorda y no habían aceptado a un grupo de niñas que tenían la condición prevista en la Ordenanza, información que se hizo pública entre las autoridades educativas y que levantó polvareda entre algunos que posteriormente fueron tildados de tener “sentimientos antirreligiosos e impíos”, toda vez que desde el Concejo se solicitó que se les quitara el local donde funcionaba el colegio, ya que éste era de propiedad del municipio.

Las Hermanas replicaron con el argumento que el Concejo no tenía la autoridad para realizar lo que se proponían, pues no tenían la competencia ni podían ventilar ni sancionar la violación a una Ordenanza, ni mucho menos hacerle el “despojo de su establecimiento”.

La proposición presentada y aprobada por el Concejo en su sesión del día 30 de diciembre de 1933 fue la siguiente:

“El Concejo Municipal de San José de Cúcuta teniendo en cuenta que la RR.HH. de la Presentación no reciben en el Colegio que regentan a las hijas ilegítimas, de conformidad con los dispuesto en la Ordenanza No. 7 de 1933, autorizase al señor Personero Municipal para que exija y obtenga cuanto antes la desocupación de los locales donde funciona el Colegio de la Presentación”.

La situación empeoró el 21 de marzo de 1934, cuando el Director de Educación se dirige a la Directora del Colegio para decirle que “por cuanto no ha dado cumplimiento a la Ordenanza No. 7 de 1933, el gobierno del Departamento no ha hecho ni hará, en este año, ningún nombramiento para ese colegio ni autorizará el pago de ninguna cuenta de cobro o nómina que se presente por parte del profesorado que diga estar ejerciendo en ese plantel”.

Dos días después, la hermana Enriqueta de Carmen Superiora de la Presentación le responde al Director, que era costumbre establecida por el mismo gobierno que mientras no hubiera modificaciones en la nómina o cambios de personal docente y que no recibieron del gobierno ninguna comunicación al respecto, el Colegio había abierto los cursos oficiales de bachillerato y que estaban funcionando normalmente como el año pasado y que respecto al cargo de violar la Ordenanza No. 7 era totalmente falso, pues no habían rechazado ninguna alumna por ilegítima sino por no reunir la condiciones de capacidad para los estudios, conforme lo mandaba la misma ordenanza. Como la pelea no terminó con este cruce de cartas.

La controversia del Concejo Municipal de Cúcuta con las Hermanas de La Presentación se trasladó a la Asamblea Departamental, toda vez que había adquirido matices verdaderamente exagerados. En la sesión del 6 de marzo de 1934, la Asamblea abordó el tema y fue el diputado Alirio Gómez Picón quien encabezó el debate pronunciando un discurso que causó estupor, no solamente entre sus colegas sino entre la barras que se habían congregado para escuchar los argumentos, a favor y en contra de la Hermanas regentes del Colegio de la Presentación.

La exposición del diputado contiene elementos evidentemente absurdos e inaceptables, incluso algunos cronistas de la época los tildaron de estúpidos como por ejemplo, afirmaba que San Vicente de Paul y San Ignacio de Loyola habían sido unos pícaros, hasta que la interpelación de uno de sus colegas le hizo caer en cuenta de lo falso y peligroso que resultaban tales aseveraciones, entonces rectificó y sin pedir disculpas, expresó que modificaba lo dicho en el sentido de querer significar que habían sido “unos picaruelos”. Luego se “despachó” como se dice popularmente contra las costumbre católicas con perlas como las siguientes: “que daba lo mismo casarse que no casarse” y que “a las mujeres se les debía dar el mismo trato, tanto a las de mala vida como las que se decían virtuosas pues eran de la misma carne”. Y remató con las siguientes palabras, “no han de existir clases; el hijo del hampa ha de estar en pie de igualdad con el mejor de los ciudadanos”. Podrán imaginarse los lectores la irritación que produjeron estas palabras entre los asistentes y la opinión pública del momento, pues parecía increíble que de labios de un hombre tan destacado en el campo de la historia como de la política, como era el doctor Alirio Gómez Picón hubiesen salido conceptos tan absurdos y erróneos. Y esto fue solamente el preludio de su amenaza contra las Hermanas de la Presentación de no pagarles en adelante más auxilios.

En defensa de las religiosas, el diputado conservador Carlos Julio Torrado intentó aplacar los ánimos, que ya empezaban a caldearse, haciéndoles ver a sus colegas que las Hermanas no estaban en rebeldía y que las niñas que habían sido rechazadas eran las que no tenían las capacidades para continuar sus estudios secundarios y no por que fueran hijas ilegítimas.

Explicó también que el colegio tenía dos secciones, una de primaria y otra de bachillerato; que la primera era privada y que los cursos de bachillerato eran los oficiales. Que los rechazos se habían presentado en los cursos de primaria que no recibían recursos del Estado y que, por lo tanto, no estaban sometidos a las normas de la Ordenanza No.7 de 1933.

Otras intervenciones se produjeron por parte de los diputados del partido conservador, quienes respaldaron la gestión de las Hermanas, pero todo resultó inútil pues la mayoría, que estaba constituida por partidarios liberales aprobaron la proposición que retiraba todo apoyo gubernamental al colegio, es decir, que dejaba de ser oficial como venía siéndolo hasta ahora. Como puntada final en contra de la Congregación, la Asamblea aprobó una proposición de aplauso al director de Educación Teodoro Gutiérrez Calderón, por “su intervención enérgica sobre ese colegio y el informe que había enviado a la Asamblea conminando a las superioras de ese colegio”.

Aunque las directivas del colegio no habían recibido la comunicación formal del gobierno departamental que no harían más desembolsos a los profesores vinculados a la nómina, la directora pidió que se concretara de forma categórica la negativa y ante tal situación se procederá a cerrar los cursos oficiales para las alumnas que gozan de ese beneficio por parte del gobierno.

El 5 de abril, se le comunica a la Superiora del Colegio de la Presentación que solamente hasta el treinta de junio de 1934 el gobierno cubrirá los sueldos del profesorado oficial de ese establecimiento, pues la misma Asamblea había creado, mediante Ordenanza, el Colegio Cúcuta, para reemplazar los cursos oficiales del colegio al que le acababan de suspender el apoyo.

Así pues, termina el más grave incidente presentado en el campo de la educación en la ciudad, sin precedentes en la historia de la región y la ciudad y del cual fueron responsables un director de Educación, que viene a ser el Secretario del ramo de hoy, un Concejo y una Asamblea, que al decir de las gentes de ese tiempo, se confabularon para hacer patente su animadversión a la doctrina católica, legalizando dogmas religiosos y poniendo de manifiesto su odio ancestral contra las comunidades religiosas y tratando de revivir la filosofía liberal que se implementó en la Constitución Nacional de 1863.

Este conflicto generó fuertes enfrentamientos con el clero de la época y en especial con las comunidades religiosas que estaban al frente de las instituciones educativas y que tuvieron que plegarse a las normas que anteriormente restringían el acceso a la educación de los jóvenes por razones de costumbres religiosas arcaicas.

Recopilado por : Gastón Bermúdez V.